El Supremo dejará a los presos volver a Cataluña en Navidad si acuden a la vista previa del juicio
El alto tribunal quiere iniciar en noviembre juicio con el estudio de las cuestiones fundamentales de la vista
La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo permitirá a los implicados en el procés que estén presentes, si así lo desean, en la vistilla sobre las cuestiones previas al juicio que previsiblemente empezará a celebrarse a finales del próximo noviembre y que concluirá a mediados de diciembre, según fuentes del alto tribunal. No es obligatorio que asistan, pero si lo piden la Sala oficiará a la Guardia Civil para que los traslade desde sus actuales presidios en Cataluña a cárceles madrileñas, donde estarán las dos semanas que se calcula dure la vistilla. Y, en ese caso, se les permitirá regresar a las cárceles de Cataluña, donde se hallan ahora, para que pasen la Navidad cerca de sus familias. Los tribunales, cuando se acerca un juicio, suelen ser reacios a alejar de su zona de acción a los reos.
Los tribunales, cuando se acerca un juicio, suelen ser reacios a alejar de su zona de acción a los reos
Pero ya con la mirada puesta en la celebración del juicio en sí que, si no surgen obstáculos procesales, se iniciará a finales de enero con el interrogatorio de los acusados. Esta es la previsión de la Sala que juzgará a los 24 acusados del procés, nueve de ellos presos; y cinco fugados que tendrán su propio juicio si regresan a España. Los llamados ahora al juicio son, entre otros, lo exresponsable de la ANC y Ómnium, Cultural, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart; el exvicepresidente catalán Oriol Junqueras, los exconsellers Raül Romeva, Josep Rull y Jordi Turull, Meritxell Borràs y Joaquim Forn y la expresidenta del Parlament, Carmen Forcadell).
Existe inquietud en la Sala de lo Penal por la actitud que puedan adoptar los acusados. Y es que, cuando sean trasladados a Madrid (bien para la vistilla porque así lo demanden ellos o bien para el juicio, en este último caso obligados), ya conocerán la petición de años de cárcel a la que se enfrentan. Para entonces, la fiscalía ya habrá emitido su escrito de acusación, que se prevé contenga fuertes peticiones de cárcel, dado que la intención del ministerio público es, como ha sostenido durante la instrucción, acusarles de un delito de rebelión (con penas de hasta 25 años de cárcel) y malversación de caudales públicos. Atenuado este último delito porque los acusados, a través de sus asociaciones afines, Òmnium y ANC, han devuelto al erario público el dinero supuestamente malversado en la celebración del referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017.
Inquietud en la Sala de lo Penal por la actitud que puedan adoptar los acusados cuando vuelvan a Madrid sabiendo las altas penas que previsiblemente les va a pedir la fiscalía
En el Supremo inquietan las manifestaciones del actual presidente Quim Torra, posteriormente matizadas, en el sentido de “abrir las cárceles” para los procesados si son condenados. Torra es el máximo responsable de las prisiones catalanas que acogen desde julio a los políticos presos. “Cometería un delito de sedición de libro, él y quienes colaborasen con él, aunque lo hiciera y huyera inmediatamente a Bruselas”, señalan fuentes de la Sala de lo Penal. El Tribunal no dificultará que asistan si lo desean como oyentes a la vistilla, en la que no pueden intervenir, y luego regresen a Cataluña para pasar allí la Navidad.
El Supremo se halla ahora inmerso en resolver las peticiones formuladas por las partes como paso previo a la conclusión del sumario (centenares de páginas acumulan los distintos recursos presentados por las partes pidiendo en su mayoría nuevas pruebas). La intención de la Sala Penal es, en aproximadamente una semana, resolver este asunto e inmediatamente después dar traslado a la fiscalía y resto de las partes para que formulen sus escritos de acusación.
En ese momento, dispondrán de un plazo de tres días para que expongan al tribunal las cuestiones previas al juicio. Es decir, si consideran que se han vulnerado derechos fundamentales o que hay que resolver alguna laguna o vicio procesal. Los acusados podrán estar presentes, pero no intervenir. Solo pueden hacerlo sus abogados. Se calcula que la vistilla acabará a mediados de diciembre, y la Sala utilizará la segunda quincena de diciembre para resolverla mediante un auto.
Los jueces del Supremo preveen hacer pública la sentencia antes de las elecciones del 29 de mayo próximo, pero todo dependerá de la evolución de un juicio con numerosos abogados y por el que desfilarán tendrá docenas de testigos.
Activismo ideológico de algunos letrados
Fuentes de la Sala de lo Penal aseguran que en este proceso, se están topando con un hecho que nunca antes habían conocido: “El activismo ideológico” de la mayoría de los abogados de los acusados, así como las maniobras dilatorias que están empleando para demorar el inicio de la vista. Retrasando con ello el horizonte de que sus clientes "sean juzgados, y, basándose en las pruebas que se expongan, ser condenados o absueltos”, señalan. La prisión dejará de ser provisional en cuanto el Supremo dicte su sentencia.
Y, si fueran condenados, dispondrían de una sentencia firme e irrecurrible que, al menos, les da la opción a ser indultados o acceder al tercer grado penitenciario, semilibertad, potestad en manos de la Generalitat de Cataluña ahora gobernada por Quim Torra. Solo la fiscalía podría oponerse al tercer grado.
“Estamos asistiendo a actuaciones de abogados que rehúyen el debate jurídico para adentrarse en la descalificación personal de los jueces de la Sala y de las instituciones”, sostienen fuentes jurídicas del alto tribunal. “En algunos casos, se aprecia un reiterado activismo de descalificación a través de las redes sociales”, añaden estos medios. Nunca antes en el Supremo se había conocido una actitud así en representantes legales de acusados. Fuentes jurídicas recuerdan el caso del abogado Íñigo Iruín, quien, pese a defender a etarras que se enfrentaban a decenas de años de cárcel, “siempre mantuvo una actitud estrictamente jurídica ante la Sala y nunca apeló a la descalificación de sus miembros, lo que le granjeó el respeto de todos los magistrados”. Actitud que contrasta, por ejemplo, “con el activismo de algunos abogados del procés en las redes y su descalificación de jueces e instituciones".
Gonzalo Boye, uno de los letrados del procés, defiende al expresidente Carles Puigdemont, es uno de los abogados que ha utilizado las redes sociales con más vehemencia. Boye afirma que lo único que hace “es ejercer su derecho a la libertad de expresión” en las redes. Y niega que haya un concierto entre los letrados tendente a dilatar la llegada del juicio. Destaca que colegas suyos le han manifestado que parte de los recursos interpuestos son para pedir a la Sala que les procure todo el sumario, ya que a algunos les faltaban “tomos enteros de las diligencias".
Fuentes del Supremo explican que todo el sumario se halla volcado en la nube digital y que basta acceder a ella con los códigos asignados a cada abogado. Y se quejan de que la cascada de recursos interpuestos por este y otros motivos ha provocado de momento que el inicio de la vistilla no se haya podido iniciar a finales de este mes, como estaba previsto.
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