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Jueces y fiscales reclaman la derogación del plazo máximo para investigar causas penales

El 6 de diciembre expira la prórroga para instruir casos complejos de la Ley de Enjuiciamiento Criminal

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante su intervención en la sesión de control en el Senado.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante su intervención en la sesión de control en el Senado.

Las cuatro asociaciones de jueces y las tres de fiscales han reclamado este viernes por carta al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que derogue, mediante un real decreto ley, el artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que limita a un plazo de seis meses la investigación de las causas penales y a 18 meses, prorrogables a otros 18, aquellas causas declaradas complejas. El próximo 6 de diciembre vence el plazo máximo de 36 meses para la instrucción de estas causas, que incluyen delitos de crimen organizado, terrorismo y casos con gran número de investigados o víctimas o que impliquen mucha documentación o actuaciones en el extranjero. El comunicado subraya la necesidad de derogar ese artículo "para evitar la impunidad que, sin duda, provocará el archivo de las causas indicadas".

La ley no especifica si las causas declaradas complejas solo se pueden prorrogar por un único plazo de 18 meses sumados a los 18 anteriores o si se pueden encadenar más ampliaciones para la instrucción. Esto ha dejado la puerta abierta a que las Audiencias Provinciales hayan acudido a lo que fuentes jurídicas denominan “interpretaciones creativas” de la norma y hayan acordado ampliaciones extraordinarias del plazo de instrucción.

El jueves, la Unión Progresista de Fiscales (UPF), asociación a la que pertenecía la ministra de Justicia, Dolores Delgado, antes de entrar en el Gobierno el pasado junio, pidió a los cuatro grandes partidos que insten al Gobierno a derogar mediante decreto ley, esto es, por un procedimiento de urgencia, el artículo 324 de la ley procesal penal. Existe la "urgente necesidad de evitar el riesgo de impunidad" que este precepto "implica", afirmaba la UPF en sus escritos a los partidos.

A finales de 2017, el grupo parlamentario de Podemos presentó en el Congreso una proposición de ley con un punto único: "Queda derogado el artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal". Esta iniciativa, sin embargo, ha quedado bloqueada en el Congreso después de que el PP haya solicitado hasta en 55 ocasiones la ampliación del plazo de enmiendas al texto. El 2 de septiembre, el presidente del PP, Pablo Casado, y el exministro de Justicia Rafael Catalá se reunieron con las asociaciones de jueces y fiscales y les prometieron su apoyo para la derogación del artículo 324. Sin embargo, desde entonces, se han presentado no menos de 15 ampliaciones del plazo de enmiendas al texto presentado hace casi por Podemos hace casi un año.

Las asociaciones aprovechan además su carta para reclamar una reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial que fije que son los jueces y los magistrados quienes eligen a la mayoría de los vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), los doce de extracción judicial. El PP propuso esta reforma tras romper el acuerdo político alcanzado con el Gobierno para renovar el actual CGPJ, pero el Ejecutivo ha defendido el sistema vigente, por el que todos los vocales son elegidos —directa o indirectamente— por el Parlamento.

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