Ana Julia será juzgada por asesinato y delito contra la integridad pero no por secuestro
La autora confesa de la muerte del niño Gabriel Cruz será enjuiciada por un jurado popular
Ana Julia Quezada, autora confesa de la muerte del niño de ocho años Gabriel Cruz en Níjar (Almería), ha conocido este mediodía que va a ser juzgada por la presunta comisión de los delitos de asesinato y contra la integridad moral pero no por detención ilegal (secuestro).
Así lo ha anunciado a su llegada a de la Ciudad de la Justicia de Almería el juez instructor de la causa penal, el magistrado Rafael Soriano, quien ha precisado que espera que la investigación en torno al crimen, que va a ser enjuiciado por un jurado popular, esté concluida "a finales de año".
"Hoy se inicia la tramitación del procedimiento por la ley del jurado, que llevará su tiempo, y esperemos que podamos tener completada la instrucción y se pase la causa a la Audiencia Provincial para enjuiciamiento", ha precisado, sin aclarar por qué no será procesada por detención ilegal. La comparecencia se ha celebrado al mediodía y a puerta cerrada. El juez instructor acordó el pasado día 12 que Quezada sea enjuiciada por jurado popular.
Soriano ordenó en marzo pasado la prisión provisional de Quezada al considerar que asfixió con las manos al niño, hijo de su entonces pareja, siguiendo una "malvada voluntad". El caso despertó un gran interés mediático en España durante los 13 días que Gabriel estuvo desaparecido, así como una gran conmoción nacional cuando la mujer reconoció a las fuerzas de seguridad que lo asfixió el 27 de febrero tras golpearle con un hacha.
La mujer declaró por primera vez sobre los hechos que se le imputan durante más de hora y media tras ser detenida el pasado 11 de marzo en la entrada a un garaje comunitario en la Puebla de Vícar, a más de 75 kilómetros de la pedanía de Las Hortichuelas, cuando iba al volante de un turismo en el que transportaba el cuerpo sin vida y semidesnudo del niño, oculto en el maletero. La autopsia determinó que el menor murió el mismo día de su desaparición, el 27 de febrero, por asfixia.
Por el contrario, en su última comparecencia ante el juez en junio, se negó a responder a las preguntas formuladas por el magistrado para, según argumentó, salvaguardar su "derecho de defensa", ya que se mantenía el secreto decretado sobre las actuaciones. No obstante, dichas preguntas en las que se interesaban por los detalles de cómo sucedieron los hechos, sí quedaron registradas.
Durante los 13 días en los que se prolongó la búsqueda del niño, que estrechó el cerco cada vez más sobre la investigada, los padres de Gabriel se mantuvieron al frente de los llamamientos y protagonizaron incluso una multitudinaria concentración en la capital almeriense para reclamar la devolución su hijo, que, pensaban, podía estar retenido.
El juez sostiene que "resulta presuntamente incuestionable la participación" de Quezada en la muerte del menor y asegura que de su comportamiento "se infiere una malvada voluntad dirigida especialmente a asegurar la comisión del crimen". Indica el magistrado que, como parte de ese "macabro plan criminal", se intentó dotar de una coartada haciendo labores de pintura en la finca de Rodalquilar, en Níjar y que, además, "dio una falsa apariencia de preocupación por la desaparición y suerte del niño", al que se llevó "mediante engaño o promesa de devolverlo prontamente a jugar".
"Mantuvo el engaño a lo largo de los días, aumentándolo hasta el punto de colocar ella misma una camiseta del menor en el monte", subraya el juez, lo que achaca a su deseo de "despistar a los agentes de la autoridad que practicaban la búsqueda" hasta encontrar el "momento" de poder "hacer desaparecer el cuerpo".
Apunta que Ana Julia Quezada "aprovechó un momento temporal en que sabía que iba a estar a solas con el niño", y destaca que enterró su cuerpo sin vida en un "hoyo que previamente había hecho con una pala" y luego quiso deshacerse del cadáver en un invernadero de acuerdo a las escuchas acordadas por el juzgado instructor.
"Las pruebas revelan, presuntamente, una falta de sentimientos y humanidad que ella misma ha calificado, que, de ser ciertas, serían de pura crueldad", concluye para remarcar las "abrumadoras pruebas contra ella" no solo "porque ella misma ha reconocido el luctuoso suceso" sino también por las intervenciones acordadas judicialmente y a las pruebas recopiladas por los agentes de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil.
El jurado popular es una manifestación de la participación de los ciudadanos en la administración de Justicia, recogido en el artículo 125 de la Constitución española y regulado por la ley orgánica 5/1995. Este mecanismo judicial solo se da en el orden penal y en supuestos referidos a delitos tasados en la ley como homicidio, amenazas, omisión del deber de socorro, allanamiento de morada, cohecho o malversación de caudales públicos.
