El ataque de Catalá al magistrado discrepante de La Manada subleva a jueces y fiscales

Todas las asociaciones de jueces y fiscales han pedido este lunes la dimisión del ministro de Justicia, Rafael Catalá, por afirmar que el magistrado que firma el voto particular de la sentencia de La Manada, en el que pide la absolución de los cinco acusados, “tiene algún problema singular” por el que debería haber actuado el Consejo General del Poder Judicial. Los jueces consideran “una temeridad” que Catalá siembre públicamente dudas sobre la capacidad de un juez. El ministro se defendió de las críticas diciendo que su obligación es “alertar” de las deficiencias que haya en el funcionamiento de la justicia.

Más información

Catalá, sobre el voto particular de La Manada: “Todos saben que este juez tiene algún problema singular”

Las cuatro asociaciones de jueces y las tres de fiscales llevan cuatro días pidiendo en público respeto para los jueces de Navarra que han condenado por abusos, pero no por agresión sexual, a los cinco acusados de violar a una joven en los Sanfermines de 2016. Las asociaciones ya habían reprochado especialmente la actitud del ministro de Justicia, que el viernes sugirió que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) debía actuar disciplinariamente contra el magistrado Ricardo González, que redactó el voto particular. En su escrito, este juez pidió la absolución de los cinco condenados al considerar que no hubo ni agresión sexual ni abuso, sino prácticas sexuales consentidas en “un ambiente de jolgorio y regocijo” del que la joven denunciante participó, a su juicio, por voluntad propia.

Los jueces y los fiscales rechazaron lo que consideran una “intromisión” del ministro, pero Catalá, lejos de retractarse, abundó este lunes en su mensaje. “Cuando todos saben que este juez tiene algún problema singular, me sorprende que el Consejo no actúe”, afirmó por la mañana en una entrevista en la cadena Cope. El ministro evitó ofrecer más datos sobre el problema que, según deslizó, tiene González. “No conozco con detalle y tampoco sería razonable hablar de un problema personal”, añadió.

Las afirmaciones del ministro provocaron una reacción en bloque de las asociaciones de jueces y de fiscales, una circunstancia no excepcional pero sí poco frecuente. En un comunicado, las cuatro asociaciones judiciales (Asociación Profesional de la Magistratura, Juezas y Jueces para la Democracia, Asociación Judicial Francisco de Vitoria y el Foro Judicial Independiente) y las tres de fiscales (Asociación de Fiscales, Unión Progresista de Fiscales y Asociación Profesional Independiente de Fiscales) vuelven a quejarse de la “intromisión” del ministro en las labores “que le corresponden exclusivamente” al CGPJ (como la tutela o el impulso de la labor disciplinaria). Y consideran “una temeridad” que un ministro de Justicia vierta en público comentarios acerca de la supuesta falta de capacitación de un magistrado.

“Hoy es por el juicio de La Manada, pero mañana puede serlo por cualquier actuación que no sea del agrado del ministro o de su Gobierno. Este es el verdadero peligro: la utilización de las resoluciones judiciales por el Ejecutivo y la confusión intencionada de intereses electorales con lo que debería ser su labor como miembro de un poder del Estado, esto es, respetar y velar por el respeto del funcionamiento de las instituciones”, afirman los jueces y fiscales, que piden la dimisión del titular de Justicia (lo han hecho en otras ocasiones) y recuerdan que Catalá se convirtió el año pasado en el primer ministro reprobado por el Congreso.

Los jueces de Navarra y las asociaciones de jueces y fiscales de esa comunidad salieron también en defensa de su compañero y exigieron la “inmediata dimisión” de Catalá, cuyas insinuaciones consideran “escandalosas”.

Tras conocer estas quejas, el ministro de Justicia se reafirmó en sus afirmaciones. En declaraciones a este periódico, Catalá sostuvo que su obligación es “alertar” de las anomalías que pueden ocurrir en el funcionamiento de la justicia para que actúe el CGPJ y los propios jueces. Y esto es lo que, en su opinión, ha hecho en el caso del magistrado del voto particular de La Manada.

“He advertido de que este juez tenía un problema porque así me lo han explicado compañeros suyos y lo saben muy bien en Navarra”, señaló el ministro. “Es mi obligación pedir al Consejo que actúe porque yo no voy a participar en juegos de hipocresía y los datos sobre ese magistrado los tienen ellos; yo no tengo detalles pero sí sé lo que lo me han contado con mucha preocupación sus compañeros”.

“Ni ciego ni mudo”

“¿Por qué no puedo participar en este debate que se ha producido tras la sentencia por la agresión a una joven cuando yo formo parte de este sector? Yo no debo ser ciego, sordo y mudo”, prosiguió el ministro, que añadió: “¿Por qué los jueces de las asociaciones pueden opinar sobre esa y otras sentencias y se me niega a mí ese derecho?”. Se respondió él mismo con un alegato a favor de la independencia de la justicia y la defensa del buen hacer de la inmensa mayoría de los jueces, que, dijo, no es incompatible con el reconocimiento de que, como en otros colectivos, puede haber magistrados que no cumplen con su obligación o no están en condiciones de ejercer un área tan delicada. “El respeto absoluto que tengo a la independencia judicial no quiere decir que yo no pueda hablar sobre el funcionamiento de la Justicia”, afirmó Catalá.

El ministro recordó que entre las manifestaciones que se produjeron el jueves en diversas ciudades de España, tras conocerse la sentencia, la de Madrid se dirigió a la puerta del Ministerio de Justicia “y no del Consejo”. Y que él, como ministro, actuó tras conocer la sentencia al pedir a la Comisión General de Codificación que revisara el Código Penal sobre el concepto de violencia en las agresiones sexuales. “Yo cumplo con mi obligación y estoy en la reforma del Código Penal; el Consejo General del Poder Judicial tendría que estar en garantizar la capacidad y capacitación de los jueces”, zanja a Catalá.