Las autonomías más despobladas se unen para negociar la financiación

Los presidentes de Galicia, Castilla y León, Aragón y Asturias han establecido contactos con los de Castilla-La Mancha y Extremadura para ampliar el frente con el que defenderán que la nueva financiación autonómica tenga en cuenta la despoblación de sus comunidades y la dispersión y el envejecimiento de sus poblaciones. Esa alianza entre líderes del PP y del PSOE, que también podría extenderse a La Rioja, se basa en la coincidencia de intereses, según fuentes conocedoras de su estrategia. Las siete comunidades forman ya el Foro de Regiones españolas con Desafíos Demográficos.

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Emiliano García Page, el presidente socialista de Castilla-La Mancha, avanzó ayer que “convalida”, “respalda” y muestra su acuerdo con lo firmado el lunes por los presidentes de Galicia, Castilla y León, Aragón y Asturias. El líder socialista, que ha puesto el acento en garantizar el gasto social, está estudiando unirse formalmente a ese grupo, según fuentes de su equipo.

Además, el gabinete del presidente de La Rioja, el popular Juan Ignacio Ceniceros, aclaró que los contactos que ha habido entre el resto de líderes aún no le han incluido, pero avanzó su predisposición a unirse al grupo de presidentes autonómicos.

No es ese el caso del presidente de Extremadura, Guillermo Fernández Vara. Los socialistas extremeños reconocieron ayer coincidir “casi al cien por cien, por no decir al cien por cien” con los principios consensuados por Galicia, Castilla y León, Aragón y Asturias. Sin embargo, matizaron que prefieren reuniones más discretas, sin fotos protocolarias, que favorezcan el trabajo de fondo y eviten la sensación de que “se está troceando el país”. Extremadura plantea que lo prioritario es que el Gobierno presente su proyecto. Y se opone a crear frentes que dificulten la negociación.

La despoblación, el envejecimiento y la apuesta por que se tenga en cuenta el coste efectivo de los servicios es el punto en común que está permitiendo acercarse a los presidentes por encima de sus siglas. Sus conversaciones al margen del Ejecutivo muestran las dificultades que tendrá el Gobierno para alcanzar un pacto global. También, que la negociación de ese acuerdo tendrá que tener en cuenta múltiples puntos de fricción y alianza.

Así, Andalucía, que tiene unos intereses opuestos a los de las autonomías más despobladas, defendió ayer públicamente uno de los acuerdos alcanzados por estas el lunes.

Juan Carlos Blanco, portavoz del Ejecutivo andaluz, también se sumó a la exigencia de que la negociación de la financiación sea multilateral —en el consejo de política fiscal y financiera o en la conferencia de presidentes— y no bilateral —entre las direcciones nacionales del PP y del PSOE, como barajan Mariano Rajoy y Pedro Sánchez—.

Todas las comunidades coinciden en que no pueden esperar más a que se afronte la renovación del sistema, que está pendiente desde 2014. No obstante, sus diferencias son de calado. Los representantes de Madrid, Islas Baleares o Cataluña apuestan porque prime la capacidad recaudatoria. Otros quieren imponer el criterio de población, defendido por Andalucía y Castilla-La Mancha. Y hay comunidades, como la Valenciana o Murcia, que piden que se tenga en cuenta su endeudamiento e infrafinanciación.