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Opinión
Texto en el que el autor aboga por ideas y saca conclusiones basadas en su interpretación de hechos y datos

Ni Suárez ni Martín Villa fueron culpables de las muertes de Vitoria

Rodolfo Martín Villa en una foto de 2012.
Rodolfo Martín Villa en una foto de 2012.EL PAÍS

El rechazo de la Audiencia Nacional a la petición de la juez argentina Servini de Cubría para interrogar al ex ministro Rodolfo Martín Villa pone luz sobre un asunto que mantiene a varios gobernantes de la Transición bajo la sombra de la sospecha. Martín Villa se encuentra imputado desde hace cuatro años por un supuesto delito de genocidio, en el que no intervino él ni Adolfo Suárez ni Alfonso Osorio -también acusados, y ambos fallecidos-, y sobre el que no se le ha tomado declaración pese a solicitarlo reiteradamente al Juzgado y en carta personal a la jueza en 2016.

En el proceso judicial argentino para la persecución de crímenes franquistas -las cinco muertes y decenas de heridos en el brutal desalojo policial de una iglesia en Vitoria el 3 de marzo de 1976 ocurrieron fallecido Franco- hay un trasfondo de cuestionamiento de la Transición y, como consecuencia, de políticos que ocuparon cargos en el franquismo y desde el Gobierno ayudaron a desmontarlo y, en diálogo con la oposición, a traer la democracia, como los tres citados y otros.

El auto judicial apunta alguna de las graves carencias de la instrucción de la “querella argentina” al indicar que se ha desestimado o no dado respuesta a los ofrecimientos de Martín Villa de prestar declaración en Buenos Aires o mediante videoconferencia. La Cámara Correccional y Federal Argentina advirtió además en dos autos de 2017, en los que revocó la orden internacional de detención del exministro, que no estaba fundamentada la tipificación de los hechos como delitos de lesa humanidad y que la imputación no había considerado el contexto histórico, es decir, las circunstancias de la situación política, económica y social de España a comienzos de 1976.

Además de los argumentos jurídicos de la Audiencia Nacional, coincidentes con los de la Fiscalía y los empleados en 2016 por un Juzgado de Madrid para rechazar una comisión rogatoria idéntica, el fondo del asunto es que se atribuyen responsabilidades que no coinciden con lo ocurrido y relatado por historiadores. Ni Suárez -en aquel momento ministro secretario general del Movimiento- ni Martín Villa -ministro de Relaciones Sindicales-, ni Osorio -ministro de la Presidencia-, tuvieron nada que ver con la trágica carga policial de Vitoria. Cuando llegó la noticia de las primeras muertes, a Suárez -ministro de Gobernación en funciones por ausencia de Fraga, de viaje en Alemania- le tocó el marrón de hacerse cargo de la situación. Martín Villa y Osorio le ayudaron a tomar medidas para poner fin a la violencia en Vitoria, descartar el estado de excepción -recurso autoritario frecuente en aquella época- e impedir una intervención militar, que estuvo a punto de producirse.

La dilatada imputación ha motivado en este tiempo que Podemos protestase porque el Congreso entregó a Martín Villa una medalla conmemorativa del 40 aniversario de las elecciones de 1977 -elecciones convocadas por el Gobierno del que él formaba parte-, está entre las causas aducidas por el Ayuntamiento de Barcelona para retirarle en 2017 la Medalla de Oro de la ciudad y entre las invocadas por el Ayuntamiento de Sabero (León) para retirarle el año pasado el título de Hijo Adoptivo, decisión que acaba de anular un tribunal de León por no ajustarse a derecho, tras lo cual él ha renunciado al título. Como decían en la Transición dirigentes comunistas que tanto ayudaron en difíciles momentos a traer la democracia hay que “tener cuidado de que al limpiar la palangana no tiremos el niño junto al tirar el agua sucia”.

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