El Gobierno alemán no vetará la extradición de Puigdemont si la decide la justicia

El destino de Carles Puigdemont será una celda en España si la Justicia alemana aprueba su extradición. La defensa del expresident esperaba evitar su extradición involucrando políticamente al Ejecutivo para que se mostrara en contra de esa medida, pero como ha revelado este viernes la revista Der Spiegel, el Gobierno alemán no tiene la intención de vetar la decisión de la Justicia sobre la petición de extradición, aunque tiene la facultad para hacerlo. Mientras, el expresidente catalán permanece preso en la cárcel germana de Neumünster.

Según el semanario, que cita fuentes gubernamentales, un veto del Gobierno a la extradición de Puigdemont podría ser considerado en el país como una “afrenta jurídico-política hacia los Estados federados”, a los que se han transferido las competencias para autorizar las extradiciones.  

La fiscalía regional de Schleswig (Alemania), en el Estado federado donde fue detenido, estudia la euroorden española y propondrá o no su extradición en los próximos días al tribunal superior regional, competente para tomar la decisión definitiva sobre la posible extradición. Der Spiegel también revela que la Fiscalía se ha puesto ya de acuerdo con el Ministerio alemán de Justicia, que no tiene intención de vetar una eventual extradición.

El domingo pasado, tras conocerse la detención de Puigdemont en una autopista alemana poco después de haber cruzado la frontera danesa, la ministra de Justicia, Katarina Barley, el ministro de Asuntos Exteriores, Heiko Maas, el responsable de la Cancillería, Helge Braun y el secretario de Estado de Interior, Hans Georg Engelke, hablaron por teléfono para analizar las consecuencias de la detención y también adoptar una posición común sobre la actuación del Gobierno en el caso en que la Justicia decidiera la extradición. Los cuatro altos cargos llegaron rápidamente al acuerdo de que en el caso Puigdemont, a pesar de su importancia, no debería haber ninguna “intromisión política”.

Aunque el destino de Puigdemont está en manos de la justicia alemana, su detención y posterior traslado a la cárcel de Neumünster ha inquietado al Gobierno alemán, que se vio obligado en varias ruedas de prensa a sostener que el conflicto catalán era un asunto interno de España. “Debe resolverse sobre la base de la Constitución española y en el marco del Estado de Derecho", dijo el miércoles pasado el portavoz de la canciller, Steffen Seibert.

Unas declaraciones de Wolfgang Schomburg al periódico Süddeutsche Zeitung complicaron la posición que defendía el portavoz. El eminente jurista, que ha asumido la defensa de Puigdemont, afirmó que el Gobierno debía rechazar su extradición. Según el abogado la autorización política es necesaria por las acusaciones que existen contra el expresidente catalán. “Acusarlo de violencia es insostenible e imputarlo por corrupción, aventurado”, dijo Schomburg al periódico de Munich y anunció que recurriría al Tribunal Constitucional si la justicia de Schleswig-Holstein no dejaba en libertad a su cliente.

La decisión de extraditar a Puigdemont corresponde al Tribunal Superior Regional de Schleswig-Holstein pero la ley alemana también establece que el consentimiento último corresponde al Gobierno. Aun así, el presidente del Parlamento Federal, Wolfgang Schäuble, ha rechazado una injerencia de la política en el proceso de extradición. “Debemos seguir la normativa de la orden de detención europea”, dijo el exministro de Finanzas al grupo alemán de medios Funke. “La decisión sobre Puigdemont parece ser todo menos trivial. Ahora esta en manos de la Justicia, en la que tengo plena confianza”, añadió.

Puigdemont, procesado en España por rebelión y malversación de fondos públicos en el marco del proceso secesionista, fue detenido el pasado domingo en el norte de Alemania poco después de cruzar la frontera danesa y enviado a prisión mientras la Fiscalía del estado de Schleswig Holstein estudia la euroorden española.

En declaraciones a Der Spiegel, el expresidente el Tribunal Supremo Thomas Fischer consideró que "no es evidente que el señor Puigdemont tuviera la intención de desestabilizar España por medio de la violencia".