Londres rechaza la presencia de la policía española en el aeropuerto de Gibraltar

Tras cuatro rondas secretas de conversaciones y tanteos entre los equipos de España y el Reino Unido, el futuro de Gibraltar tras el Brexit ha encallado peligrosamente. La “generosidad y buena disposición inicial” de ambas partes ha tropezado con un escollo que parece insalvable: la gestión común que se pretende del aeropuerto asentado en el istmo. La propuesta de España de introducir policías nacionales para controlar las fronteras Schengen del aeródromo ha reavivado las suspicacias sobre la olvidada pretensión de la soberanía.

“Hemos llegado al punto de inflexión en las negociaciones y hemos tocado hueso”, concluyen con frustración los negociadores españoles tras cinco meses de contactos. Hay una sensación de malestar ante la hipótesis cierta de una gran oportunidad perdida por el equipo negociador del Ministerio de Exteriores español para tratar con sus homólogos británicos sobre el futuro de Gibraltar tras el Brexit. En el lado gibraltareño, que en ocasiones se integra en la delegación británica, se constata sobre todo desconfianza. Nada está aún cerrado ni descartado pero cuando se ha abordado el meollo del conflicto, con ofertas concretas que implican cesiones, han resucitado los recelos.

Las conversaciones bilaterales empezaron a primeros de enero, en paralelo a las globales con la Unión Europea. El calendario fijado apremia y las condiciones deben plasmarse en un documento a finales de junio. En marzo de 2019, el Reino Unido abandonará la UE y aún no está asegurado el periodo transitorio que debe prolongar las relaciones británicas con la Unión hasta las navidades de 2020. Gibraltar se iría entonces, igual que el Reino Unido, con todo lo que ello conlleva. En el Campo de Gibraltar la preocupación es máxima, entre otras razones porque unos 13.000 trabajadores transfronterizos que cruzan cada día la verja.

En ese ambiente y con esos límites se afrontaron las negociaciones. Las autoridades de ambos lados fijaron como prioridad, al menos públicamente, no perjudicar a los ciudadanos de la zona y, si fuera posible, hasta mejorar sus condiciones actuales. Pero los escenarios y las intenciones son muy diferentes. La renta per cápita de Gibraltar, el PIB nominal, se estimó en 2015-2016 en 54.979 libras (64.315 euros), el cuarto del ranking del Fondo Monetario Internacional (FMI), muy por encima de Reino Unido, que ocupa el puesto 28º; o de España, que está en el 36º. En Gibraltar no hay paro, pero en los municipios del Campo ronda el 40%.

Capacidad de veto

El departamento de Exteriores de Alfonso Dastis considera que ahora es el momento de “negociar algo muy novedoso e inédito con mentalidad del siglo XXI y no de personas del siglo XIX”. Tras los guerreros planteamientos de su antecesor, José Manuel García Margallo. Dastis rebajó mucho el tono de sus declaraciones. En el entorno de Fabián Picardo, el primer ministro de la Roca, se agradeció esa disposición en privado. Pero en público sigue presionando, sobre todo al Reino Unido, para que no afloje en sus pretensiones. Y continúa con la campaña europea e internacional (la pasada semana ante congresistas estadounidenses en Washington tras una visita del secretario de Estado español de Exteriores, Ildefonso Castro, que no gustó) para cuestionar el logro de la diplomacia española de incluir su capacidad de veto sobre cualquier acuerdo.

Ha habido cuatro rondas de contactos muy discretas, con aparente buena sintonía e intercambios de propuestas genéricas, pero en la última sesión, hace apenas dos semanas, los recelos volvieron a la mesa, con consecuencias imprevisibles. El motivo: la gestión común del aeropuerto asentado el Peñón, construido por Gibraltar con una inversión de unos 70 millones de euros tras la firma de los acuerdos de Córdoba, en 2006, con el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. España se comprometió entonces a realizar una terminal de acceso directa desde su territorio, que nunca se construyó. Con esos y otros incumplimientos gibraltareños, el intento español de introducir ahora policías nacionales para controlar las futuras aduanas aeroportuarias del espacio Schengen se ha visto como una injerencia inasumible.