El responsable de Movilidad del Ayuntamiento de Sevilla, imputado en el ‘caso de la mafia del taxi’

El delegado de Movilidad y teniente de alcalde del Ayuntamiento de Sevilla, el socialista Juan Carlos Cabrera, ha sido citado como investigado por la juez que instruye la causa por presuntos ataques, coacciones y amenazas sufridos por conductores de vehículos de transporte concertado (VTC) y otros conductores de taxis por parte de una asociación de taxistas para mantener el monopolio de los trayectos al aeropuerto de la capital andaluza, en lo que la propia magistrada ha denominado “mafia del taxi del aeropuerto”.

Cabrera ha sido citado a declarar el próximo 18 de febrero. “Acudiré a la llamada de la Justicia, como no puede ser de otra manera, haré todas las declaraciones que hagan falta y ofreceré todas las explicaciones que se me pidan", ha asegurado el dirigente. En la providencia emitida por la juez no se indica en calidad de qué ha sido imputado. Desde el Ayuntamiento de Sevilla han confirmado que no van a hacer ninguna valoración hasta que no se conozcan los detalles. La citación se produce en plenas negociaciones entre el sector del taxi y las distintas administraciones locales y regional para evitar una crisis sobre las VTC como las de Barcelona y Madrid. La semana pasada, el consistorio de la capital andaluza, que quiere evitar movilizaciones en sus calles, asumió como suyas las demandas que varias asociaciones del gremio, entre ellas la investigada por la jueza, Solidaridad del Taxi, trasladaron a la Junta, en un intento por trasladar la presión al Gobierno andaluz. En esa reunión estaba también Cabrera.

En la macrocausa que instruye la juez se investiga las coacciones que los taxistas del aeropuerto habrían cometido durante varios años para garantizarse el monopolio de la parada del aeropuerto, impidiendo la actividad de otras asociaciones de taxistas y de VTC. La instructora ha acusado a Solidaridad del Taxi de “constituir una organización delictiva” a través de la que ha “fomentado y mantenido conductas y situaciones constitutivas de delitos de daños y coacciones esencialmente, así como sustentándolo en el establecimiento de una estructura interna jerarquizada con un régimen de imposiciones de sanciones, tanto económicas de privación de participar en ese servicio monopolizado temporalmente, con unas normas, catálogos de conductas, ni publicados ni aprobados en forma alguna”.

Dentro de la investigación se incluye la quema de vehículos de la plataforma Cabify durante la Feria de Abril de 2017 o el boicot el pasado mes de noviembre de un mitin de la candidata socialista Susana Díaz en la localidad sevillana de San Juan de Aznalfarache.