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Una mujer de Málaga, acusada de cobrar durante 23 años 130.000 euros de la pensión de su padre muerto

La presunta estafadora se enfrenta a una pena de prisión de seis años y a una multa de más de 4.000 euros

Instituto Social de la Marina de Málaga.
Instituto Social de la Marina de Málaga.

Una mujer de Málaga se enfrenta a seis años de prisión por supuestamente cobrar durante 20 años la pensión de su padre fallecido y quedarse indebidamente con 130.230 euros entre 1997 y 2016. P. R. D. está acusada de un delito de estafa por la Fiscalía, que también reclama la devolución de 102.970 euros (el resto ya está abonado), ella directamente o de forma subsidiaria la entidad financiera donde se ingresó la pensión. El ministerio público, en su calificación provisional de los hechos, critica el “comportamiento descuidado” del banco.

La acusada era titular junto a sus padres de una cuenta bancaria en la que su progenitor, fallecido en marzo de 1995, ingresaba una pensión del Instituto Social de la Marina. La madre murió antes que él. La Fiscalía sostiene que entre enero de 1997 y abril de 2013 se percibieron irregularmente 103.187 euros; y entre mayo de este último año y junio de 2016, un total de 27.043. La cifra total asciende a 130.230 euros.

De esa cantidad, inicialmente solo se pudieron recuperar 217 euros, según adelanta el diario Sur. El banco, como responsable “solidario”, ha abonado hasta ahora 27.043 euros. La acusada no comunicó a la Seguridad Social el fallecimiento de su padre, que tampoco puso en conocimiento de la entidad financiera, y esa “ocultación” de la muerte facilitó que la pensión de jubilación se siguiera abonando sin contratiempos.

Esta situación se prolongó durante dos décadas. La Fiscalía alude que la mujer se aprovechó del “comportamiento descuidado” del banco, que incumplió su “obligación de control de la pervivencia del beneficiario de la pensión”, precisa el escrito provisional de la Fiscalía. Este deber está dispuesto, recuerda el ministerio público, en una orden del Ministerio de Trabajo de febrero de 1996.

P. R. D. está considerada autora de un delito de estafa y, además de la petición de seis años de cárcel, la fiscalía solicita para ella una multa de 4.320 euros y que sea inhabilitada para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena. También se reclama que, por la vía de la responsabilidad civil, la acusada directamente y la entidad bancaria, de forma subsidiaria, indemnicen al Instituto Social de la Marina con los 102.970 euros que no se han devuelto.

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