Más de 300 organizaciones feministas exigen los 200 millones prometidos del Pacto contra la Violencia De Género

La última protesta impulsada desde más de 300 agrupaciones feministas de España tiene que ver con un pequeño pero significativo porcentaje de los próximos Presupuestos Generales del Estado. El Gobierno se comprometió a financiar con 200 millones de euros adicionales al año ­—80 para medidas estatales, 100 a repartir entre las comunidades autónomas y otros 20 para los ayuntamientos— el Pacto de Estado contra la Violencia de Género, suscrito el pasado septiembre.

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En los poco más de cuatro meses de este año ya son 11 las mujeres muertas a manos de sus parejas o exparejas, además de otro caso que se encuentra en investigación. A ellas se suma el asesinato de cinco familiares.

Los 200 millones suponen apenas el 0,06% de los presupuestos (327.955 millones) pero amenazan con convertirse en el próximo quebradero de cabeza del Gobierno de Mariano Rajoy con las feministas, tras las multitudinarias manifestaciones del 8M que le hicieron salir con un lazo morado o la protesta tras la sentencia de La Manada, que llevó al ministro de Justicia, Rafael Catalá, a anunciar en caliente una revisión del Código Penal. Más de 300 plataformas de mujeres han convocado este miércoles por la tarde en 70 ciudades, según sus estimaciones, protestas para reivindicar que se aplique el presupuesto comprometido. PSOE, Podemos y los sindicatos CC OO y UGT respaldan la protesta.

El proyecto de presupuestos, que se conoció el pasado abril y que se aprobará previsiblemente en junio, incluye los 80 millones correspondientes al Gobierno. Están repartidos entre Interior (43 millones); Justicia (13,6); Empleo y Seguridad Social (12,2), Sanidad (9,2) y Hacienda (dos millones). Pero no están especificados los otros 120 millones, tal como recogía el pacto, que lleva ocho meses aprobado y sin fondos. “Es gravísimo que incumplan su propio acuerdo, cuando se conocieron los presupuestos no nos lo podíamos creer”, valora Begoña San José, miembro de la Plataforma 7N, centrada en la lucha contra la violencia machista.

El Ministerio de Sanidad alegó en abril que la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (Lofca) no permite que el Gobierno central fije en qué deben gastar las comunidades el dinero que les transfiere, que ha aumentado un 5,2% respecto a los pasados presupuestos (5.200 millones más, 105.000 en total).

En los Presupuestos, no obstante, sí que existen partidas concretas, por ejemplo dentro del programa 232C contra la violencia de género, que especifica "transferencias corrientes a comunidades autónomas" por 9,5 millones por conceptos como "programas de asistencia social para mujeres víctimas de violencia de género y otras formas de violencia contra las mujeres”, como señaló también entonces la diputada socialista Ángeles Álvarez. El PSOE respalda la movilización junto con Podemos, que se abstuvo en la aprobación del pacto porque lo consideraron un “acuerdo de mínimos” que dejaba formas de violencia fuera como, por ejemplo, a las mujeres violadas.

Ciudadanos, que apoyará los presupuestos, se desmarca de las movilizaciones. “El Gobierno nos dice que en los Presupuestos está contemplado ese dinero, otra cosa es cómo lo van a destinar”, señala la diputada de la formación Patricia Reyes, que pide vigilar las cuentas desde la comisión de seguimiento del Pacto de Estado. Este organismo convocó su primera reunión una semana después de que se hiciera pública la sentencia de La Manada, por la presión de las protestas.

“La única forma de saber que hay compromiso real de destinar los 120 millones que faltan y de que se puedan fiscalizar es incluirlos en partidas específicas. Si no lo haces así, puede que finalmente se dedique ese dinero a las medidas d.el pacto o puede que no”, valora San José. El cartel de las protestas lleva el lema "Compromiso = Presupuesto".

Entre las medidas que dependen de estos 120 millones están propuestas educativas como incluir en todas las etapas de la enseñanza prevención de la violencia de género, del machismo o de conductas violentas, educación emocional y sexual y vigilarlo a través de la inspección educativa o mejorar la detección precoz de la violencia de género en los centros sanitarios, entre otras muchas de las 213 medidas que incluye el pacto.