Vicente Cotino se niega a declarar en la causa de ‘los papeles de Bárcenas’
Ricardo Costa comparece este miércoles como testigo en la Audiencia Nacional
"No voy a declarar". Así de tajante se ha mostrado este martes Vicente Cotino, presidente de Sedesa Obras y Servicios SA y sobrino de Juan Cotino (PP) —expresidente de las Cortes valencianas—, cuando se ha sentado ante José de la Mata, magistrado del Juzgado de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional. Según explican fuentes jurídicas, el empresario no ha querido responder a las preguntas de la fiscalía y del juez, después de que este lo citase como imputado en el marco de la investigación abierta por los papeles de Bárcenas.
Cotino fue condenado en junio a un año y tres meses de cárcel en la sentencia de la rama valenciana de la trama Gürtel por haber pagado comisiones al PP para conseguir posteriores adjudicaciones. El empresario alcanzó un acuerdo con la Fiscalía. Un hecho que el juez le ha recordado este martes para anunciarle que valorará ahora cuál es "el significado de esta negativa a colaborar". Sobre todo, según fuentes judiciales, porque en 2014 ya se le llamó a declarar y entonces negó el pago de comisiones fuera de las recogidas en la contabilidad oficial del PP.
Tras la comparecencia de Cotino le ha llegado el turno a tres testigos: José Luis Montesinos y Alfonso Hernández, exdirectivos de la empresa Constructora Hispánica; y Carmen Rodríguez Flores, exdiputada del PP. Todos ellos han negado conocer cualquier ilegalidad y los presuntos pagos en b que se hacían a la formación conservadora. "Nunca hemos visto nada y nunca hemos sabido nada de eso", han repetido Montesinos y Hernández, según subrayan las mismas fuentes.
La toma de declaraciones continúa este miércoles. De la Mata ha citado a Ricardo Costa, ex secretario general del PP valenciano, y a Arturo González Panero, exalcalde de Boadilla del Monte (Madrid). Costa ya admitió durante el juicio de la rama valenciana el cobro de comisiones y ha mostrado su predisposición a seguir colaborando con los investigadores de una instrucción que se prorrogó el pasado junio, después de que el magistrado considerara que quedaban pruebas por realizar y "abundante documentación" por analizar. "El caso involucra a gran cantidad de investigados", sentenció.
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