Ana Julia, la presunta asesina del niño de ocho años Gabriel Cruz, será juzgada por un jurado popular

El juez instructor del crimen del niño de ocho años Gabriel Cruz en Níjar (Almería) ha acordado que la presunta autora, Ana Julia Quezada, sea enjuiciada por jurado popular. Este mecanismo judicial solo se da en el orden penal y en supuestos referidos a delitos tasados en la ley como homicidio, amenazas, omisión del deber de socorro, allanamiento de morada, cohecho o malversación de caudales públicos. El juez ha citado a Quezada el próximo día 17 para una comparecencia en sede judicial en la que le comunicará la acusación que pesa contra ella por asesinato, detención ilegal y contra la integridad moral. El magistrado Rafael Soriano da así un paso más en la preparación del juicio contra quien fuera la pareja sentimental del padre del menor y autora confesa de su muerte violenta en febrero y dicta resolución por la que transforma las diligencias previas en procedimiento por tribunal de jurado, según han confirmado fuentes judiciales.

Ana Julia Quezada declaró por primera vez sobre los hechos que se le imputan durante más de hora y media tras ser detenida el pasado 11 de marzo en la entrada a un garaje comunitario en la Puebla de Vícar, a más de 75 kilómetros de la pedanía de Las Hortichuelas, cuando iba al volante de un turismo en el que transportaba el cuerpo sin vida y semidesnudo del niño, oculto en el maletero.

Por el contrario, en su última comparecencia ante la autoridad judicial en junio, se negó a responder a las preguntas formuladas por el magistrado para, según argumentó, salvaguardar su "derecho de defensa" ya que se mantenía el secreto decretado sobre las actuaciones. No obstante, dichas preguntas en las que se interesaban por los detalles de cómo sucedieron los hechos, sí quedaron registradas.

Durante los 13 días en los que se prolongó la búsqueda del niño, que estrechó el cerco cada vez más sobre la investigada, los padres de Gabriel se mantuvieron al frente de los llamamientos y protagonizaron incluso una multitudinaria concentración en la capital almeriense para reclamar la devolución su hijo, que, pensaban, podía estar retenido. La autopsia posterior determinó, sin embargo, que el menor falleció entre las 15.30 y 16.30 del mismo día de su desaparición por asfixia mecánica.

A la comparecencia señalada para el día 17, prevista en el artículo 25 de la Ley Orgánica del Tribunal de Jurado, están citados el Ministerio Fiscal y todas las partes personadas en el procedimiento, incluida la acusación popular que ejerce la Asociación Clara Campoamor. El juez instructor comenzará por oír a la fiscal y, sucesivamente, a los acusadores, quienes concretarán la imputación contra Ana Julia Quezada. Seguidamente, oirá a los letrados de la defensa. En sus intervenciones, las partes podrán solicitar las diligencias de investigación que estimen oportunas.

Cabe recordar que la fiscalía solicitó una diligencia pericial para evaluar el estado en el que se encuentran los padres del menor, Patricia Ramírez y Ángel Cruz, y determinar las posibles secuelas psicológicas que hayan podido quedar tras el proceso vivido desde la desaparición de su hijo, cuando el menor salió de casa de su abuela paterna para dirigirse a la de unos familiares, a cien metros de distancia.

El magistrado Rafael Soriano también ha librado oficio a la Guardia Civil para que informe del coste total del dispositivo de búsqueda con el objetivo de sumar la cuantía a la cifra que se establezca como responsabilidad civil. El operativo de búsqueda movilizó a 1.500 profesionales de las fuerzas y cuerpos de seguridad, así como de las unidades de emergencias y a 2.600 voluntarios en el rastreo de Las Hortichuelas, Las Negras, Rodalquilar y otros puntos del entorno del parque natural Cabo de Gata-Níjar. En concreto, las labores giraron en torno a 40 zonas y se extendieron a unos 400 puntos especiales como balsas y pozos.

El juez afirma que la presunta asesina "mantuvo el engaño a lo largo de los días, aumentándolo hasta el punto de colocar ella misma una camiseta del menor en el monte", lo que achaca a su deseo de "despistar a los agentes de la autoridad que practicaban la búsqueda" hasta encontrar el "momento" de poder "hacer desaparecer el cuerpo".

Apunta que Ana Julia Quezada "aprovechó un momento temporal en que sabía que iba a estar a solas con el niño", y destaca que enterró su cuerpo sin vida en un "hoyo que previamente había hecho con una pala" y luego quiso deshacerse del cadáver en un invernadero de acuerdo con las escuchas ordenadas por el juzgado instructor y cuyo contenido está en una pieza separada. "Las pruebas revelan, presuntamente, una falta de sentimientos y humanidad que ella misma ha calificado, que, de ser ciertas, serían de pura crueldad", concluye para remarcar las "abrumadoras pruebas contra ella" no solo "porque ella misma ha reconocido el luctuoso suceso" sino también por las intervenciones acordadas judicialmente y a las pruebas recopiladas por los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.