Miles de personas piden en Pamplona “justicia” para los agresores de los guardias civiles de Alsasua

Miles de personas se han manifestado en la tarde de este sábado en Pamplona para pedir "justicia" para los ocho jóvenes de Alsasua procesados por agredir a dos guardias civiles y sus parejas en un bar de este municipio navarro en octubre de 2016. Los manifestantes han defendido durante la marcha que el incidente "no es terrorismo", delito por el que los acusa la fiscalía. Varios familiares de los procesados han encabezado la manifestación con una pancarta con el lema Justicia, no es terrorismo. Han recibiendo a lo largo de todo el recorrido el aplauso de miles de personas.

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La manifestación ha transcurrido sin ningún tipo de banderas, salvo una pancarta firmada por "Jóvenes Altsasu" en la que se podía leer "no a los montajes policiales, jurídicos y mediáticos. Libertad y absolución".

De manera constante se han coreado gritos de libertad para los procesados, en vísperas de que empiece el juicio en la Audiencia Nacional, acusados de un delito de terrorismo por el que la Fiscalía de la Audiencia Nacional pide en conjunto penas de más de 370 años de cárcel y al que Amnistía Internacional, disconforme con la calificación, ha anunciado que acudirá de observador.

En concreto, la fiscalía solicita una pena de 50 años de prisión por lesiones terroristas para seis de los ocho jóvenes de Alsasua que supuestamente participaron en la agresión a dos guardias civiles de permiso y sus parejas en las fiestas del pueblo en octubre de 2016. Para otro acusado, Oihan Arnanz, eleva la petición a 62 años y medio al añadir un delito de amenaza terrorista. Para la octava imputada, Ainara Urkijo, se piden 12 años y medio solo por amenazas con carácter terrorista.

Los hechos ocurrieron en la madrugada del 15 de octubre de 2016 en el bar Koxka de Alsasua, una localidad con gran implantación de la izquierda abertzale. Según el relato de la fiscalía, los guardias —un teniente y un sargento— estaban fuera de servicio tomando una consumición con sus parejas cuando fueron abordados por Oihan Arnanz, que le preguntó al teniente, cuando este salía del baño, si era "madero". Poco después, alguien dentro del establecimiento les arrojó un vaso de chupito de plástico, que no les causó daño alguno.

Sobre las cuatro de la mañana, entró en el bar Jokin Unamuno, que se encaró con el sargento. Cuando el teniente le intentó calmar llamándole por su nombre, Unamuno comenzó a gritarles que se marcharan del bar. Una chica menor de edad que iba con él alentó a un grupo de personas para rodear a los guardias y sus novias.

En breves instantes, alrededor de 25 personas rodeó a las cuatro víctimas y comenzaron a insultarles: "Iros (sic) de aquí, hijos de puta, os tenemos que matar por ser guardias civiles, cabrones, txakurras(perros)". Inmediatamente comenzaron los golpes dentro del bar. Un pasillo de agresores la emprendió a puñetazos, empujones y patadas con los guardias y sus parejas. Una vez en la calle, la agresión continuó. Según el escrito, el teniente y el sargento fueron atacados en ese momento con "gran violencia y brutalidad" especialmente por Jokin Unamuno, Jon Ander Cob y Julen Goikoetxea.

Con los agentes en el suelo, otros tres jóvenes —el citado Arnanz, Adur Ramírez de Alda y Aratz Urrizola— comenzaron a darles patadas en la cabeza y la espalda. La novia del sargento, tratando de defender a este, también fue golpeada. El teniente, con una pierna rota, no podía levantarse. Cuando los agentes de la Policía Foral acudieron al lugar de la agresión, una vez trasladados los heridos al hospital, detuvieron, entre un gran tumulto, a Jokin Unamuno. Oihan Arnanz se encaró con un agente y supuestamente amenazó con darle un puñetazo. A su lado, Ainara Urquijo amenazó a la pareja del sargento.

El teniente sufrió, a causa de la agresión, una fractura de tobillo que requirió tratamiento quirúrgico y contusiones. Estuvo fuera de servicio 92 días. Su novia, además de distintas contusiones, sufre ansiedad. "Dicha situación se vio agravada al cruzarse por la calle con uno de sus agresores y por la situación que viven sus padres en Alsasua, donde residen y reciben amenazas e insultos", afirmaba la fiscalía el pasado julio.