El crimen que la ley española no dejaba investigar

A sus 28 años de edad, Ion (nombre supuesto a petición de la familia) llevaba una aparente vida tranquila en Roquetas de Mar (Almería), donde regentaba un concesionario de vehículos. Rumano de nacimiento, llevaba asentado en España desde 1996, cuando solo era un crío. Sin embargo, todo cambió en el otoño de 2013 al desaparecer sin dejar rastro. Unos días antes había viajado hasta Francia para hacer un negocio de venta de automóviles y allí se perdió su pista. La última vez que había hablado por teléfono con su familia estaba en Carcassonne, una localidad del sur francés. Casi cinco años después, cinco personas presuntamente implicadas en su desaparición y muerte han sido detenidas. Cuatro en el país vecino. El quinto, en la localidad almeriense de Láujar de Andarax. Y todo pese a que la reforma que el PP hizo en 2014 de la Ley Orgánica del Poder Judicial -que limitó la jurisdicción extraterritorial de los magistrados españoles al fulminar la justicia universal- impidió a la Guardia Civil iniciar una investigación judicializada en España. Finalmente, la colaboración entre agentes españoles y franceses, bajo la dirección de un magistrado galo, ha permitido aclarar el crimen cinco años después de que fuera cometido.

Todo arrancó en octubre de 2013, cuando la familia de la víctima denunció ante la Guardia Civil que Ion había desaparecido tras emprender un viaje de negocios. Las pesquisas de los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) y de la Comandancia de Almería permitieron descubrir que la víctima mantenía una doble vida. Por un lado, dirigía un negocio de compraventa de vehículos en su localidad, pero también estaba involucrado en el tráfico hachís a gran escala. Fue precisamente esta última faceta la que había motivado su último viaje. Según ha revelado la investigación, el joven se había trasladado a Francia para hacer una entrega de cerca de 300 kilos de esta droga. Él iba al volante de un vehículo que hacía las funciones de lanzadera de un segundo automóvil en el que viajaba oculto el estupefaciente para así alertar a este último en el caso de que detectase la presencia de controles policiales.

Según la reconstrucción realizada por los investigadores, uno vez en la localidad de Carcassonne, donde la víctima había quedado en una zona marginal con los compradores de la droga, se hizo la entrega del hachís, pero no la del dinero. La Guardia Civil y la Policía francesa creen que ambas partes aceptaron posponer el pago unos días hasta que los destinatarios del alijo, un grupo criminal francés, pudieran recaudar el dinero necesario para satisfacerlo. Ion fue el único del grupo que había hecho la entrega que se quedó en Francia para recoger los fondos. Sin embargo, el pago que recibió el vecino de Roqueta fueron varias puñaladas que acabaron con su vida.

La imposibilidad de la justicia española para investigar el crimen –la reforma legal de 2014 excluyó de la jurisdicción española para los secuestros, desapariciones y asesinatos de españoles fuera de nuestras fronteras- no impidió que la Guardia Civil iniciase una colaboración con las Autoridades Judiciales y Policiales francesas a golpe de comisiones rogatorias y de órdenes de investigación internacional. Así, se pudo comprobar que en septiembre de 2014 –casi un año después de la desaparición de la víctima- habían sido hallados en un lugar próximo al punto donde se perdió la pista del desaparecido, unos restos óseos semienterrados y ocultos bajo unos arbustos que mostraban evidentes signos de violencia. Gracias a la colaboración de la familia de la víctima, que desconocía la doble vida de esta y su relación con el narcotráfico, se pudo corroborar que se trataba del cuerpo de Ion. Se abrió entonces un procedimiento judicial tutelado por el Tribunal de Grande Instance de Narbonne, que asumió la competencia de la causa, y que permitió a la Guardia Civil y a la Policía francesa poner en marcha la Operación A-67 e investigar a ambos lados de la frontera.

Fruto de esas pesquisas, el pasado martes cuatro agentes de la Sección de Homicidios de la UCO y de la Comandancia de Almería se desplazaron a Francia para colaborar con la policía de este país en la detención de cuatro individuos de nacionalidad francesa con numerosos antecedentes y residentes en las localidades de Carcassonne y Bèziers por su presunta implicación en el asesinato. Tres de ellos ingresaron en prisión. Al día siguiente, la justicia francesa emitía una Orden Europea de Detención contra una quinta persona, de nacionalidad española y residente de Láujar de Andarax, acusada de asesinato, tráfico de drogas y organización criminal. Ese mismo día, era arrestado por la Guardia Civil en Almería. El crimen que la ley española no dejaba investigar quedaba así resuelto.