Ceuta y Melilla, vía cegada a los subsaharianos

El muecín está a punto de llamar a la oración de la tarde del 12 de noviembre. En el cementerio musulmán de Melilla, media docena de jóvenes comienza a excavar el agujero en que descansará el cuerpo amortajado de Dauda. Este maliense de 21 años, murió el 20 de octubre en un salto a la valla fronteriza que dejó otra víctima en el lado marroquí.

Enfrentar la muerte saltando los seis metros de valla coronados por cuchillas del perímetro melillense o embarcándose desde las playas de la vecina Nador son las únicas opciones que tienen los solicitantes de asilo subsaharianos para acceder a pedir protección internacional. La policía marroquí no les deja ni acercarse a la frontera, a diferencia de nacionales de países árabes, cuya piel no les delata. De los 2.391 expedientes abiertos en la oficina de asilo de la frontera melillense de Beni Enzar en lo que va de 2018, ni uno solo corresponde a nacionales de países africanos fuera del Magreb, muchos afectados por conflictos endémicos.

En Ceuta, las instalaciones que el ministro Fernando Grande-Marlaska esgrimía como “vía legal” para acceder a la ciudad, están desiertas. La oficina, que junto a la de Melilla cuesta 60.000 euros anuales, no tiene actividad. Desde que fue inaugurada en marzo de 2015, no ha recibido ni una sola solicitud de asilo.

“Los expedientes de asilo de subsaharianos suelen ser todos en territorio, porque es complicado que puedan llegar hasta el puesto fronterizo”, explica José Luis, inspector de la Brigada de Extranjería de la Policía Nacional en la oficina de asilo de Beni Enzar. “Argelinos, marroquíes, yemeníes, palestinos… sí suelen llegar”, aclara.

En Melilla y Ceuta, únicas fronteras terrestres de la Unión Europea con África, las personas que huyen de conflictos o persecución en sus países o en terceros Estados tienen dos procedimientos para solicitar protección internacional. El primero es en el mismo paso fronterizo, donde se encuentra la oficina. Allí los plazos son mucho más cortos. El segundo método es por territorio, tras haber entrado de forma irregular en España por cualquier medio: salto, patera, a nado o escondidos en coches…

“Lo importante es llegar aquí, no cómo”, explica Atal, palestino de 24 años. “Intentábamos cruzar todos los días”, replica su compatriota Mohamed, con quien comparte estancia en el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI). “La policía marroquí te pega y vuelves. No tenemos problema con la policía española”, añade Salam, el tercer compañero. Los tres pagaron 600 euros por persona para que les dejasen pasar hasta el lado español, donde solicitaron asilo nada más enfrentar la verja de entrada.

Los rasgos físicos que permiten a tunecinos, sirios o palestinos hacerse pasar por marroquíes solo garantizan la posibilidad de acceder al paso fronterizo. El cruce tiene un precio: desde los 100 euros que aseguran pasar desapercibido entre la masa, como hizo Quimo, tunecino, hasta los 800 euros que pueden pagar unos padres por dejar que su hijo cruce en brazos de una mujer con pasaporte de Nador (los vecinos de Nador y Tetuán no necesitan visado para cruzar a Melilla y Ceuta). El objetivo es sortear el control marroquí, no el español, pese a que no existe ninguna razón de derecho para que los agentes del país vecino impidan la salida de su territorio a ciudadanos de nacionalidades a las que no exigen visado para entrar.

“Que haya una frontera para blancos en Melilla y no funcione en Ceuta plantea claramente cómo España y Marruecos han diseñado una ruta para solicitantes de asilo”, denuncia José Palazón, activista de la Asociación Pro Derechos de la Infancia (Prodein) en Melilla.

“Han conseguido reorientar el flujo por mar”, explica Omar Naji, de la Asociación Marroquí de Derechos Humanos en Nador, “y se ha instalado un nuevo comercio porque Marruecos y España han cerrado la valla y la frontera”.

Según el activista, la imposibilidad para los subsaharianos de alcanzar la oficina de asilo en el puesto fronterizo ha hecho florecer el tráfico de pateras en la región, lo que ofrece a los traficantes unos ingresos de entre 2.000 y 5.000 euros por persona embarcada. “Desde agosto (a finales de noviembre) ha habido 9.000 (subsaharianos) detenidos en Nador”, asegura, “pero de todas estas detenciones no han detenido a grandes traficantes, solo a víctimas”. La asociación ha denunciado la existencia de centros ilegales de detención en la provincia donde han encerrado, entre otras personas, a los inmigrantes devueltos de Melilla.