Los partidos piden un fondo para desigualdades regionales en el pacto educativo

Tres reuniones semanales de varias horas y 15 puntos de un guion que deben desarrollar y acordar antes de mayo. Así prosigue el calendario de actuaciones fijado por los cuatro grandes partidos para alcanzar un pacto de Estado inédito en democracia. Tocarán desde la peliaguda financiación al peso de la enseñanza concertada (privada financiada con fondos públicos), la formación y la carrera de los profesores —que todos dicen querer modificar desde hace años pero que no avanza más allá de sucesivos anuncios como el MIR educativo—, a la religión o la Formación Profesional.

La situación económica de la educación española parte con desventaja respecto a Europa y la OCDE, con menos del 4% del PIB en inversiones y una reducción de 8.000 millones de euros en gasto educativo  durante la crisis hasta los 46.114 que se prevén alcanzar en 2018. Y con una profunda brecha entre comunidades autónomas, que son las que gestionan más del 80% del gasto educativo y las responsables de aplicar las políticas.

Según los últimos datos oficiales disponibles, correspondientes a 2014, País Vasco destina el doble de dinero por estudiante y año (8.976 euros) que Madrid (4.443 euros) o Andalucía (4.510), aunque la comparación del gasto por alumno deja fuera variables como mayor o menor población o dispersión geográfica. Euskadi es también la comunidad con menos abandono educativo temprano. El gasto es una de las variables que influyen en los resultados académicos, con otras como el nivel socioeconómico de las familias o la figura del profesor. En parte, la brecha norte-sur en resultados educativos (con hasta tres veces más abandono en Murcia y Andalucía que en el País Vasco) coincide con la brecha por inversión por alumno, con excepciones como el caso de Madrid, entre las peor financiadas pero con buenos resultados.

Con este escenario de fondo, los representantes de los cuatro partidos han presentado este martes sus propuestas iniciales de financiación para debatir. La iniciativa con más consenso, de momento, es un fondo de cohesión interterritorial para eliminar las diferencias regionales —propuesto por PP y Ciudadanos y aceptado por PSOE— sobre el que todos coinciden en que quedaría en papel mojado sin una clara implicación de las comunidades autónomas, gobernadas mayoritariamente a día de hoy por PP y PSOE.

Falta de concreción

Distintos expertos consultados valoran la iniciativa de un fondo de cohesión aunque advierten de que le falta concreción y añaden matices. Lucas Gortazar, investigador de la Universidad del País Vasco, recuerda que el Estado no tiene competencias para fijar el gasto por alumno de cada comunidad y reclama un análisis detallado del gasto más allá de invertir el doble o la mitad. “No puedes comparar una comunidad con población rural ni equiparar salarios de profesores en Jaén y San Sebastián”, señala. Miguel Recio, responsable de estudios de Educación de CC OO, cree que “es necesario, pero no puede suponer que el Estado gaste igual o menos. Si ahora aporta el 5% del gasto educativo, debería doblar la cantidad. Y fijar grandes objetivos, como universalizar la oferta pública, reducir el fracaso escolar o la atención a la diversidad”.

El PP es el único partido que no da ninguna cifra económica para empezar a debatir. La diputada Sandra Moneo defiende que las cantidades se deben ajustar al final de la negociación, con todos los puntos ya acordados. Y, desde el partido que gobierna, reclama un sistema de financiación “sostenible, transparente y eficiente”.

El PSOE, que ha llevado la propuesta más detallada, critica que la negociación empiece sin números. “No es serio que el PP no ponga ni una sola cifra encima de la mesa”, critica la diputada socialista María Luz Martínez Seijo. “Compartimos que exista un marco de financiación autonómica pero con un compromiso económico. Tenemos que saber que hay algo para pagar”.

Ciudadanos comparte que el dinero se concrete al final de la negociación, pero ayer ya dio una primera estimación de gasto por alumno que debería quedar “blindada”, según explicó la diputada Marta Martín, que rechaza que el compromiso de inversión se mida como un porcentaje del PIB, que “no garantiza ni la equidad ni la suficiencia” puesto que si baja el presupuesto global el dinero para educación caería.

“Hay que saber para qué se quiere el fondo común y trabajar con las comunidades, no sobre ellas”, señala el diputado de Podemos Javier Sánchez, que ve con recelo la iniciativa. Su propuesta de financiación prevé fondos a repartir para mejorar las infraestructuras, recuperar la inversión en la etapa inicial de educación infantil (de cero a tres años de edad) o garantizar la gratuidad del material escolar. Sánchez admite que es poco optimista sobre la posibilidad de llegar a un acuerdo. Las reuniones prosiguen hoy.