Marlaska depura la cúpula policial con la destitución de otros tres mandos

El ministro del Interior Fernando Grande-Marlaska continúa con la depuración de mandos de la cúpula de la Policía Nacional que heredó de su antecesor, el popular Juan Ignacio Zoido. Marlaska destituyó a dos comisarios —el responsable de la lucha antiterrorista, Germán Rodríguez Castiñeira, y el jefe superior de Baleares, Antonio Jarabo de la Peña— y aceptó la renuncia de un tercero, Daniel Rodríguez, al frente de la institución en Navarra y al que una información de eldiario.es de este martes adjudicaba la autoría de varios mensajes en Twitter desde una cuenta privada en los que cargaba contra dirigentes políticos de izquierda y alababa a partidos de extrema derecha. Fuentes de Interior aseguran que el cese de Rodríguez también estaba previsto, pero los hechos conocidos este martes lo han precipitado.

La destitución de los tres altos mandos de la policía se inscribe dentro de la política iniciada por Marlaska al poco de llegar al ministerio de sustituir a aquellos mandos que, en opinión en los actuales responsables de Interior, no tienen méritos profesionales para ocupar cargos de responsabilidad o que fueron colocados allí por su supuesta cercanía al PP. Fuentes del departamento no dudan en hablar de “limpia” y destacan el supuesto “sectarismo” que primó en sus nombramientos tanto por parte de Jorge Fernández Díaz —primer responsable del departamento en los gobiernos de Rajoy— como de Zoido. En este sentido, recuerdan que cuando el primero tomó las riendas de Interior a comienzos de 2012 destituyó a 10 de los 13 integrantes de la Junta de Gobierno de la Policía del último Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero.

Otro de los argumentos que esgrime Interior para justificar los cambios es el dictamen de la Comisión de investigación del Congreso, que concluyó que durante la etapa de Fernández Díaz se hizo un uso partidista de la policía y existió una brigada patriótica que investigó de manera irregular a los rivales políticos del PP.

Sin embargo, los nuevos casos tienen sus propias peculiaridades. En el cese del comisario Rodríguez Castiñeira, adelantado por este periódico —y que durante la etapa del PP protagonizó un ascenso fulgurante desde la jefatura de la Brigada Provincial de Información en Madrid a jefe superior de Policía en esta comunidad y, más tarde, máximo responsable antiterrorista—, ha pesado la “falta de sintonía” que tenía con los actuales responsables del ministerio, según fuentes de Interior. En el del máximo representante policial en Baleares, Jarabo de la Peña, ha influido que durante las recientes inundaciones en Mallorca, que costaron la vida a 13 personas, no interrumpiera las vacaciones que disfrutaba para regresar a su puesto dada la extrema gravedad de la situación.

Con el comisario Rodríguez, la gota que ha colmado la paciencia de Interior han sido sus mensajes en Twitter revelados ayer por eldiario.es y en los que insultaba a políticos de izquierdas. No obstante, las fuentes consultadas insisten en que la decisión estaba tomada con antelación por la falta de resultados en Navarra y algunas actuaciones polémicas.

A la vez, Interior nombró a dos nuevos miembros de la Junta de Gobierno de la Policía. El comisario Eugenio Pereiro, hasta ahora comisario general de Extranjería, será el nuevo responsable de la lucha antiterrorista en sustitución de Rodríguez Castiñeira. El hueco que deja Pereiro será ocupado por el comisario Juan Enrique Taborda, quien anteriormente ya tuvo responsabilidades en la lucha contra la inmigración irregular.

Una “herida” en la Policía

Para los responsables de Interior, la supuesta limpieza que realizó Zoido cuando asumió la cartera fue cosmética, ya que los cambios que hizo en la estructura de la Policía Nacional —y que extendió a la Guardia Civil— no se vieron acompañados con el cese de los supuestos integrantes de dicho grupo. Recuerdan que el comisario Eugenio Pino, señalado como uno de sus responsables, se jubiló con condecoraciones pensionadas. También se retiró el comisario José Manuel Villarejo, actualmente encarcelado por su implicación en la trama policial de extorsión desmantelada en la Operación Tándem. Otros fueron destinados a puestos bien retribuidos en embajadas de España. “Quedaban personas de esa etapa”, añaden las fuentes consultadas, que recalcan que “su actuación provocó una herida en la Policía”.

El de ayer es el último paso —por el momento— en la depuración policial que ha dado Grande-Marlaska desde que asumió el cargo. A finales de junio, deshizo la reestructuración acometida de la cúpula de ambos cuerpos que hizo Zoido —creó cuatro jefaturas centrales en cada cuerpo— para volver a las Direcciones Adjuntas Operativas (DAO): un único mando policial como número dos en cada uno de los cuerpos inmediatamente por debajo de los puestos políticos de los directores generales de Policía y Guardia Civil. De esta manera, destituyó tres comisarios de la confianza de Zoido.

En julio, Interior cesó como director del Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO) al comisario José Luis Olivera, vinculado al comisario Villarejo, y nombró como responsable del Gabinete de Estudios y Coordinación de la Secretaría de Estado de Seguridad al también comisario José Antonio Rodríguez. Este último movimiento generó un enorme malestar en la Guardia Civil, uno de cuyos coroneles había ocupado dicho puesto en los últimos 12 años.

Un mes más tarde, Grande-Marlaska acordó la destitución en sus destinos en embajadas de España a tres mandos a los que se vinculó con la brigada patriótica al servicio de los intereses políticos del Gobierno. Uno de ellos, el inspector jefe José Ángel Fuentes Gago, hombre de confianza del antiguo número dos de la Policía, el comisario Pino, y que estaba en la legación de La Haya, fue cesado de manera fulminante.

El último movimiento se produjo el pasado 17 de octubre, cuando Interior destituyó al subdirector del Gabinete Técnico de la Policía, el comisario José Manuel Pérez, después de que invitara a la presentación de un libro sobre ética policial a Juan Cotino, exdirector general de la Policía e imputado por corrupción.