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El PSOE recurre las iniciativas sociales vetadas por el Gobierno en el Congreso

Robles llama a Ciudadanos a que las apoye en el Congreso tras la sentencia del Constitucional

Miquel Alberola
La portavoz del PSOE en el Congreso, Margarita Robles, en el Congreso de los Diputados.
La portavoz del PSOE en el Congreso, Margarita Robles, en el Congreso de los Diputados.Zipi (EFE)

El PSOE ha solicitado este jueves la tramitación de nuevo de más de medio centenar de iniciativas sociales de la oposición bloqueadas por el Gobierno presidido por Mariano Rajoy después de que el Tribunal Constitucional haya reconocido el derecho del Congreso de los Diputados a tener la última palabra en estos vetos. El Grupo Socialista ve la puerta abierta a “dinamizar la vida parlamentaria” al perder el Gobierno el conflicto de atribuciones que había planteado el 20 de enero de 2017 para neutralizar la tramitación en la Cámara de la paralización de la LOMCE.

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El Gobierno dispone de esta prerrogativa recogida en el artículo 134 de la Constitución, siempre que las iniciativas afecten a los Presupuestos del ejercicio en curso, aunque los partidos de la oposición han criticado a menudo que el veto se ha aplicado de forma indiscriminada en proposiciones cuyo impacto tenía que producirse a futuro. Hasta el punto de que Unidos Podemos valoró la posibilidad de elevar el conflicto de atribuciones al Tribunal Europeo. Ahora la sentencia del Constitucional refleja que el veto debe producirse en relación con los ingresos y gastos del sector público indicados en el presupuesto en vigor y de forma expresa, objetiva y suficientemente motivada.

El Ejecutivo de Rajoy ha interceptado 58 iniciativas de la oposición y de Parlamentos autonómicos por este método o por el de la alianza con Ciudadanos en la Mesa del Congreso, donde ambos partidos suman cinco de los nueve miembros. Un registro que dobla los vetos que impuso el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y una vía a la que el propio Rajoy no tuvo necesidad de recurrir durante la mayoría absoluta de su primera legislatura. Según el escrito registrado, el Gobierno ha recurrido en esta legislatura a esta facultad en 64 ocasiones, si bien en varias de ellas retiró el escrito de disconformidad al considerarlo insuficiente la Mesa o lo presentó fuera de plazo.

En el escrito dirigido a la Mesa del Congreso, el Grupo Socialista insta, en particular, a que sea reconsiderada la tramitación de 11 de sus proposiciones de ley vetadas. Se trata de la proposición de ley sobre la universalización de la asistencia sanitaria pública; la de la supresión de las tasas judiciales; la de revalorización de las pensiones; la de modificación del IVA en las actividades culturales; la de regulación de la unidad de convivencia a efectos de pensiones; la de mejora de la pensión de viudedad en casos de menores ingresos; la de reconocimiento de derechos en favor de quienes padecieron violencia durante la guerra civil o la dictadura; la de la creación del fondo de accesibilidad universal y la de la adaptación de la Ley de Propiedad Horizontal a los derechos de las personas con discapacidad de la ONU.

Tras el registro, la portavoz parlamentaria del PSOE, Margarita Robles, ha recordado que la sentencia señala que el veto del Gobierno no libera a la Mesa del Congreso de hacer una valoración propia, y ha aprovechado para señalar a Ciudadanos, que “hasta ahora asumía automáticamente cada veto del Gobierno”, impidiendo la tramitación de las proposiciones de ley. El PSOE ha querido hacer “un llamamiento muy especial a Ciudadanos” para desbloquear esas iniciativas de “alto contenido social”. Robles ha calificado de “muy poco operativa” la legislatura como consecuencia de los vetos del Gobierno “con el apoyo de Ciudadanos”. “Es el momento de que la legislatura vuelva a recuperar oxígeno”, ha afirmado.

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Sobre la firma

Miquel Alberola
Forma parte de la redacción de EL PAÍS desde 1995, en la que, entre otros cometidos, ha sido corresponsal en el Congreso de los Diputados, el Senado y la Casa del Rey en los años de congestión institucional y moción de censura. Fue delegado del periódico en la Comunidad Valenciana y, antes, subdirector del semanario El Temps.

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