Asesinadas sin dar la voz de alarma

Ninguna de las tres últimas asesinadas en apenas 24 horas por violencia machista había denunciado a su agresor. Las Administraciones piden a las mujeres que alerten. El número de denuncias ha crecido año tras año, pero no entre las víctimas más graves. El 81% de las muertas de 2018 (13 de 16) no fueron a la comisaría ni al juzgado. Es el porcentaje más alto desde que se empezó a contabilizar en 2006, aunque nunca ha bajado del 60%.

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El miedo a quedar en desamparo y sin recursos —que en muchos casos se convierte en realidad porque las ayudas mensuales posibles rondan los 400 euros—, el pavor a un largo proceso judicial en el que se sienten cuestionadas, la destrucción de la autoestima y la falta de respuesta de quienes deben velar por su seguridad están detrás de su silencio. Especialistas consultados —una abogada, un trabajador social que asiste a las víctimas en un juzgado, una médica que hace detección precoz en su ambulatorio— reclaman más formación entre quienes las atienden y, sobre todo, otras formas de detectar el riesgo que no recaigan solo en la denuncia.

Rosa González es médica del ambulatorio Salvador Pau de Valencia. Allí sigue un programa de detección precoz desde hace más de 15 años. Su comunidad es pionera en este modelo, que no está generalizado en España. Ella habla con sus pacientes de hábitos alimentarios, de dolores y también de violencia. El último caso que detectó fue el de una mujer que acudió por una infección de orina. Averiguó con los análisis y las conversaciones que su novio la violaba, aunque ella ni siquiera consideraba que eso estuviera mal.

El Pacto de Estado contra la Violencia de Género, aprobado el pasado septiembre y heredado por el PSOE en el nuevo Gobierno sin ninguna medida en marcha, incluye protocolos de detección precoz en el ámbito sanitario yunidades de apoyo en los Ayuntamientos, para que sea la Administración la que encuentre a la víctima y no al revés. Sofía Castañón, diputada de Podemos, señala que este gran acuerdo, que su partido no respaldó por considerarlo insuficiente, incluye solo recomendaciones “que el legislativo o el ejecutivo tienen que poner en marcha después”. El PSOE prometió “cumplir y más que cumplir” el acuerdo, en palabras de la vicepresidenta, Carmen Calvo. Una portavoz de la Secretaría de Estado de Igualdad, que acaba de asumir Soledad Murillo, indica que las medidas están pendientes de desarrollo. Y, la parte más difícil, requieren de la implicación directa de comunidades y Ayuntamientos para que surtan efecto.

La abogada Amparo Díaz, especialista en maltrato, demanda una formación mejor de jueces y del resto de actores del proceso, otra medida recogida en el pacto. Atiende a muchas mujeres, aunque no todas van al juzgado: “No conozco ni una sola que no haya dudado sobre si denunciar o no”. Agustí Sapyna, trabajador social en Sueca (Valencia), lleva más de una década trabajando con las víctimas a las que acompaña en el proceso judicial. Pide que el sistema les ofrezca más certidumbre: “Tienen miedo a un futuro desconocido, a no saber qué les va a pasar si alertan de lo que sufren”.