Zoido desvela que el despliegue de Cataluña el 1 de octubre costó 87 millones

El ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, ha defendido este jueves en el Senado la actuación de las Fuerzas de Seguridad del Estado en Cataluña el pasado 1 de octubre para impedir la celebración del referéndum independentista ilegal. Zoido, que ha comparecido en la Comisión de Seguridad a petición propia y también requerido por el Grupo Socialista y el Grupo Mixto, ha justificado la actuación de las Fuerzas de Seguridad del Estado en la “absoluta pasividad y poca colaboración” de los Mossos d’Esquadra y el incumplimiento de la ley por parte del Govern, que “soliviantó a la calle”. "En ningún caso la actuación policial tuvo como objetivo a los votantes ni a los ciudadanos que se encontraban en la zona. Quiero ser muy claro: yo no digo que todos los que se encontraban en los colegios eran radicales, había muchos ciudadanos pacíficos, pero sí digo que entre esas personas pacificas se infiltraron muchos radicales que estaban perfectamente organizados", ha afirmado.

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Zoido ha asegurado que la acción policial se produjo en "un contexto de resistencia pasiva perfectamente organizada y coordinada". Quienes orquestaron la movilización, ha apuntado luego en su turno de réplica, "sabían que los cuerpos de seguridad del Estado tenían obligación de impedirlo, que se iba a producir un enfrentamiento físico". "Lamento como el que más, se lo puedo asegurar, que haya habido heridos, pero sin duda los responsable son aquellos que con un comportamiento irresponsable e ilegal generaron un clima de desobediencia", acusó. "La actuación fue legítima, profesional y proporcional". El ministro ha admitido de forma genérica que "los hechos son lamentables, y nunca debieron producirse, pero los cuerpos de seguridad no pueden eludir su responsabilidad y tenían que actuar cuando las circunstancias lo requerían, y ese día fue absolutamente necesario". Los cuerpos policiales cerraron 113 centros de votación y casi un centenar no llegaron a abrir ante la presencia de los agentes. Subrayó que solo hubo "problemas" en 11 centros de votación, y en otros 54 se empleó la fuerza para retirar manifestantes.

El dato más novedoso aportado en la comparecencia ha sido el coste del despliegue de las Fuerzas de Seguridad del Estado, hasta ahora desconocido. Según ha revelado Zoido, costó 87 millones de euros entre gastos de alojamiento, manutención, desplazamiento y dietas. “Es una cantidad muy importante que tenemos que pagar todos los españoles debido a la responsabilidad y obstinación del Gobierno independentista”. La operación tuvo una media de 4.500 agentes, "que ascendieron a 6.000 los días 30 de septiembre y 1 y 2 de octubre”. También apuntó que el coste de los destrozos en los coches policiales durante los registros de distintas sedes de la Generalitat el 20 de septiembre ascendió a 135.000 euros. Zoido se ha detenido igualmente en el relato de esos incidentes: “Cómo sería la situación que la secretaria judicial se vio obligada a salir de forma clandestina por la azotea del edificio, algo que los agentes se negaron a hacer alegando que saldrían por la misma puerta por la que entraron, cosa que hicieron a las siete de la mañana. ¿Alguien puede pensar que el comportamiento que allí había, en la sede de Economía, era una concentración pacífica?

Zoido ha sido duro con la policía catalana, a la que acusó de "inacción", pese a que había participado en todas las reuniones previas y "en todo momento manifestó haber preparado un amplio dispositivo para ello". "En cada una de las reuniones de coordinación el mayor de los Mossos hizo entrega de voluminosas carpetas" que contenían información sobre las actuaciones "con las que supuestamente estaba dando cumplimiento al mandato de la Fiscalía". Finalmente, los Mossos intervinieron en 99 locales de votación, "sin embargo se trata en su gran mayoría de localidades pequeñas, con uno o dos centros de votación". Ha dado un dato pare resumir que "al menos en número de agentes no fueron diligentes": el día del referéndum ilegal, "un día tranquilo", ironizó, se movilizaron 7.850 mossos, y el día de las elecciones del 21 de diciembre -"un día de alta tensión", volvió a decir con sarcasmo- fueron 11.565. Sobre los resultados del referéndum ilegal, el ministro aseguró que en 149 de los 948 municipios catalanes hubo más votantes más que personas censadas. Ha reconocido que aún no se sabe "a ciencia exacta" cómo llegaron las urnas a algunos centros de votación.

