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Dos años en la cárcel española entre Taiwán y China

La Audiencia Nacional prorroga la prisión provisional a casi 200 chinos a la espera de su extradición porque dicen ser taiwaneses y piden asilo

Registro en un chalé de Barcelona en el que participaron policías chinos. Ampliar foto
Registro en un chalé de Barcelona en el que participaron policías chinos.

Dos años han pasado ya desde el cierre de la operación Wall, un golpe policial contra una organización criminal que estafaba telefónicamente desde España a ciudadanos en China. Hubo 269 detenciones en Madrid, Barcelona, Alicante, Málaga y Zaragoza que pusieron a prueba la capacidad judicial de la Audiencia Nacional por el volumen del caso: tuvieron que movilizar todas sus secciones de lo penal para poder tramitar la extradición de los arrestados al gigante asiático.  214 de estos detenidos solicitaron asilo, como taiwaneses y no como chinos, una maniobra que está dilatando el proceso mucho más de lo que se preveía.

Este mes vence el plazo máximo que pueden estar presos sin sentencia condenatoria, por lo que Audiencia está revisando los casos para prorrogar la prisión preventiva: ya ha conseguido la medida para más de 150 de los detenidos y a la cincuentena que resta les espera un destino similar la semana próxima. 

Los 214 solicitantes de asilo, del total de 269 detenidos, mantienen que son originarios de Taiwán y que en China no se respetan los derechos humanos. Esta alegación ya se realizó para intentar impedir la extradición  (aprobada en febrero de 2017 por el Consejo de Ministros), pero la Audiencia la rechazó porque Taiwán integra la República Popular de China, no forma parte de la ONU desde 1978 y no mantiene relaciones diplomáticas con la UE, pues solo se tiene relación oficial con otros 23 países en el mundo. Según fuentes de la defensa, de los 269 imputados, solo 53 son originarios de la República Popular China. El resto nació en la República Nacional China, que es el nombre oficial de Taiwán. La Audiencia justifica la prórroga actual en sus autos por la "falta de arraigo" de los detenidos, que estaban en España con permisos de turista, al considerar que existe un gran riesgo de fuga. 

Pablo Lightowler, abogado de cuatro de los detenidos, lamenta que las prorrógas se estén concediendo "de manera casi automática". "Se escudan en que no tienen arraigo, pero para limitarle la libertad a una persona de esta manera hace falta mucho más, sobre todo por el tipo de delito que han cometido", asegura el letrado, que considera que los autos de prórroga de la prisión preventiva son un "totum revolutum" que no tienen demasiado en cuenta los argumentos de la defensa. Desde la Audiencia Nacional se niega este extremo y aseguran que los autos están realizados "de acuerdo con la práctica jurídica habitual". 

Una vez prorrogada la prisión preventiva, los detenidos pueden estar otros dos años más en la cárcel, hasta un total de cuatro. Desde el Ministerio de Interior, que se encarga de tramitar la solicitudes de asilo, se indica que los expedientes están siendo analizados. Las de los chinos o taiwaneses se suman a las más de 60.000 solicitudes de peticiones que la Oficina de Asilo y Refugio acumula sin resolver.

Una operación inédita

La operación Wall se planeó y desarrolló en septiembre de 2016 entre la Interpol, la policía china y las fuerzas de seguridad españolas. Se practicaron 269 detenciones en cinco ciudades distintas contra ciudadanos de origen chino que estafaban a personas de pocos ingresos en su país desde chalets de lujo en los existía una seria disciplina de trabajo. Los jefes de la trama se traían a operadores desde China y Taiwán con la promesa de conseguirles luego un permiso de trabajo. Estos "estafadores contratados" hacían creer a ciudadanos chinos que habían cometido un delito y cobraban a cambio de librarles del problema, algo relativamente común en China por la extensión de la corrupción de bajo nivel entre funcionarios y agentes de policía. 

Para poder hacer frente a semejante volumen de detenciones y en un dispositivo sin precedentes, la Audiencia Nacional movilizó a cuatro jueces de instrucción, seis fiscales, 95 abogados de oficio, seis letrados de la administración de justicia, casi una treintena de funcionarios, seis intérpretes y numeroso personal forense y policial para conseguir tomarles declaración en plazo y tramitar las extradiciones, que fueron aprobadas por el Consejo de Ministros y confirmadas por la propia Audiencia hace ahora un año. 

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