La estafa telefónica china, un test de estrés para la Audiencia Nacional

Las autoridades chinas han sometido esta semana a la Audiencia Nacional, a la Policía y a Instituciones Penitenciarias a un auténtico test de estrés. Cuatro jueces centrales de instrucción, seis fiscales, otros tantos letrados de la administración de justicia, una treintena de funcionarios, seis intérpretes y 95 abogados de oficio se han coordinado para tramitar la extradición de 279 ciudadanos chinos detenidos el lunes y supuestamente implicados en una macroestafa telefónica que operaba desde España y cuyas víctimas residen en el gigante asiático. En apenas cuatro días, desde el lunes hasta el jueves, la Audiencia Nacional ha gestionado más procedimientos internacionales de entrega que en todo 2015, cuando, según la memoria del tribunal, los seis jueces centrales tramitaron un total de 238 extradiciones.

De los 279 detenidos en la llamada Operación Wall (Muralla, en inglés), una treintena lo fueron en Alicante, y pasaron a disposición de jueces de aquella provincia también coordinados con la Audiencia Nacional. Los 239 restantes han ido llegando en tandas en autobuses durante toda la semana a la Audiencia. En total, 234 personas han ingresado en diferentes prisiones de la Comunidad de Madrid y la Comunidad Valenciana. El resto ha quedado en libertad. Tres de ellos, supuestamente víctimas de trata de seres humanos, vivían encerrados a la fuerza en uno de los aproximadamente 20 chalés de Madrid desde los que operaba la trama- se han acogido al protocolo de protección. La red se extendía a las provincias de Barcelona, Alicante y Albacete.

La estafa afectó a miles de ciudadanos chinos de clase baja. Según la documentación aportada por China para reclamar la entrega, los supuestos delincuentes hacían pensar a sus víctimas que estaban siendo investigados por las autoridades de ese país. El engaño servía para sacarles sus exiguos ahorros. Un joven llegó a suicidarse tras haber entregado a la trama el dinero que tenía guardado para realizar sus estudios. El botín amasado por la red se cifra en 16 millones de euros.

Aunque la petición de entrega proviene de China, la gran mayoría de los detenidos, muchos de ellos muy jóvenes, han asegurado que son naturales de Taiwán, lo que previsiblemente dificultará su extradición. En los últimos años, las autoridades chinas han presionado a España en materia judicial, tanto con el caso de blanqueo atribuido al empresario Gao Ping como con la querella contra los exmandatarios del país asiático por el genocidio en Tíbet. La influencia de China, poseedora del 20% de la deuda española, llevó al Gobierno del PP en la X Legislatura a reformar la Ley Orgánica del Poder Judicial para reducir a la mínima expresión la justicia universal, es decir, la competencia de los jueces españoles para investigar y juzgar delitos cometidas fuera de su territorio.

El encargado de coordinar el dispositivo ha sido el juez José de la Mata, que ha contado con la colaboración de sus compañeros Santiago Pedraz, Carmen Lamela y Alejandro Abascal a la hora de tomar declaración a los detenidos. Según fuentes jurídicas, los implicados negaron ser conscientes de estar cometiendo una estafa telefónica desde España. Muchos de ellos señalaron que llegaron a este país creyendo que iban a trabajar como guías turísticas. Una vez en Europa, los detenidos fueron distribuidos por diferentes chalets, donde, según su testimonio, recibían un breve cursillo de teleoperador para realizar más eficazmente su trabajo.

Las jornadas de ultrafondo judicial fueron especialmente duras para los funcionarios de los juzgados centrales de instrucción 5 y 1. Algunos de ellos ha relatado que ante la imposibilidad de salir a comer se tuvo que conformar con el bocadillo que uno de los detenidos había dejado sin probar.

Además de por la procedencia taiwanesa declarada por la mayoría de detenidos, la causa se complica por las dificultades lingüísticas y las características del tratado de extradición entre España y China. Este convenio, más complejo que el habitual, no ha permitido aún preguntar a los detenidos si aceptaban su entrega al gigante asiático, donde impera la pena de muerte y los derechos humanos son un tabú.

Las autoridades chinas disponen de 40 días para entregar a España toda la documentación relativa a los reclamados. Serán las cuatro secciones de la Sala de lo Penal de la Audiencia las que se encargarán de decidir sobre la entrega de los detenidos. En caso de que los jueces rechacen la entrega, el procedimiento quedará en vía muerta. Si, por el contrario, la autorizan, la decisión última corresponderá al Gobierno.