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PP y PSOE evitan que la ministra de Hacienda informe sobre las cuentas de Juan Carlos I

La Mesa del Congreso frena la iniciativa de Unidos Podemos, que califica de “muy grave” la decisión

La ministra de Hacienda, Maria Jesus Montero, tras el último Consejo de Ministros.
La ministra de Hacienda, Maria Jesus Montero, tras el último Consejo de Ministros.

La Mesa del Congreso de los Diputados frenó este martes la solicitud de Unidos Podemos para que la ministra de Hacienda, María José Montero, compareciera para informar sobre las supuestas irregularidades fiscales en la que pudiera haber incurrido el anterior jefe del Estado, Juan Carlos I, según las grabaciones de 2015 atribuidas a Corinna Zu Sayn-Wittgenstein, con la que se le relaciona. PP y PSOE, con la abstención de Ciudadanos, cerraron la puerta de esta iniciativa, según ha informado este miércoles la diputada de Izquierda Unida (IU) Eva García Sampere, aludiendo a la inviolabilidad que la Constitución reconoce al cargo que ocupó el rey emérito.

En estas conversaciones, grabadas por el excomisario José Manuel Villarejo, que cumple prisión preventiva por los delitos de organización criminal, cohecho y blanqueo de capitales, Sayn-Wittgenstein aseguraba que Juan Carlos I la utilizaba como testaferro y aludía a supuestas cuentas en Suiza y al cobro de comisiones de empresas españolas. Esas informaciones han motivado varias iniciativas de Unidos Podemos, cuyo grupo integra a IU. Una de ellas es la que acaba de desbaratar el órgano que organiza el trabajo parlamentario en el Congreso. García Sampere ha considerado “muy grave” la decisión de la Mesa.

Fuentes parlamentarias han justificado la decisión de la Mesa en un informe de los letrados que desaconsejaba esta comparecencia en base al precepto constitucional que establece que la persona del Rey no está sujeta a responsabilidad por ser inviolable, así como en el carácter reservado de “los datos, informes o antecedentes obtenidos por la Administración Tributaria en el desempeño de sus funciones, conforme a lo establecido en el artículo 96 de la ley general tributaria”. Instada por una posible investigación tras conocerse las grabaciones, la ministra lo descartó con estas palabras: "La Agencia Tributaria, por ley, no habla de contribuyentes, de expedientes, ni investigaciones”.

Ciudadanos ha aceptado el informe de los servicios jurídicos, aunque fuentes de la formación han asegurado que no se oponían a la comparecencia "por cuestión de transparencia". Sin embargo, se abstuvo en la votación. PP y PSOE, con mayoría en la Mesa, cerraron la vía frente a Unidos Podemos. El partido liderado por Albert Rivera exigió al presidente del Gobierno en el pleno del martes que hiciera pública la lista de beneficiarios de la amnistía fiscal de 2012, a la que según las grabaciones filtraciones pudo acogerse Juan Carlos I.

Unidos Podemos está ejerciendo una fuerte presión sobre el Gobierno y el PSOE, partido con el que comparte alianzas, desde la difusión de estas conversaciones. La formación está promoviendo una comisión de investigación para que el anterior jefe del Estado comparezca en el Congreso y dé explicaciones sobre sus presuntas irregularidades fiscales. La idea ha sido bien recibida por partidos como ERC, PDeCAT o Compromís, pero no puede prosperar sin el apoyo socialista. El dirigente de IU Alberto Garzón exigió al PSOE el respaldo este martes en el pleno y recordó a Sánchez que llegó a la presidencia por “una alianza republicana”.

El Gobierno ha ganado tiempo enviando a comparecer en la comisión de secretos del Congreso al director del CNI, Félix Sanz Roldán, de cuyo comportamiento se queja Sayn-Wittgenstein en las grabaciones. El propio Pedro Sánchez remitió a esa comparecencia en el pleno como única respuesta a las incisivas preguntas de Unidos Podemos. El secretario de Organización del PSOE y ministro de Fomento, José Luis Ábalos, aseguró la pasada semana que “no procede ninguna medida extraordinaria hasta el momento en el que se produzca esta comparecencia”.

El grupo confederal también ha registrado una proposición no de ley sobre la lucha contra el fraude fiscal y la promoción de la transparencia para conocer la identidad de las 30.000 personas que se acogieron a la amnistía fiscal de 2012. Esta iniciativa también obligará al PSOE marcar distancias con Unidos Podemos después de que Sánchez se desdijera de la publicación de las listas de beneficiarios "para no prevaricar", puesto que no existe una disposición en la ley que así lo prevea.

En este clima, Compromís ha registrado una proposición de ley para fomentar la transparencia económico-presupuestaria del jefe del Estado y la Casa del Rey, con medidas que obliguen a la publicación de bienes y de las actividades que generen ingresos de sus miembros en cuando se modifique o pierda su condición de miembro de la familia real.

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