El cierre ‘amable’ de la Verja acabó en cerrojazo

El cierre de la Verja, el 9 de junio de 1969, dejó sin empleo a 5.057 trabajadores españoles en el Peñón, supuso un durísimo golpe para el Campo de Gibraltar y alimentó los sentimientos antiespañoles en la colonia, aislada durante al menos 13 años de su entorno, sin comunicaciones terrestres, marítimas ni telefónicas. No fue ese, sin embargo, un escenario buscado por el régimen franquista que, aunque las minimizara, era consciente de las gravísimas consecuencias de una medida de tal calado.

Más de un año antes del cierre de la Verja, en febrero de 1968, el Gobierno de Franco creó una Comisión Interministerial para estudiar las medidas a tomar si fracasaban las negociaciones sobre Gibraltar que había entablado con Reino Unido. Los documentos de esta comisión, desconocidos por historiadores y expertos, se guardan en el Archivo General Militar de Ávila. El informe que dicha comisión elevó al Consejo de Ministros planteaba dos opciones. La primera consistía en cerrar el puesto de policía de la Línea, salvo para los españoles que trabajaban en Gibraltar; y mantener el ferry a Algeciras, de forma que los habitantes de la colonia, los llanitos, pudieran usarlo para entrar en España con su pasaporte británico. La segunda suponía mantener abierta La Verja tanto para los trabajadores españoles como para los llanitos, de forma que solo se cerraría para los británicos y los turistas.

Los pases existentes hasta entonces se eliminarían, pero el gobernador militar del Campo de Gibraltar otorgaría a los habitantes de la colonia un documento de identidad que les permitiría circular por España. Así, según el informe, “se lograría que el Gobierno español ignorase los pasaportes británicos de los gibraltareños, que perderían interés por los mismos, pues no les servirían para pasar a La Línea”. La comisión interministerial se pronunció unánimamente por la segunda opción. Se trataba, argumentó, de que “las medidas que se adopten den la impresión de que van contra Inglaterra y no contra los gibraltareños”; salvo aquellos que “no pasen por las horcas caudinas de acudir a Algeciras a pedir la tarjeta de libre circulación”.

El problema de fondo era la situación económica del Campo de Gibraltar. El número de parados en la comarca se cifraba en 3.500, de los que “muchos no pueden acogerse al subsidio de desempleo, porque no han sido trabajadores en sentido estricto, sino gente que ha vivido del contrabando”, según un boletín económico de noviembre de 1968. El Ministerio de Trabajo estimaba inviable recolocar a los 5.057 españoles que trabajaban en el Peñón y cifró en más de 300 millones de pesetas (unos dos millones de euros) el coste de pagarles el subsidio de desempleo y las indemnizaciones. Eso sin contar con el aumento del malestar social y la “posible formación de Comisiones Obreras, con actuación independiente del Sindicato” vertical franquista.

¿Qué sucedió entre febrero de 1968 y junio de 1969 para que el Gobierno español adoptara una decisión tan contraria a la diseñada en sus planes?

El diplomático Juan Antonio Yáñez cree que el detonante fue la convocatoria por el Reino Unido, en mayo de 1969, de una conferencia constitucional en Londres, de la que salió una ley fundamental o constitución en cuyo preámbulo se decía que “el Gobierno de Su Majestad [británica] no concertará acuerdo alguno en cuya virtud el pueblo gibraltareño pase a depender de la soberanía de otro Estado contra su voluntad, libre y democráticamente expresada”.

Así respondía el Reino Unido a la última resolución de la ONU, que le instaba a culminar la descolonización de Gibraltar antes del 1 de octubre de 1969.“Sin duda fue ese hecho el que hizo que el Gobierno español reaccionara inmediatamente con la adopción de la versión más drástica de las que se habían propuesto el año anterior”, concluye Yáñez.

Rafael Estrella, vicepresidente del Real Instituto Elcano, coincide en que la aprobación de la llamada Constitución gibraltareña desencadenó tan drástica medida y subraya que los planes de 1968 nunca se aplicaron, quizá porque España estaba ganando la batalla en la ONU. Según Estrella, estos documentos son “una novedad para los historiadores, tanto españoles como británicos” y “de gran importancia para documentar aspectos desconocidos de la construcción de la política exterior española en un ámbito tan sensible como Gibraltar”.

Estos documentos están en el archivo de Ávila porque un representante del Ministerio del Ejército formaba parte de la Comisión Interministerial. También deben estar, lógicamente, en el archivo del Ministerio de Exteriores. pero allí los investigadores no los pueden consultar, por incomprensible que resulte.