Puig agrieta la confianza del Gobierno en la ‘embajada’ catalana de Bruselas

El ritmo de trabajo parece pausado en la delegación catalana ante la Unión Europea. Como si la aplicación del artículo 155 por parte del Gobierno español hubiera dejado el tiempo en suspenso, perdura una suerte de apatía en el organismo, situado en pleno barrio europeo de la capital belga, muy cerca de las instituciones comunitarias. "Antes había mucha actividad, ahora algunos vienen solo a fichar. Llegan por la mañana o por la tarde, se van, y no vuelven a aparecer", explican fuentes cercanas a la entidad. Completamente vacía, incluso la recién inaugurada exposición de la planta baja, dedicada a catalanes ilustres de ámbitos como el cine, la gastronomía, la ciencia o las artes, aparece desactualizada y menciona en presente a Carles Puigdemont como presidente de la Generalitat.

En medio de esa atmósfera, la proximidad de Sant Jordi ha devuelto cierta proyección pública a la delegación con la organización de una serie de eventos convocados bajo el título de Semana Catalana de Bruselas. Un menú cultural aparentemente alejado de la controversia: este martes se inauguró la citada exposición, el miércoles se presentó un libro, el domingo se entregan los premios de un concurso de relatos cortos, y el lunes se venderán libros y se ofrecerán rosas.

Pero la reapertura al público, ahora bajo el control del Gobierno español, ha estado lejos de ser tranquila. Pocas horas después de acudir a un tribunal belga, el exconsejero independentista Lluís Puig, reclamado por la justicia española, intervino en el acto de presentación de la biografía Manuel de Pedrolo. La llibertat insubornable, en la sede de la delegación. "Marxista heterodoxo e independentista convencido, se mantuvo fiel a la lengua catalana", dice la sinopsis del libro, escrito por la periodista nacionalista Bel Zaballa. Puig no aparecía entre los oradores previstos. Y una vez se supo que estaba tomando la palabra en el atril, se impidió el paso a las cámaras de Televisión Española desplazadas hasta el lugar "para no interrumpir el acto". El exconsejero pareció sorprendido por su presencia y abandonó la sede acelerado.

El antiguo titular de Cultura del Govern se plantó en la delegación a sabiendas de que su presencia irritaría a Madrid: la última vez que el también huido Carles Puigdemont trató de reunirse allí con el presidente del Parlament, Roger Torrent, el Ministerio de Exteriores español reaccionó cerrando a cal y canto la sede durante un día. En este caso, la delegación se ha desvinculado de toda responsabilidad argumentando que la invitación partió del Casal Català de Bruselas, coorganizadora del acto.  Dicha asociación promueve el uso del catalán en la capital belga, y a comienzos de marzo ya invitó a Carles Puigdemont a asistir a un concierto del cantautor Roger Mas. Pero la explicación no ha convencido a Moncloa: el Gobierno anunciará este viernes tras el Consejo de Ministros la destitución de la directora de relaciones exteriores, Marina Borrell. Y el titular de Exteriores, Alfonso Dastis, lo ha calificado de "incidente desagradable". 

Tras situarse de nuevo en el ojo del huracán por permitir el paso a Puig, la embajada catalana se ha sumergido en un escrupuloso silencio. Incluso elude comentar detalles técnicos o cómo ha evolucionado su funcionamiento en estos casi seis meses de artículo 155. "Nada que comentar", zanjan. La sede ocupa parte de la entrada y de la tercera planta del edificio, que comparte con oficinas del Banco Europeo de Inversiones, una organización de lucha contra la pobreza, un lobby de telecomunicaciones o la empresa de automóviles Hyundai. Su tamaño supera al de la embajada española en Bélgica. Cuenta con 2.390 metros cuadrados y nueve plazas de garaje para las 35 personas que trabajan en su interior, ninguna de las cuales ha sido cesada desde que el Gobierno se hizo cargo de la delegación. El coste del alquiler anual es de 900.000 euros, aunque está en fase de renegociación.

Abierta de nueve de la mañana a seis de la tarde, la delegación ante la UE ha sido la única en esquivar el masivo cierre de organismos internacionales catalanes en aplicación del artículo 155. Pese a haber actuado como una de las puntas de lanza de la estrategia exterior del independentismo, justificar su clausura cuando otras comunidades autónomas disponen de una infraestructura similar habría resultado complicado para el Ejecutivo, por lo que la intención es la de reorientar su labor hacia una función más comercial que política. El primer paso en esa dirección se dio al descabezar la entidad. El 28 de octubre del pasado año, el BOE recogía el cese de su delegado, Amadeu Altafaj, con un marcado perfil político y voz habitual del procés en medios internacionales antes del aterrizaje de Puigdemont y los exconsejeros en Bruselas.