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Puigdemont denuncia a Ana Rosa Quintana en Bélgica por difundir sus mensajes con Comín

El abogado del expresidente dice que la captación de la pantalla de su móvil es delito para la justicia belga

Los mensajes atribuidos a Puigdemont. VÍDEO: Atlas-Quality

Los abogados belgas del expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont y el exconseller Toni Comín han presentado una querella contra Ana Rosa Quintana y los dos cámaras de Telecinco que captaron los mensajes de texto que se intercambiaron a finales de enero en un acto en Bruselas, en los que Puigdemont aseguraba que había sido "sacrificado" por los suyos, decía "esto se ha terminado" [en referencia al procés], lamentaba que "el plan Moncloa triunfa" y subrayaba que vivían "los últimos días de la Catalunya republicana". Así lo han anunciado los consejeros legales de Puigdemont en Bélgica Paul Bekaert y Christophe Marchand.

"Hemos presentado una querella ayer ante un juez de instrucción de Lovaina en nombre de Carles Puigdemont y Toni Comín por violación de la vida privada contra los dos cámaras y Ana Rosa por filmar y difundir mensajes de su smartphone el 31 de enero", ha explicado a Europa Press el abogado Christophe Marchand, que forma parte del equipo jurídico que representa al expresidente y exconsellers catalanes en Bélgica. Bekaert ha añadido que Quintana y los dos miembros de su equipo denunciados, Luis Navarro y Fernando Hernández, serán "llamados para interrogarles" en Bélgica.

"Se filmaron durante 50 minutos mensajes privados que el presidente había intercambiado con Toni Comín", ha denunciado el abogado, que ha recordado que captar y difundir "comunicaciones privadas" sin "autorización" de las partes constituye "un delito según el Derecho belga" de "atentado de la vida privada", castigado con "penas de prisión de entre seis meses a un máximo de tres años". El letrado Bekaert ha descartado que la justicia belga solicite a España la entrega de los implicados en caso de que rechacen comparecer ante las autoridades, y ha estmiado que en ese caso "serán juzgados en ausencia", informa Efe.

Marchand ha asegurado que "el objetivo no es meter a periodistas en la cárcel" sino "subrayar la importancia de la vida privada", al tiempo que ha afeado, debido a la gran atención mediática en torno al caso de Puigdemont, que "los medios españoles a veces han actuado en violación de los principios básicos de la deontología periodística". "Tenemos a personas que están en Bélgica como refugiados, en el exilio, que están en situación bastante vulnerable, que son objeto de una presión mediática muy importante", ha incidido.

El letrado belga, que no ha podido anticipar cuándo el Tribunal de Lovaina citará a las partes demandadas, ha dejado claro que "los periodistas tienen derecho de informar como quieren, pero dentro de los límites marcados" y ha insistido en que "robar informaciones" constituye "una violación de la ley penal". "Se necesita un consentimiento libre, claro y evidente. No fue el caso aquí", ha recordado.

La presentadora de Telecinco publicó el pasado 31 de enero los mensajes grabados en el teléfono de Comín un día antes, cuando asistía en sustitución de Puigdemont a un acto político en Lovaina organizado por el partido nacionalista flamenco NV-A. "Esto se ha terminado. Los nuestros nos han sacrificado (...) El plan de Moncloa triunfa", le decía Puigdemont en esos mensajes enviados a través de la aplicación Signal al que fuera su consejero regional de Sanidad, fugado con él a Bélgica hace cinco meses. El código penal belga prevé penas de entre seis meses y tres años de cárcel por difundir mensajes privados sin consentimiento, informa Efe.

Respecto a la presunta baliza que habría sido instalada en un vehículo utilizado habitualmente por el expresidente Puigdemont en Bélgica para permitir su seguimiento, Marchand ha explicado que no han interpuesto una demanda ante la justicia belga por esta cuestión: "No hemos puesto una querella", ha asegurado.

"La baliza no la han puesto ni la policía belga ni los servicios de inteligencia belgas. Está prohibido, esto es un delito. Es un atentado contra la vida privada, podría conllevar una pena de cárcel", ha explicado el abogado, que no ha podido precisar si las autoridades belgas han abierto una investigación de oficio al respecto. "No estoy al tanto de si se ha abierto una investigación al respecto", ha admitido.

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