La Guardia Civil introduce un infiltrado en una red internacional de pederastas por WhatsApp

Miles de usuarios de todo el mundo, 19 de ellos detenidos en España, difundían archivos de extrema dureza

Imagen de la operación de la Guardia Civil contra la red de pederastas.VÍDEO: EPV

La Guardia Civil ha utilizado por primera vez la figura del agente virtual encubierto, aprobada en una reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal a finales de 2015, para destapar una red de pederastas integrada por miles de personas en todo el mundo.

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La operación, dirigida por una juez de Orihuela (Alicante), se ha saldado con la detención de 19 personas, dos de ellas menores de edad, en 14 provincias, según ha informado la Guardia Civil este miércoles. Los sospechosos intercambiaban a través de grupos de WhatsApp fotografías y vídeos pornográficos de extrema crudeza protagonizados por niños, incluidos bebés. Algunos de esos archivos mostraban a los menores manteniendo relaciones con animales, según han informado este miércoles, en rueda de prensa, los responsables de la investigación.

El grupo de Delitos Tecnológicos de la Guardia Civil de Alicante comenzó rastrear estos grupos en marzo del pasado año, gracias a la pista facilitada por una mujer que ha sido declarada testigo protegido. La juez autorizó a los investigadores a infiltrarse con una identidad falsa en estos foros para hacerse pasar por un usuario más. Lo hizo a través de un auto, amparándose en la figura del agente virtual encubierto, una especie de infiltrado policial 2.0 que fue incorporada a finales de 2015 a la legislación española para combatir la ciberdelincuencia.

La magistrada había autorizado incluso a los agentes a difundir 12 imágenes pedófilas en los foros que rastreaban, una posibilidad que también contempla ese artículo legal a la que, sin embargo, no fue necesario finalmente recurrir. “Tanto nosotros como la juez hemos sido muy cuidadosos porque la figura de agente virtual encubierto es nueva”, señala uno de los agentes responsables de la operación.

Los grupos de WhatsApp investigados, más de una veintena, eran administrados por ciudadanos residentes en varios de países latinoamericanos, entre ellos Chile, Perú y México, y utilizaban servidores informáticos radicados en Estados Unidos. A estos foros se accedía de dos maneras: bien mediante invitación directa del administrador, bien mediante enlaces de Internet publicados en “grupos cerrados o secretos de Facebook”. Para llegar a esos últimos grupos, los usuarios solían utilizar claves frecuentes en los ambientes pedófilos como “caldo de pollo” o las siglas CP, que aluden a imágenes pornográficas de niñas muy pequeñas.

En cuanto el usuario se descargaba el enlace y clicaba en él, accedía directamente al grupo. Si no compartía y distribuía archivos al cabo del tiempo, podía ser eliminado de la red social, ya que se le consideraba “mirón” u “observador”. La Guardia Civil de Alicante ha examinado multitud de archivos de extrema crudeza. En algunos de ellos podía verse, por ejemplo, a una niña de tres años manteniendo relaciones sexuales con un perro.

Los investigadores ya han trasladado la información recabada a las fuerzas de seguridad de otros países, pues calculan que puede haber más de 2.000 usuarios de estos chats en todo el mundo. De hecho, la red se realimentaba con numerosos grupos de WhatsApp, que redirigían a su vez a otros, en una espiral infinita. El Instituto Armado y la juez tuvieron que fijar un límite temporal a las pesquisas, dada la magnitud del circuito delictivo, y pasar a la fase de explotación del operativo.

Dos menores entre los detenidos

Los agentes de Alicante se centraron en los usuarios españoles y lograron identificar y detener la pasada semana a 19 de ellos, todos hombres y de edades comprendidas entre los 16 y los 51 años. Todos han quedado en libertad provisional, aunque están imputados por delitos de tenencia y distribución de pornografía infantil.

Entre los sospechosos hay dos menores, dos chicos de 16 años que residen en Elche (Alicante) y San Javier (Murcia). Los arrestos y una veintena de registros domiciliarios se produjeron de forma simultánea en catorce provincias de ocho regiones autonómicas (Valencia, Madrid, Cataluña, Castilla-León, Andalucía, Galicia, Canarias y Murcia). La Guardia Civil temía que los sospechosos pudieran eliminar las pruebas, un ingente material informático, entre ordenadores de sobremesa y portátiles, memorias USB o discos duros, que está siendo ahora examinado.

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