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Nadie fue al entierro de Teodorín…

Una juez ordenó enterrar a un enfermo psíquico cordobés de 42 años que llevaba el DNI en el bolsillo sin avisar a ninguno de sus ocho hermanos, que están indignados

Familiares de Teodoro Oliva visitan en Córdoba la fosa en que fue enterrado. Ampliar foto
Familiares de Teodoro Oliva visitan en Córdoba la fosa en que fue enterrado.

En la tumba de Teodorín en Córdoba solo se ven las iniciales de su nombre impresas sobre el yeso que tapa la fosa y la fecha equivocada de su óbito, 23 de agosto de 2015. Nadie fue a su entierro. Y eso que tenía ocho hermanos que le querían y le cuidaban, aunque él no siempre se dejaba. Teodorín (Teodoro Oliva García, de 42 años) sufría un trastorno psíquico y a veces no se tomaba la medicación. En su municipio cordobés de Palma del Río todos le conocían y aceptaban sus excentricidades. Y más desde que murió su madre, la señora Ana, quien al morir en 2006 le dejó la casa familiar. Él se apañaba bien con los 400 euros de la pensión que da el Gobierno a quien no tiene nada. Lo habitual es que comiera en casa de alguno de sus hermanos y luego fuera a dormir a su casa. Pero Teodorín era mayor de edad y a nadie tenía que dar cuentas de nada, por lo que a veces desaparecía del pueblo y se iba a la capital, donde tenía médicos que atendían su trastorno, a Sevilla o a Huelva. Y regresaba cuando se le ocurría. Una vez no volvió.

  En Palma del Río vivía Teodorín, y siguen morando allí sus ocho hermanos y 34 sobrinos

En Teodorín se cumplió el peor presagio de la señora Ana. La mujer se fue con la pena de qué sería de su hijo, desvalido, cuando ella faltase. Pero también con la tranquilidad de que sus nueve hijos siempre habían estado muy unidos. Aun así, al intuir que la muerte le acechaba, les encargó a todos que estuviesen pendientes de él. Y eso hacían los hermanos. Lo que nunca pudo imaginar la señora Ana es que su Teodorín moriría solo. “Lo enterraron como si fuera un perro, sin una triste misa y sin que pudiéramos despedirnos de él (su cadáver fue hallado en un baño del hospital Reina Sofía de Córdoba)”, protesta Juani, la mayor de los hermanos de Teodorín tras la muerte hace unos meses de Francisco.

Un grave error judicial es la causa de este desaguisado. Está enterrado en el cementerio de la Fuensanta de Córdoba, en una caja y un nicho que facilitó la beneficencia municipal. El juzgado que abrió las diligencias sobre su muerte, el de instrucción número 7 de Córdoba, ordenó que se le hiciera la autopsia e inmediatamente después su inhumación. Sin avisar a nadie. Se le olvidó decir a la policía que buscase a sus familiares. Habría sido una tarea muy sencilla, ya que Teodorín (así le llaman sus hermanos) llevaba su DNI encima. Y en él se decía claramente que residía en el número 78 de la calle Jara de Palma del Río, municipio cordobés de 21.000 habitantes donde todos se conocen. Y donde vivía Teodorín y siguen morando sus ocho hermanos y 34 sobrinos.

“Hubiese bastado con llamar a la policía local del pueblo para localizarnos a todos, nada más; mi Teodoro no estaba solo, tenía a sus hermanos que le queríamos”, se enfada Juani

En la caja, el sepulturero metió sus pertenencias, que figuran detalladas en el atestado que levantó la policía tras hallar el cadáver: un paquete de tabaco, 20 euros, algunos céntimos y el DNI. “Hubiese bastado con llamar a la policía local del pueblo para localizarnos a todos, nada más; mi Teodoro no estaba solo, tenía a sus hermanos que le queríamos”, se enfada Juani.

