Malestar en Taiwán por la decisión de España de extraditar a China a sus ciudadanos detenidos por estafa

El Consejo de Ministros autorizó este viernes la extradición de los 269 detenidos durante la operación Wall a China. Más de 200 de los arrestados de esta red de timo telefónico, que operaba en España extorsionando a ciudadanos del gigante asiático, poseen pasaporte taiwanés. El resto provienen de la República Popular. Los deportados con documentación de Taiwán podrían enfrentarse a sentencias mucho más duras en el país presidido por Xi Jinping, incluso la cadena perpetua.

El Ministerio de Exteriores de la isla autogobernada ha lamentado profundamente el curso tomado por el Ejecutivo que dirige Mariano Rajoy, señalando que “la Administración española no tuvo en cuenta el 'principio de nacionalidad' y violó los deseos de las partes involucradas [...] ignorando los derechos de nuestro pueblo y la tradición de los derechos humanos en los países de la UE”. A pesar de la autorización del Gobierno español, los detenidos todavía tienen que pasar por el proceso judicial antes de ser enviados a China.

Con la decisión tomada por el Consejo de Ministros, España se convierte en el primer país de la Unión Europea que deporta ciudadanos con pasaporte taiwanés a China, sentando un peligroso precedente para la ínsula.

Las relaciones entre el gigante asiático y Taiwán pasan por momentos bajos, especialmente después de la llamada que mantuvieron el por entonces presidente electo Donald Trump y Tsai Ing-wen, la doctora al frente del gobierno que dirige la isla. Pekín ha puesto mucha presión sobre la región en los últimos meses, debido a la falta de sintonía con la administración en Taipéi. China reclama a Taiwán como parte intrínseca de su territorio.

El Ministerio de Exteriores en Taipéi convocó al representante de España en Taiwán en enero para transmitirle la posición de su Gobierno. Las presiones por parte del ejecutivo taiwanés parecen no haber tenido ninguna respuesta por parte de las autoridades españolas, las cuales se han mostrado mucho más cercanas a los postulados de Pekín.

En el comunicado publicado por la autoridad exterior de la ínsula apuntan que “tras el incidente, continuamos contactando con el Gobierno español y presentamos la solicitud de extradición a través del canal oficial, la cual insistía en que nuestros ciudadanos debían ser extraditados o deportados a Taiwán. Pero España y China habían firmado un tratado de extradición y de asistencia judicial mutua, por lo que España no nos respondió directamente”, mostrando la exigua comunicación entre Madrid y Taipéi.

Durante la operación Wall, la policía española contó con la ayuda de efectivos chinos. La cooperación entre las dos fuerzas dio lugar al arresto de la red criminal que llegó a hacerse con 16 millones de euros extorsionando a ciudadanos del gigante asiático, a través de llamadas telefónicas en las que chantajeaban a sus víctimas por dinero. 

China sigue aumentado su influencia a nivel internacional y España no es un caso aparte; además de la rapidez con la que se ha llevado a cabo la autorización para la repatriación de los detenidos en la operación Wall, el Ejecutivo español ya demostró su buena sintonía con Pekín en otras ocasiones, como cuando este reformó Ley Orgánica del Poder Judicial para disminuir las competencias de la justicia universal y así evitar que jueces españoles investigaran el genocidio en Tíbet.

Los principales medios de comunicación de la isla, como el China Times o UDN, se han hecho eco de la noticia, mostrando la impotencia del Gobierno de Tsai ante los continuos casos de extradición de criminales taiwaneses a China. Otros países como Camboya, Kenia o Indonesia ya entregaron a Pekín a varios nacionales de Taiwán por su implicación en redes de extorsión telefónica.