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Camino al desierto

Los agentes del sector piden estudiar todas las soluciones tecnológicas y de ahorro para evitar cortes generalizados en España

Estado del pantano de Barrios de Luna (León), al 7% de su capacidad, en agosto de 2017.
Estado del pantano de Barrios de Luna (León), al 7% de su capacidad, en agosto de 2017.

El alargamiento de los periodos de sequía y el aumento del consumo de agua empujan a la desertización española. “Las últimas lluvias han recuperado hasta el 47% de la capacidad media de la suma de todos los pantanos. Hace un año se encontraban al 58%, y la media de los últimos 10 años es de casi el 67% en esta época del año. No ha finalizado el periodo de sequía”, resume Enrique Aymerich, profesor de la Escuela de Ingenieros de la Universidad de Navarra. El temporal Ana llegó el pasado mes de diciembre para sacar a Vigo de casi 15 meses de sequía y con restricciones de suministro. ¿Se reproducirá esta situación en otras ciudades españolas?

“Las sequías son ciclos naturales de la Tierra, ahora están aceleradas por la huella del hombre. La cuantía del agua de lluvia disminuye un 20% desde mediados del pasado siglo hasta mediados del presente en España, es muy grave en un país donde el 80% de su superficie sufre sequía en algún momento del año”, afirma Juan José Irigoyen Iparrea, profesor de Ciencias Ambientales de la Universidad de Navarra. España tiene unas redes de pantanos y de desaladoras referenciales en todo el mundo. Los trasvases también han solucionado problemas. ¿Es suficiente?

Estado del pantano de Barrios de Luna (León), al 60%, en marzo de 2018. ampliar foto
Estado del pantano de Barrios de Luna (León), al 60%, en marzo de 2018.

España es pionera en pantanos por su climatología: el primero data de la época de los romanos. “Alternamos las épocas de sequías con las de lluvias torrenciales y el cambio climático lo agudiza. Por eso tenemos 1.200 pantanos que guardan el agua de las lluvias torrenciales y evitan los desbordamientos aguas arriba de las presas. Sin ellos no se garantizaría el agua potable y solo se aprovecharía el 8% de la que fluye de forma natural por los ríos. Estamos construyendo 25 nuevas presas, y no caben muchas más. Desconozco si así se asegura el suministro del futuro”, expone Ignacio Escuder Bueno, presidente del Comité Nacional Español de Grandes Presas (Spancold).

La desalación tampoco presenta ya mucho recorrido. España tiene más de 900 desaladoras, algunas son meras instalaciones de hoteles, y la mayoría se concentra en el Mediterráneo. “Somos la tercera potencia mundial en desalación, tras Arabia Saudí y Emiratos, con una capacidad de cuatro millones de metros cúbicos al día. El consumo de energía de las desaladoras eleva el precio del agua desalada y es difícil trasladar ese coste al consumidor final. Por eso, hay un escaso uso de la desalación, del 15% en muchos casos”, asegura Alberto Martín Rivals, socio responsable de Energía de KPMG en España.

Control de la demanda

La reutilización del agua podría aumentar la oferta. “El 88% del agua depurada revierte al río o al mar, y el restante 12% sufre sucesivos procesos de regeneración para utilizarse en agricultura, campos de golf, jardines urbanos o recargas de acuíferos. El precio de estos segundos procesos limita una mayor implantación del uso del agua depurada”, explica Enrique Aymerich.

Se impone, entonces, el ahorro. “El control de la demanda es fundamental, desde el simple ahorro ciudadano hasta el aumento de la eficiencia de las redes de riego agrícolas y urbanas de todo tipo. Se desaprovecha mucha agua, y debemos gestionar todos los recursos de forma coordinada para evitarlo”, apunta Milagros Couchoud, portavoz del World Water Council para España.

El gestor

El plan hidrológico nacional es la figura legal para responder a los problemas de sequía, inundación o sobreexplotación de los acuíferos. Los técnicos denuncian que tiene datos desactualizados y piden remediarlo.

El agua es un bien público de competencia estatal, que se gestiona por demarcaciones hidrográficas que corresponden a las cuencas de los ríos, según mandato de la directiva marco del agua. Las demarcaciones de los grandes ríos son de competencia estatal.

La agricultura absorbe alrededor del 80% del agua dulce consumida en España, es donde más se puede ahorrar. “Los regadíos convencionales por aspersión y riego por superficie son los más frecuentes y en ambos se pierde mucha agua. La alternativa son los riegos de precisión por goteo o subterráneos (tubos porosos de los embalses a los cultivos), ahorran de un 30% a un 60% de agua, según cultivo. Se implantan en Navarra, Almería y Huelva, pero son soluciones muy caras en cultivos extensivos, como el de la uva de Castilla. En Valencia, Andalucía o Navarra se empiezan a utilizar sensores y drones para medir la necesidad de agua en cada planta, también son muy caros”, cuenta Irigoyen.

Para que la inversión en estas tecnologías no repercuta en el precio de la producción agrícola, “los agricultores han utilizado fondos Feder. El problema es que el agua ahorrada no ha quedado en los ríos, sino que ha sido utilizada para aumentar la superficie de agricultura intensiva, con lo que se sigue gastando el mismo volumen de agua”, denuncia Rafael Seiz, técnico del Programa de Agua de WWF.

Julio Barea, responsable de la campaña de aguas de Greenpeace, apuesta por “reducir la superficie de regadío, está sobredimensionada; eliminar cultivos impropios del clima español, como el maíz, que necesita 12.000 metros cúbicos de agua por hectárea en cada cosecha, y recuperar el almendro, el olivo o la vid, cultivos de secano que teníamos en España”. “No podemos mantener casi cuatro millones de hectáreas de regadío y decenas de miles de hectáreas más que son ilegales”, advierte.

Pozos ilegales

No es el único problema. El agua ­subterránea se utiliza de forma descontrolada. “La administración contabilizó unos 510.000 grandes pozos ilegales en 2006, que extraían el agua equivalente al consumo de 58 millones de personas al año. Se usan, sobre todo, para la agricultura. El agua subterránea es nuestra futura reserva, los pozos ilegales son un suicidio”, denuncia Julio Barea.

El consumo de energía de las desaladoras eleva el precio del agua tratada y es difícil trasladar ese coste al consumidor

“Hay que estudiar el problema del agua de forma holística, poner sobre la mesa las soluciones para analizar el coste y el beneficio de cada una. Si no se hace, podemos sufrir problemas de agua, sobre todo en la agricultura, pues el abastecimiento de las ciu­dades es prioritario”, aconseja Carlos Benítez, portavoz del Foro para la Ingeniería de Excelencia (Fidex).