El funcionario que ha trabajado solo 18 meses en 15 años encadenando vacaciones y bajas

Para la mayoría de la gente es simplemente un caradura. Para otros, en cambio, no es más que un trabajador enfermo. Hay incluso quienes se refieren a él con un punto de admiración y otro tanto de envidia. Un funcionario de la Diputación Provincial de Alicante ha acaparado la atención mediática en los últimos días tras desvelarse que lleva acumulados 4.453 días de baja entre 2001 y 2016. Es decir, 12 años y dos meses, de un total de 15 años, sin acudir a su puesto de trabajo como auxiliar de enfermería en el hospital psiquiátrico Doctor Esquerdo, tal y como constata un informe de la propia corporación provincial.

En realidad, este empleado público ha pasado poco más de año y medio efectivo en el tajo durante todo este tiempo, pues a sus ausencias por enfermedad debe sumarse el disfrute de las vacaciones que le corresponden. De hecho, ha ido enlazando bajas y vacaciones, vacaciones y bajas, en una espiral que parece no tener fin. Una situación rocambolesca que, sin embargo, es completamente legal. “Sí, es legal, aunque ética y moralmente pueda no parecerlo”, ha admitido este jueves en una comparecencia ante la prensa el diputado provincial de Personal, Alejandro Morant (PP).

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“Lo hemos intentado todo desde el punto de vista legal”, afirma el responsable político. “Llegamos a abrirle un expediente disciplinario y otro para retraerle los haberes cobrados”. Pero el auxiliar sanitario ha ganado todas las batallas, incluida una demanda en un juzgado de lo Social, tras demostrar que el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) no le había notificado correctamente tras una de las bajas que debía volver al trabajo.

El funcionario refiere una patología —que no se ha hecho pública por su carácter confidencial, al amparo de la Ley de Protección de Datos— que le impide desarrollar sus funciones. Sus médicos de cabecera han ido firmando las bajas laborales sin reparos. En siete ocasiones las bajas tuvieron un año de duración, y tres de ellas se alargaron hasta el año y medio.

Una vez superado ese límite, el máximo legal permitido, el trabajador era examinado por un tribunal médico del INSS, que le acababa declarando apto para el desempeño de sus tareas. La entidad dependiente del Ministerio de Trabajo le ha denegado en tres ocasiones la incapacidad laboral permanente. Mientras tanto, la corporación provincial sigue pagándole íntegramente su salario mensual de 1.500 euros.

Los propios servicios médicos de la Diputación alicantina llevan dos años y medio diciendo que no es apto para el trabajo. “Hemos puesto de manifiesto esta situación ante la Dirección de Ordenación del Instituto Nacional de la Seguridad Social, pero nos han aconsejado que acudamos a la vía contencioso-administrativa si no estamos de acuerdo con su dictamen. Eso es lo que están estudiando ahora nuestros servicios jurídicos porque es la única salida que nos queda”, ha asegurado Morant. La institución provincial ha pasado así de expedientar al funcionario a ponerse de su parte para que se logre la declaración de incapacidad laboral permanente.

El diputado provincial atribuye el conflicto a un “vacío legal” provocado por un cambio normativo que se remonta a 1993. Un decreto que transfirió a los empleados de las corporaciones locales, Ayuntamientos y Diputaciones, al Régimen General de la Seguridad Social, pero que dejó en manos de dichas administraciones el pago de las bajas laborales.

“La inspección médica depende de la Generalitat, el INSS del Estado y la Diputación está en medio. En otras ocasiones podríamos haber planteado ir contra la valoración del INSS, pero no teníamos argumentos jurídicos porque la inspección médica era negativa”, ha precisado hoy el también vicepresidente de la Diputación.

Morant está convencido de que el auxiliar sufre una patología que le impide atender como es debido a los internos del psiquiátrico, una labor difícil que requiere estar en plenitud de condiciones tanto físicas como mentales. “Así nos lo dicen nuestros servicios médicos y vamos a defender esa postura”.

La Diputación comenzó a hacer un seguimiento más preciso del absentista en 2010. En los dos años siguientes, pidió a la inspección sanitaria que revisara las certificaciones de baja expedidas por los médicos de cabecera. Ahora, en cambio, la estrategia de la corporación pasa por alinearse con el trabajador, en contra de la Seguridad Social.

Los grupos de la oposición (PSPV-PSOE y Compromís) guardan silencio tras haber criticado días atrás la vigilancia que ejerce el equipo de gobierno del PP sobre la plantilla. Morant defiende a los trabajadores de la institución, entre los que el grado de absentismo ronda solo el 5%. “Este es un caso puntual que no debe extrapolarse a todo un colectivo”, precisa. El auxiliar sanitario está actualmente de alta, pero tampoco trabaja. Tiene permiso para acudir únicamente media hora a la semana a pasar consulta en un departamento de salud laboral.