La familia siempre respetó su intimidad, pero sin dejar de sobrevolarle. Cuando se ausentó la última vez, a Juani le extrañó que llevase más de una semana sin dejarse caer por el pueblo. Y además, supo por el banco que ese mes no había tocado la pensión. Lo que le extrañó y avisó, preocupada, a los otros hermanos. Nadie daba pistas y, el 10 de septiembre de 2015, tras diez días echándole en falta, decidieron ir al cuartel de la Guardia para denunciar su desaparición. Le buscaron durante muchos días, pero sin éxito.

Teodoro Oliva, tercero por la izquierda, al lado de su madre y otros miembros de la familia. ampliar foto
Teodoro Oliva, tercero por la izquierda, al lado de su madre y otros miembros de la familia.

Aunque tantos días de ausencia era anormal, se aferraron a la posibilidad de que estuviese de viaje por ahí, como alguna vez había hecho. Pero casi tres meses después, “el 16 de noviembre, desde la Guardia Civil llamaron a mi hermano Francisco, entonces el mayor de la familia, porque querían hablar con él. Un guardia le comentó que nuestro hermano había muerto en Córdoba el 29 de agosto, y que fuésemos al juzgado porque allí nos darían más detalles”.

Los ocho hermanos se presentaron de inmediato en el juzgado numero 7 de Córdoba, el que abrió las diligencias tras su fallecimiento. El letrado judicial (antiguo secretario) les explicó que había sido enterrado en el cementerio de la Fuensanta y les facilitó la ubicación del nicho: grupo Octavo, modulo L, fila cuarta, numero 900. Cuando los ochos hermanos, delante del sepulturero que les condujo hasta el lugar exacto, se toparon con la fría losa de yeso, "sin una mísera flor", y sin haberse despedido de él, se emocionaron. Y se indignaron. “Nos abrazamos y nos pusimos todos a llorar. Nos entró mucha rabia y fuimos otra vez al juzgado a pedir una explicación: mi hermano llevaba el DNI encima y tenía a su familia”, relata Juani.

"No tengo que darles explicaciones: era mayor de edad..."

La juez “se resistió” a recibirles en su despacho. “Nos decían que para hablar con ella era necesaria cita previa. Pero dijimos que de allí no nos íbamos mientras no nos recibiese, y al final accedió”.

-Si llevaba encima el DNI, y usted debió verlo porque la policía lo hace constar en el atestado, ¿por qué nadie nos avisó? Estaba enfermo, pero es un ser humano” –indicaron los hermanos a la juez. Según explica Juani, “la juez se limitó a decirnos que, bueno, que había dado orden de enterrarlo porque era mayor de edad y que no tenía que darnos ninguna explicación…”.

“Y qué tiene que ver la edad de un fallecido para no buscar a sus familiares…”, le reprocharon. “Se enfadó, dijo que saliésemos de su juzgado y ya no dio más explicaciones”.

“Todos somos humanos y cometemos errores, cuando eso se produce lo mejor y más sencillo es reconocerlo y disculparse”, razona la abogada de la familia, Irene Carmona.

Fue esta letrada la que, en nombre de los hermanos, denunció los hechos ante el Ministerio de Justicia y el Consejo General del Poder Judicial, que en una resolución a la que ha tenido acceso EL PAÍS da la razón a los hermanos, critica “el anómalo proceder” del juzgado y entiende que “la Administración de Justicia ha fallado”. La “localización” de sus familiares “era perfectamente factible”, reprocha el Consejo en su informe. Bastaba comunicar los datos del DNI a la Guardia Civil de Palma del Río. Y que eso se haga compete al juzgado.

Los hermanos Oliva se desplazan de vez en cuando a Córdoba a poner flores en la fría fosa de Teodorín. Están de trámites para exhumar sus restos y trasladarlos a Palma del Río. “Pero nos han dicho que tenemos que esperar cinco años”. La familia ha pedido una indemnización al Estado de 4.300 euros, “para que al menos se haga cargo de los gastos del traslado del cadáver hasta su pueblo y, por fin, esté con sus hermanos”, se emociona Juani. 

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