En su réplica, Zoido ha sostenido que el uso de pelotas de goma se produjo "exclusivamente en un solo colegio y fue para salir de aquel lugar sin ser arrollados por el tumulto que se les venía encima". Añadió que en la persona que sufrió lesiones en un ojo, según muestran imágenes en poder de Interior, "arroja una valla contra los furgones policiales". "Lamento el incidente", ha dicho sobre este caso. Sobre la cifra de heridos ofrecida por la Generalitat, un total de 1.066, señaló que el 82,5% eran contusiones o policontusiones y solo cinco graves, un 0,5%. Y se quejó: "Contamos como agresiones hasta las ansiedades por ver las imágenes en televisión, se mezclaron heridos con atendidos". En los cuerpos policiales se registraron 11 heridos, y todos menos uno tuvieron que cogerse la baja, y 431 contusionados.

El ministro de Interior también ha cargado contra quienes "han querido utilizar" la intervención policial del 1 de octubre "manipulando información, incluso con imágenes falsas". Citó el caso de "una mujer con los dedos rotos uno a uno cuando se demostró que solo tenía inflamado uno de ellos" y la imagen de "un niño herido en carga policial en la huelga general europea de 2012". "Imaginen qué mentiras nos habrán podido decir en las redes sociales", lamentó. En la misma línea ha censurado "el uso de menores" en la ocupación de los colegios que fueron usados como centro de votación.

En el turno de la oposición, el portavoz del PDeCAT, Josep Lluís Cleries, le ha recordado que hubo "más de mil heridos" y le ha recriminado que "eche toda la culpa" a los Mossos. El de ERC, Xavier Castellana, ha acusado al Gobierno de "aplicar el testamento político de Franco para mantener la unidad de España". Ambos, como el representante de EH Bildu, Jon Iñarritu, han esgrimido portadas y titulares de medios de comunicación internacionales que criticaron las cargas policiales del 1 de octubre. Uno de los más citados ha sido uno de la CNN: "La vergüenza de Europa". También han preguntado a Zoido por el uso de las balas de goma y de espray irritante, y por qué cesaron las actuaciones policiales por la tarde, si en teoría se debía cumplir la orden judicial del Tribunal Superior de Justicia. Del mismo modo, han recordado la frase de "A por ellos" coreada por personas que despedían a unidades de la Guardia Civil que partían hacia Cataluña.

Por su parte, el portavoz del PSOE, Francisco González Cabaña, ha sido crítico con la gestión del Gobierno: “Faltó previsión y sobró improvisación”. Los socialistas han subrayado que no cuestionan el operativo policial, sino las órdenes que se emitieron desde el ministerio de Interior. También han reprochado la ineficacia a la hora de localizar las urnas, “en la creencia de que la rueda de la fortuna les iba a sonreír”. El representante de Unidos Podemos, Joan Comorera, echó en cara a Zoido no haber realizado "ninguna autocrítica" y que el PP haya impedido la comisión de investigación sobre la actuación policial solicitada por su grupo.

En su réplica, el ministro se refirió a la frase "A por ellos", y respondió: "No me la habrá oído a mí. No respaldo esta expresión. Son actitudes de gente en la calle, que ni siquiera eran representantes de los cuerpos de seguridad". También aseguró que "nadie ordenó" dejar de actuar por la tarde, sino que se estabilizó la situación.

En su comparecencia inicial, antes de explicar las actuaciones del 1 de octubre, Zoido ha realizado un relato previo sobre las decisiones que tomadas el Gobierno catalán “de forma irresponsable y fuera de la ley”, y los cambios en el Parlament aprobando normas “para dar apariencia de legalidad”. El ministro ha recordado que tras un recurso interpuesto por el Gobierno de España se suspendieron los acuerdos del 6 de septiembre y la celebración del referéndum. También se apercibió de las responsabilidades, incluida la penal, en caso de no cumplir el requerimiento. Zoido ha afirmado que la democracia española “ha vivido uno de los momentos más graves” y que “ante este gravísimo desafío de un Gobierno irresponsable había que responder con toda la contundencia del ordenamiento jurídico”. “Lógicamente, dentro de la Constitución. Es la consigna que se le dio a las Fuerzas de Seguridad del Estado. Y así se seguirá haciendo si se vuelven a incumplir los derechos”, ha advertido.

Tras el relato para explicar “desde dónde y para qué han sido desplazadas unas unidades de la Policía Nacional y la Guardia Civil”, el ministro ha dado lectura a las decisiones de los tribunales y la fiscalía, justificando la actuación desarrollada en que “se ignoraron los autos y resoluciones judiciales”. Con todo, ha asegurado, “desde el primer momento se actuó con seriedad y rigor”. “La misión que les fue encomendada fue la de siempre: cumplir y hacer cumplir la Constitución y el Estatuto”, ha añadido.

El ministro ha incidido en que la “limitada eficacia de los Mossos para impedir la votación” del 1 de octubre motivó la actuación de la Policía Nacional y la Guardia Civil a partir de las 9.00. Todo ello, ha subrayado, “presidido por la necesidad de hacer cumplir el mandato del Tribunal Superior de Cataluña y la seguridad de los ciudadanos, evitando cualquier exceso”.