El Congreso no logra un acuerdo sobre el MIR de los profesores

Pronto se cumplirá una década de un debate de ida y vuelta que España nunca ha logrado aplicar: cómo mejorar la selección, formación y carrera de sus profesores. El llamado MIR docente –que define de forma muy amplia una traslación del sistema de formación de médicos al de los profesores- es un asunto del que todos los partidos hablan y aplauden pero sobre el que no han logrado jamás un acuerdo. Y eso pese a la acumulación de estudios, documentos y pronunciamientos que se acumulan desde que el PP comenzó a comparar el sistema de formación con el de los sanitarios en 2009 y desde que, dos años después, el PSOE lo nombrara como MIR educativo.

PP y Ciudadanos se han quedado solos este miércoles con una nueva propuesta –lanzada por el partido de Albert Rivera y respaldada con enmiendas por el partido del Gobierno- que esperaban poner en marcha en un plazo de seis meses para intentar que llegara a tiempo el curso que viene. Ningún otro partido ha respaldado una iniciativa que consideran superficial e incompleta y sobre la que denuncian que no ha sido consensuada con la comunidad educativa.

La iniciativa ha coincidido en fecha y casi en hora con las manifestaciones y concentraciones convocadas este martes por la Plataforma Estatal por la Escuela Pública en 32 ciudades en las que denuncian el “abandono” de la educación por parte del Gobierno, reclaman más financiación, la reversión de los recortes y la derogación de la reforma educativa del PP, la LOMCE.

La proposición incluía desarrollar la normativa para un nuevo sistema de formación y selección de profesores, que Ciudadanos llama Docente Interno Residente (DIR). El modelo prevé un examen nacional tras el grado universitario y una posterior formación teórico práctica. Prevé también la selección y homologación del Ministerio de Educación para que “un número limitado” de centros pueda formar a esos futuros profesores.

Los centros, según este modelo, tendrían un número restringido de plazas en función de la demanda de docentes en centros públicos y privados. El modelo prevé distinguir “al menos” tres itinerarios de formación: uno para maestros (infantil y primaria), otro para secundaria y bachillerato y otro para los orientadores educativos.

El rechazo a esta propuesta es un nuevo desencuentro tras el encallamiento de la negociación del Pacto de Estado por la Educación, un acuerdo que España no ha conseguido alcanzar en democracia. El pacto quedó paralizado en marzo después en el segundo punto de la negociación: la financiación. PSOE, Podemos, ERC y PdeCat abandonaron las negociaciones.

La diputada de Ciudadanos Marta Martín ha defendido que han tramitado la propuesta “ante la irresponsabilidad de algunas fuerzas políticas y la falta de acción del PP”. Añade que la iniciativa afectará a los futuros profesores “no a los que están” y que no tiene “nada que ver con la carrera profesional ni con el acceso a la función pública”.

El diputado Santiago Pérez (PP) ha señalado que su partido presentará más adelante una ley de ordenación general de la profesión docente. El partido en el Gobierno presentó en 2015 un documento, el libro blanco de la formación docente, encargado al filósofo José Antonio Marina. Ese trabajo, que quedó en un cajón, recogía propuestas de evaluación, promoción y desarrollo profesional. El PP reclama ahora una nueva normativa que contemple de nuevo todos esos aspectos.

"La formación del profesorado es algo muy serio y ustedes lo abordan sin un debate sereno con los docentes", ha señalado la diputada socialista María Luz Martínez Seijo, que critica que los diputados de Ciudadanos no han obtenido el respaldo de ningún sindicato docente, les afea su “obsesión por centralizarlo todo” con la propuesta de un examen nacional y que no aclaren cuánto cuesta (según las estimaciones socialistas, cambiar el modelo supondría mil millones anuales) o qué ocurrirá con quienes suspendan esa prueba nacional tras aprobar la carrera.

Joan Mena, de Unidos-Podemos-En Marea, acusa a Ciudadanos de “volver a señalar al cuerpo docente como culpables de la mala situación que vive España”. Mena considera la proposición “inconsistente” y la definen como “una carrera de obstáculos para precarizar todavía más a los primeros años de docentes” y que supondrá “despedir a los interinos”.