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Una iniciativa llena de incógnitas

El éxito de la moción de censura no impediría la convocatoria inmediata de elecciones si así lo decide el nuevo presidente

Rafael Hernando en su escaño del CongresoFoto: atlas | Vídeo: Victor J Blanco (GTRES) / atlas
Miquel Alberola

La Constitución establece en su artículo 113 la facultad de que el Congreso de los Diputados pueda exigir la responsabilidad política del Gobierno mediante una moción de censura que requiere la mayoría absoluta de la Cámara, es decir, 176 votos. Según el Reglamento del Congreso, la moción de censura debe ser propuesta al menos por la décima parte de los Diputados (35) e incluir un candidato a la presidencia del Gobierno. La iniciativa ha sido avalada por los 84 diputados del PSOE y el candidato es Pedro Sánchez, que, aunque no es diputado, la normativa sí le permite ser aspirante y resultar elegido presidente del Gobierno. Si la moción registrada se ajusta a los requisitos, el lunes será calificada por la Mesa del Congreso e iniciará su recorrido.

La sustitución del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, mediante una moción de censura no impediría la convocatoria de elecciones en un breve plazo de tiempo, aunque para ello habría que nombrar un Gobierno. Es la impresión de varios catedráticos de Derecho Constitucional consultados. Alberto López Basaguren considera que sin nombrar ministros sería “una irresponsabilidad” porque no habría nadie al frente de los ministerios. Sin embargo, con el planteamiento de una moción de censura instrumental con el objetivo de convocar elecciones “en un plazo de meses” tras la constitución del Gobierno sí será factible. En la misma línea opina el catedrático Eduardo Vírgala, quien considera que una vez nombrado el nuevo presidente, “cuesta un día” nombrar al gabinete, convocar el Consejo de Ministros y “la misma tarde” adoptar la decisión de convocar elecciones con 54 días de plazo para su celebración.

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El PSOE, antes de reunir a su ejecutiva para tomar la decisión, registró la iniciativa, con lo cual iniciaba el trámite y, tal como contempla el artículo 113 de la Constitución, evitaba la posible reacción del Gobierno de disolver las Cortes Generales, convocar elecciones y arruinar su estrategia.

La moción no podrá ser votada hasta que transcurran cinco días desde su presentación y en los dos primeros días de dicho plazo podrán presentarse mociones alternativas (que se celebrarían en un mismo pleno y se votarían por separado). La fecha de la celebración del pleno es una potestad de la presidenta del Congreso, Ana Pastor. Lo lógico, según fuentes parlamentarias, es que la decida se tome tras una conversación con los proponentes y con el Gobierno, para evitar que la celebración coincida con algún compromiso de su agenda internacional.

En el caso de aprobarse, la presidenta del Congreso lo comunicará al Rey y al presidente de Gobierno. El candidato de la moción se considerará investido de la confianza de la Cámara para que el Rey, a los efectos previstos en el artículo 99 de la Constitución, lo nombre presidente.

Pero para el éxito de la moción las cuentas son decisivas. La segmentación parlamentaria resultante del derrumbe del bipartidismo ha convertido la mayoría absoluta (176 votos) en una cifra casi inalcanzable y solo posible en casos de intereses generales muy compartidos o de situaciones muy forzadas en la negociación, como los Presupuestos.

El PSOE, partido que impulsa la moción, dispone de 84 diputados. Para alcanzar la cima de los 176 votos tendría que sumar, además del apoyo de los 67 diputados del grupo confederal Unidos Podemos, el respaldo de los nueve de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), los ocho del PDeCAT, los cinco del Partido Nacionalista Vasco (PNV), los cuatro de Compromís y los dos de Bildu. Con ello superaría la barrera exigida con 179 votos. En el caso de que el PNV se desmarcara de la operación, el PSOE podría obtener 176 votos siempre que convenciera a los dos diputados de Coalición Canaria (CC) y Nueva Canarias (NC). La diputada de CC, Ana Oramas, sin embargo, ya ha se ha mostrado contraria a apoyarla, con lo que el PNV, como en los Presupuestos, vuelve a ser crucial.

El portavoz parlamentario del PNV, Aitor Esteban, ha trasladado al PSOE la disposición del partido a hablar de la moción. El partido necesita conocer cuáles son los planteamientos del PSOE respecto a Euskadi y Cataluña y "si tiene soluciones para la crisis a la que se enfrenta el Estado". Esteban considera que el PP "tiene un problema evidente con la corrupción", aunque valora la estabilidad de tener unos Presupuestos aprobados.

El líder republicano en el Congreso, Joan Tardà, aseguró desde el Parlament de Cataluña que su formación dará apoyo a la moción de censura promovida por el PSOE, si bien ha recriminado a Sánchez que quiera competir con Ciudadanos y el PP en sus pronunciamientos duros sobre Cataluña y le ha pedido que se desdiga de comentarios que ha catalogado de “catalanofobos”, informa Camilo S. Baquero. También Compromís se ha mostrado favorable a apoyar "cualquier moción de censura que desaloje a Rajoy de La Moncloa".

En el caso de que Ciudadanos decidiera sumarse a la moción de censura con sus 32 diputados (opción que ya ha descartado) y este no fuera un obstáculo innegociable para Unidos Podemos, el PSOE superaría el requisito marcado por la Constitución con 183 votos. Sin embargo, si Ciudadanos se aparta de la iniciativa socialista y tampoco la apoyan el PNV, CC y NC, formaciones que acaban de cerrar un acuerdo con el PP para aprobar los Presupuestos Generales del Estado de 2018, la moción de censura fracasaría. Los 134 diputados del PP, con los de sus coaligados Unión del Pueblo Navarro (2) y Foro Asturias (1), más los de Ciudadanos, PNV, CC y NC, que suman 176 votos, frenarían la iniciativa.

Con la moción fracasada, ni el PSOE ni Unidos Podemos (que ya lo hicieron en junio de 2017) podrían intentarlo de nuevo, según el reglamento. Ante esa situación, Ciudadanos baraja la opción de negociar con el resto de grupos una “moción instrumental” para desalojar al PP del Gobierno y convocar inmediatamente elecciones. Pero por sí solo carece de los 35 diputados necesarios para registrarla (tiene 32) y le faltan empatías en el resto de grupos para préstamos. Y sobre todo, para facilitarle unas elecciones con el viento demoscópico a favor. Otros grupos podrían intentarlo, sin embargo, con los mismos inconvenientes de maridaje.

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Sobre la firma

Miquel Alberola
Forma parte de la redacción de EL PAÍS desde 1995, en la que, entre otros cometidos, ha sido corresponsal en el Congreso de los Diputados, el Senado y la Casa del Rey en los años de congestión institucional y moción de censura. Fue delegado del periódico en la Comunidad Valenciana y, antes, subdirector del semanario El Temps.

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