La doble estrategia del PP ante la corrupción del PSOE
El candidato andaluz ha ido rebajando el tono de las acusaciones contra la Junta pero Casado las utiliza como uno de los ejes de su discurso electoral
“La corrupción ha triturado al PP. Ha machacado al partido y le ha hecho mucho daño electoralmente. Muchos ciudadanos se han alejado del partido”. Hace dos años y medio, el candidato andaluz del PP, Juan Manuel Moreno, concedió una entrevista y empleó una sinceridad insólita en un político. Esa reflexión, en pleno apogeo de escándalos como los casos Gürtel o Púnica, explica hoy en parte por qué el Partido Popular andaluz, según avanza la campaña, ha ido relegando la corrupción como lema para seducir a los votantes. Su idea fuerza es ahora el cambio tras 36 años de mandatos socialistas y las propuestas de Gobierno, sobre todo económicas.
Por el contrario, el líder del PP, Pablo Casado, ha dedicado el grueso de sus mensajes de campaña a Cataluña. Allá donde va invoca la moción de censura que desalojó al PP de La Moncloa para denunciar “la indignidad” de un Gobierno “rehén de los independentistas” y la mayoría de sus críticas a Susana Díaz son precisamente por no rebelarse contra Pedro Sánchez, que pacta con “quienes quieren romper España”. Casado también incide en todos sus discursos los casos de corrupción del PSOE andaluz. Habla de “régimen corrupto y clientelar” en la Junta y ayer mismo, en Almería, aseguró que Díaz había participado en el Gobierno con más casos de corrupción, en alusión al de José Antonio Griñán. "Los andaluces merecen una Junta honesta y eficaz y no aparecer en las noticias, una tras otra, donde haya socialistas que se gastaran el dinero en prostitución o drogas", afirmó.
El primer día de la precampaña, horas antes de que Díaz convocara las elecciones, el PP andaluz arrancó su carrera a las puertas de un prostíbulo para denunciar el gasto de 32.000 euros con tarjetas de una fundación pública de la Junta en clubs de alterne. Sin embargo, tras ese pistoletazo para intentar asociar PSOE y “bacanales”, Moreno ha relegado sus invectivas contra los socialistas y ahora la corrupción es un tema secundario que toca de manera esporádica. “El cambio es nuestra primera carta, no la corrupción. Hasta la encuesta del CIS pide cambio, ese es nuestro mantra”, subraya.
Ni siquiera en las elecciones de 2012, que ganó Javier Arenas con 50 escaños, la denuncia de la corrupción aupó al PP hasta la mayoría absoluta que otorga los 55 diputados. Ese año, a solo seis días de la cita con las urnas, Juan Trujillo, antiguo chófer del principal acusado de los ERE, el exdirector de Trabajo de la Junta Javier Guerrero, confesó a la juez Mercedes Alaya que cada mes gastaban 25.000 euros de fondos públicos en cocaína que ambos consumían. Pero no bastó para impulsar la campaña del PP, y Javier Arenas se quedó a las puertas de gobernar.
La corrupción en la Junta es un arma de doble filo para los populares, destaca Pablo Simón, profesor de Ciencias Políticas de la Universidad Carlos III y editor de Politikon: “Los estudios hablan sobre una corrupción con externalidades positivas que se castiga menos, como cuando un alcalde recalifica terrenos pero los votantes entienden que trae bienestar al pueblo, y una corrupción individualizada y que no redunda en la gente, que se castiga más. El tipo de corrupción del PSOE andaluz conecta más con este tipo de corrupción clientelar que se castiga menos”.
Los escándalos de los socialistas en la última década están ligados a esa primera categoría que beneficia a otros actores ajenos al PSOE. Como los 6.096 prejubilados en los ERE de grandes empresas que hoy día perciben sus pólizas, o los miles de beneficiados por los cursos de formación impartidos gracias a los fondos públicos y en los que se han descubierto diversas irregularidades pero también se transmitió conocimiento.
Solo el último gran caso de corrupción vinculado a los exdirectivos de la Fundación Andaluza de Fondo de Formación y Empleo (Faffe) con gastos irregulares en clubs de alterne, carece de cualquier efecto positivo sobre la población. Y ese es también el más presente en las intervenciones de Moreno durante esta campaña. “Queremos denunciar la corrupción socialista, pero con criterio. Juanma [Moreno] ha liderado el caso de los prostíbulos y los ERE ya estaba trillado. Esa denuncia lleva su sello y se ha explotado bien. El Don Angelo [principal club de alterne investigado por el instituto armado y hoy abandonado] es la mejor metáfora del PSOE, un edificio en ruinas donde se ha disfrutado mucho”, censuran fuentes del partido.
La corrupción interna del PP impide que sus ataques al PSOE sean admitidos sin más por los votantes, subraya Simón. “El problema es la credibilidad del actor. Para ellos la corrupción tiene un efecto bumerán y es difícil que Ciudadanos no les ponga un espejo”, considera el politólogo.
¿Da votos hoy día denunciar la corrupción? “No es una cuestión de votos, sino de responsabilidad. No puedo mirar para otro lado si ha habido un gasto en prostíbulos o en cursos de formación, con comilonas que pagamos los andaluces… Mi obligación es fiscalizar al Gobierno y presentar una alternativa. Mientras gobierne el Partido Socialista es imposible no hablar de corrupción”, sostiene Moreno. El candidato saca a colación en sus intervenciones la imputación del presidente de la Diputación de Huelva, Ignacio Caraballo, o el caso Alhambra que provocó la destitución de la exdirectora del monumento nazarí, Mar Villafranca.
Moreno alega que “tiene la obligación” de denunciar la corrupción “en la comunidad autonómica con más corrupción”, según el informe de competitividad de la Unión Europea en 2017. “Y el líder de la oposición no puede dejar pasar esto. Tenemos que denunciarla”, sostiene. Su número dos, la secretaria general del PP andaluz, Dolores López, elude el tema en campaña: "Yo no estoy hablando de corrupción, hablo de empleo, de impuestos y de sanidad. ¿Qué tema interesa más? La sanidad, sin duda, en Huelva por ejemplo se ha desmantelado. Esperando la ambulancia se murieron dos personas la semana pasada", incide.
En un ensayo sobre corrupción publicado en 2013, los politólogos Gonzalo Rivero, Pablo Barberá y Pablo Fernández analizaron el coste que conllevó a ciertos alcaldes en las urnas estar implicado en asuntos turbios entre 2007 y 2013. Y la conclusión es que los regidores que perjudicaron el gasto en servicios públicos sufrieron solo un descenso medio de votos del 4%, mientras que los que produjeron un enriquecimiento de sus localidades, salieron incólumes a ojos de sus vecinos en las siguientes elecciones porque estos valoraron los beneficios indirectos de sus prácticas ilícitas.
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