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Monárquicos pragmáticos

Miguel Herrero, Ana Camps, Juanjo Laborda y Lamo de Espinosa defienden la rentabilidad de la Corona para España

El Rey y la Reina durante la entrega de los premios nacionales del deporte, en el Palacio de El Pardo el pasado lunes. Ampliar foto
El Rey y la Reina durante la entrega de los premios nacionales del deporte, en el Palacio de El Pardo el pasado lunes. GETTY IMAGES

“Es necesario que algo siga igual para que todo pueda cambiar”. Con esta antilampedusiana fórmula explica Emilio Lamo de Espinosa, presidente del Real Instituto Elcano, la paradoja de que algunos de los países más avanzados del mundo en términos económicos, sociales, culturales o morales se aferren a un régimen político tan anacrónico como la Monarquía. “Lejos de ser un freno, la Corona facilita el cambio, al dotar a la sociedad del tranquilizador paraguas que representa su estabilidad”, asegura.

En España no hay monárquicos, ni siquiera Franco lo era, como demostró resistiéndose durante décadas a la restauración de los borbones, por lo que sus defensores deben apelar más a la razón que al corazón. Ante la dicotomía Monarquía o República, la filósofa Victoria Camps considera “absurdo tomar partido desde un punto de vista teórico o abstracto” y agrega que la elección “tiene que ver más con las consecuencias que con los principios”.

Demostrar que la Monarquía es rentable para España es el objetivo del cuaderno elaborado por el Círculo Cívico de Opinión, del que ha sido ponente el propio Lamo de Espinosa. Su idea parte de comparar las ocho monarquías parlamentarias que hay en el mundo, al margen de algún microestado (Bélgica, Dinamarca, España, Holanda, Japón, Noruega, Reino Unido y Suecia) y constatar que seis de ellas (incluida España) figuran en la lista de las 19 democracias completas elaborada por The Economist, que todas están en los 30 primeros puestos del índice de Desarrollo Humano de Naciones Unidas y que su renta supera los 38.000 dólares per cápita. “La conclusión, empíricamente acreditada”, asegura el estudio, “es que los países con monarquías parlamentarias son algunos de los mejores del mundo”. Otra cosa es que haya alguna relación entre ambos hechos.

El estudio asegura que “sí tiene alguna influencia, sin pretender que sea el valor exclusivo o determinante”, y subraya una serie de ventajas que asocia a la Monarquía. Entre otras, la neutralidad y apartidismo del jefe del Estado, que puede representar al conjunto de la sociedad, frente al presidente electo, que lo es sólo por una parte; y su estabilidad, que le permite actuar pensando en las futuras generaciones y no en las próximas elecciones, como todo cargo sometido a las urnas. A su papel de símbolo de la unidad nacional une el de “mejor embajador” ante el mundo; durante su reinado, Juan Carlos visitó más de 100 países y trató con siete presidentes de EE UU, lo que le dotaba de una agenda internacional de valor incalculable, como recuerda el expresidente del Senado Juan José Laborda.

No se trata, matiza Miguel Herrero de Miñón, padre de la Constitución, de cualquier Monarquía, sino de la parlamentaria, “la única posible en el siglo XXI”, que se caracteriza porque la soberanía reside exclusivamente en el pueblo y solo el Parlamento pone y quita gobiernos. De esta definición se quedan fuera no solo las monarquías autocráticas del Golfo sino también las de Marruecos o Jordania.

Basar el respaldo a la Monarquía en su eficacia y no en esencias originarias la obliga, advierte Victoria Camps, “a ganarse la legitimidad cada día”, a demostrar que es útil, rentable, barata. Porque el debate entre Monarquía y República “se está produciendo de manera natural, especialmente entre las generaciones posteriores a la transición” que no vivieron el 23-F, advierte Benigno Pendás, director del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales. Convencerles de que la Monarquía no es un lujo superfluo, que en el mejor de los casos se conlleva, sino la garantía última del buen funcionamiento de una democracia avanzada requiere un constante ejercicio de ejemplaridad.

El Consejo de Transparencia, en su informe del año pasado, daba a la Casa del Rey una nota de 9,42 sobre 10, la cuarta entre los 15 órganos constitucionales, muy por delante del Congreso o el Senado. Aunque la nota que de verdad importa la ponen los ciudadanos.

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