El Defensor describe un sistema de asilo colapsado e “insostenible”

España cuenta con un sistema de acogida de refugiados absolutamente "insostenible", según concluye de forma contundente el informe anual del Defensor del Pueblo presentado este lunes, donde la institución describe la falta de previsión y capacidad del Gobierno de Mariano Rajoy para planificar "las medidas de choque necesarias ante el aumento exponencial de solicitudes en un periodo corto de tiempo". Según los datos recabados por el organismo encabezada por Francisco Fernández Marugán, en 2017 se presentaron más de 40.000 peticiones de protección internacional en la Oficina de Asilo, que se suman a las más de 30.000 que se encontraban pendientes de resolver de años anteriores.

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"La situación en España exige actuaciones inmediatas que no permiten más demora", continúa el documento, donde se insiste en que este problema afecta a la "credibilidad" internacional del país. Y, aunque el informe reconoce los esfuerzos de la Administración para paliar las deficiencias del sistema de asilo, los considera insuficientes. El Defensor relata cómo potenciales refugiados ni siquiera pueden presentar su solicitud porque no consiguen cita en la Oficina debido al colapso y cómo se incumplen los plazos previstos en la legislación para ofrecer una respuesta a los solicitantes.

A esto se suma, en opinión de Fernández Marugán, la "incomprensible" demora en la publicación de un reglamento de Asilo previsto en la ley de 2009 y que acumula ya nueve años de retraso. "Esta ausencia de desarrollo reglamentario afecta gravemente a las personas solicitantes de protección internacional en cuestiones tan importantes como la reagrupación familiar", apunta, antes de especificar que las competencias en esta materia recaen sobre dos ministerios distintos —Interior y Empleo— y que, pese a la creación de una comisión interministerial en 2015 para la denominada crisis de los refugiados, existen "carencias de coordinación". En ese sentido, el Defensor insta al Ejecutivo a abordar una "revisión orgánica y funcional profunda para dotar de mayor eficacia a la gestión del servicio público".

La institución enmarca, además, esta batería de déficits en la falta de una "política migratoria que contemple todo el fenómeno en su totalidad". Marugán habla de "carencias estructurales" en la gestión de los procedimientos para obtener la nacionalidad, con más de 400.000 expedientes pendientes de resolver en la Dirección General de los Registros y del Notariado; de un sistema de Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) que requieren una "profunda reforma"; cuestiona el uso de la cárcel de Archidona como CIE el pasado noviembre; y denuncia la falta de protocolos para la asistencia y acogida de los inmigrantes llegados a España en pateras.

El pasado año, más de 29.000 personas arribaron a las costas. "Ha llegado el momento de analizar la experiencia acumulada, aprender de los errores cometidos y planificar de una forma ordenada la atención a las personas que seguirán intentando alcanzar Europa", reclama el Defensor del Pueblo, que recupera la idea de poner en marcha una Agencia Estatal de Inmigración y Emigración, que se creó en 2006, pero que nunca llegó a implementarse y que el Gobierno de Rajoy suprimió en 2015. Este organismo, según Marugán, debería reforzar financieramente a las comunidades con mayor población inmigrante a través de un fondo presupuestario de dotación mixta del Estado y las autonomías.

Medidas para redistribuir la renta

La presentación del informe anual del Defensor del Pueblo se ha convertido este lunes, también, en un contundente alegato contra las políticas de austeridad desarrolladas por el Gobierno. El máximo responsable de la institución, Francisco Fernández Marugán, ha denunciado que la aplicación de estas medidas durante la crisis ha generado "un pozo de desigualdad sin precedentes y dañado al entramado institucional". Y, además, ha añadido que la mera salida de la crisis no reduce esta tendencia y que debe "corregirse con una política activa y decidida de redistribución de la renta", así como con la reforma del sistema de financiación autonómico.

"Ahora que la economía se encuentra en un claro proceso de recuperación, se abre una oportunidad para revisar el funcionamiento de las políticas sociales", ha añadido Fernández Marugán durante la entrega de su informe anual a los presidentes del Congreso y Senado, Ana Pastor y Pío García Escudero. Un documento que incide, según la propia institución, en la "mala prestación de determinados servicios públicos" por los efectos de la crisis; y la caída en gasto sanitario y educativo, que se ha desplomado en 5.341 y 4.778 millones, respectivamente, desde 2009.

Este descenso ha provocado "un malestar" de los ciudadanos que continúa y que se traduce también en el aumento de las quejas llegadas al Defensor del Pueblo. En 2017, la institución tramitó 25.776 expedientes, un 48% más que el año anterior. "La mejora de las políticas sociales incidiría en la renta y en el consumo de colectivos que todavía no alcanzan a cubrir con dignidad sus necesidades básicas: como los jubilados, los parados de larga duración, las personas dependientes o los jóvenes sin trabajo", ha destacado Marugán. El Defensor ha considerado que las consecuencias de la reducción de la inversión pública "hasta mínimos históricos" no se solucionan ya con nuevas políticas sociales, sino con una "reforma urgente del actual sistema de financiación de las comunidades autónomas".

Según ha destacado Marugán, la desigualdad se ha agudizado en los últimos años debido a la aplicación de políticas públicas que han tratado de "recuperar competitividad vía salarios". "Además, el mercado de trabajo español tiene características que potencian la desigualdad, como son la fragilidad del empleo, las elevadas tasas de temporalidad y la evolución de los salarios", añade el Defensor del Pueblo. "Es hora de orientar la política económica hacia terrenos más equilibrados, conducirla a territorios más amplios y comprometidos", ha remarcado el representante de la institución, que ha advertido que, si no se producen cambios en las políticas redistributivas, el malestar social "se acentuará".