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Coalición Canaria: 25 años de hegemonía inesperada

Los nacionalistas gobiernan la región desde 1993 a pesar de ser la tercera fuerza en votos

Paulino Rivero (derecha) y José Carlos Mauricio, en un mitin de CC en febrero de 1996.
Paulino Rivero (derecha) y José Carlos Mauricio, en un mitin de CC en febrero de 1996.

Cuando Coalición Canaria (CC) se creó tras la moción de censura de marzo de 1993 contra el socialista Jerónimo Saavedra, que gobernaba con los insularistas conservadores, muchos pensaron que no duraría un telediario. Pero esta formación, en la que se mezclaron los propios insularistas —que traicionaron a Saavedra de la noche a la mañana—, centristas de la órbita de Adolfo Suárez, comunistas y nacionalistas de izquierdas, lleva 25 años gobernando, a pesar de no haber ganado las elecciones en votos desde 2003.

La ley electoral canaria, que convirtió en las últimas elecciones a CC en la primera fuerza en escaños, 18 de 60, pese a ser el tercer partido en votos —logró el 18,19%, por detrás de PSOE y PP—, es clave para explicar una hegemonía que se construye en torno a las circunscripciones insulares. "El sistema beneficia a CC, que nació en parte de fuerzas insularistas bien implantadas en casi todas las islas menores, que están muy sobrerrepresentadas y con menor movilidad del voto", comenta Vicente Mújica, portavoz de Demócratas para el Cambio, una plataforma que defiende la reforma electoral, cuestión que se discute actualmente en el Parlamento canario. Y es que el 83% de la población, quienes viven en Tenerife y Gran Canaria, tiene los mismos diputados que el 17% que vive en las islas menores.

"Este sistema electoral es anterior a Coalición Canaria y permitió al PSOE sacar 27 diputados en 1983", replica Guadalupe González Taño, secretaria de Organización de CC. "La actual ley obedece a un principio de equilibrio y solidaridad", defiende. "Todavía hay muchos problemas en las islas menores, donde algunos jóvenes se marchan porque piensan que viven en un sitio peor que Tenerife o Gran Canaria".

Coalición Canaria ha aprovechado el antagonismo a escala nacional entre PP y PSOE para mantenerse en el poder, a pesar de que hay sectores de ambos partidos en las islas dispuestos a unirse para enviar a CC a la oposición. En 2007, cuando el exministro socialista Juan Fernando López Aguilar ganó las elecciones canarias, el candidato nacionalista, Paulino Rivero, gobernó con el PP de José Manuel Soria. Cuatro años después, cuando Soria ganó en Canarias, Rivero cambió de socio y gobernó con el PSOE. Ahora, CC acaba de pactar con el PP el presupuesto de la comunidad.

La definición ideológica de CC siempre ha sido problemática. Para Antonio González Viéitez, exconsejero de Política Territorial, histórico de la izquierda canaria que abandonó CC en 1996, "la deriva derechista en CC fue muy marcada a partir del pacto con el PP de ese año y para una buena parte de la izquierda fue algo intragable". Un análisis muy diferente al que hace Ana Oramas, diputada de CC, que recuerda que figuras actuales del partido provienen de esa izquierda, como el alcalde de La Laguna, José Alberto Díaz.

CC ha penetrado en el tejido social de pueblos y barrios a través de asociaciones de vecinos a cuyos actos y comidas acuden muchas veces sus dirigentes, lo que para algunos partidos de la oposición es una mezcla de populismo y clientelismo. "Son prácticas neocaciquiles, una actualización de formas muy viejas de hacer política", afirma López Aguilar. "Si lo hacen otros es participación ciudadana; si lo hacemos nosotros es clientelismo. Tenemos que estar en la calle todavía más", responde González Taño.

En el camino se ha producido la consolidación de Nueva Canarias en Gran Canaria, el sector progresista escindido de CC en 2005, que la ha convertido en un partido irrelevante en esa isla, la segunda en habitantes. Y, por último, están las secuelas de la durísima batalla por el liderazgo interno entre el actual presidente del Gobierno regional, Fernando Clavijo, y su antecesor, Paulino Rivero, que firmó un manifiesto contra la nueva Ley del Suelo impulsada por Clavijo, en el que se le acusaba de convertir el territorio "en mercancía". 

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