El Gobierno ha recortado un 15% los policías contra la violencia de género desde 2012

El número de agentes de la Policía Nacional que atienden a las mujeres víctimas de violencia de género ha descendido un 15% desde que Mariano Rajoy es presidente. De los 1.555 efectivos destinados en las Unidades Especializadas en Violencia de Género en 2012 la cifra se había reducido a 1.322 a 31 de diciembre de 2017, lo que supone 233 agentes menos en esos seis años. Andalucía es la comunidad que concentra la mayor reducción de plantilla, bajando de 378 a 295 policías, 83 menos (22%) en esta área, según una respuesta parlamentaria.

La Comunidad Valenciana es la siguiente región más perjudicada en términos absolutos por los recortes en efectivos policiales especializados en la lucha contra el maltrato a las mujeres, al disminuir la cifra de agentes en 39, pasando de 191 a 152 (20,4%). La plantilla de Murcia se reduce un 25% desde 2012, periodo en el que desciende de 59 a 44 agentes. En el caso de Extremadura pasa de 47 a 37 policías nacionales (21%), porcentaje que también se da en Navarra (de 14 a 11). En Baleares el descenso es de 54 a 43 agentes (20,4%), según reconoce el Ejecutivo en una respuesta parlamentaria a Miguel Ángel Heredia, diputado del PSOE.

El parlamentario socialista subraya que los recortes en estas unidades policiales especializadas en combatir la violencia de género son superiores a la media aplicada por el Gobierno del PP en los efectivos globales de la Policía Nacional: en 2012 había en nuestro país 71.190 agentes de la Policía Nacional por los 64.521 actuales, recuerda Heredia, lo que representa un recorte del 10%. “¿Cómo se entiende que el recorte del número de estos agentes sea mayor que el recorte del conjunto de efectivos de la plantilla? No es decente”, entiende el diputado.

También se muestran críticos con la actual situación en el seno de la propia Policía Nacional. Ramón Cosío, portavoz del Sindicato Unificado de Policía (SUP), mayoritario en la institución, asegura que con la plantilla actual las Unidades de Familia y Mujer (UFAM, destinadas tanto a la protección como a la investigación de los casos de violencia de género), a cada agente dedicado a garantizar la seguridad le corresponde una media de más de medio centenar de mujeres. “Con esas cifras, el policía tiene que centrarse en aquellas mujeres cuya amenaza ha sido catalogada como alta o extrema, y el resto de víctimas atenderlos como buenamente puede. Es imposible en un solo día llamar, acompañar y hablar con todas ellas”, denuncia.

En los cinco últimos años aunque el número de casos activos —aquellos que requieren algún tipo de medidas de protección policial— ha descendido cerca de un 25% tras pasar de los 32.823 en diciembre de 2013 a los 24.801 registrados a finales del año pasado, el de casos catalogados como de riesgo alto o extremo se ha multiplicado por dos, según los datos oficiales del sistema de seguimiento integral en los casos de violencia (VioGén), dependiente del Ministerio del Interior. Así, de las 58 mujeres cuyos casos estaban catalogados como tales hace cinco años, pasaron en 2017 a ser 123 solo en el ámbito de actuación de la Policía Nacional. En toda España la cifra se situó en 235. En lo que va de año ya son 248.

Falta de medios

Las críticas del SUP se dirigen también a la falta de material y ponen como ejemplo la existencia de una sola silla en la Comunidad de Madrid para el traslado de los hijos menores de edad de las víctimas en los coches policiales. “Cuando una mujer acude con su hijo a denunciar y hay que trasladarlos a la casa donde se les va a alojar, nos encontramos con el problema de cómo hacerlo con seguridad para el niño”, añade. “Sin invertir en recursos humanos y materiales será imposible reducir el número de víctimas”, recalcan desde el sindicato.

Heredia considera que el Gobierno “debería haberse tomado en serio” el pacto de Estado contra la violencia de género y haber cumplido con el compromiso económico de incluir 200 millones de euros en los Presupuestos Generales del Estado de 2018 para poner en marcha las medidas previstas en su primer año. “Sin embargo, solo ha incluido 80 millones, desamparando de esta forma no solo a las mujeres víctimas, sino también a los hijos víctimas de la violencia de género”, añade. En el pacto se fijaba que habría una partida “finalista” de 100 millones extras para las comunidades y de 20 para los Ayuntamientos. No obstante, en el proyecto que presentó el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, no figuraban. La ministra de Sanidad, Dolors Montserrat, justificó que esos 100 millones extras saldrán de los 4.000 millones en que aumentarían las aportaciones a las autonomías así como de la partida destinada a los municipios.