Zoido deja en manos de Hacienda la equiparación salarial de los policías

El ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, ha presentado este martes a los sindicatos de la Policía Nacional y a las asociaciones de la Guardia Civil un documento que abre la puerta a la reclamada equiparación salarial de los agentes de ambos cuerpos con los integrantes de las policías autonómicas. El texto recoge el compromiso de Zoido a "impulsar" y "solicitar" al Ministerio de Hacienda los fondos necesarios para hacerla posible en los próximos presupuestos generales, pero no incluye la certeza de que será finalmente así. Fuentes sindicales admiten a EL PAÍS sus recelos ante un documento que habla de un "límite" de destinar una partida de hasta 1.500 millones de euros a repartir en tres años como pedían, pero que no cierra la posibilidad de que dicha cantidad sea finalmente inferior. Por ello, aseguran, han rechazado firmarlo por el momento. Desde Interior, sin embargo, se hablaba ya de equiparación "total y absoluta".

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El acuerdo —de poco más de un folio de extensión— está articulado en cinco puntos. En el primero, Zoido se "compromete a impulsar la financiación de la Equiparación Salarial total y completa entre los miembros de la Policía Nacional, que desarrollan su actividad policial en el conjunto de España, y los del Cuerpo de los Mossos de Escuadra (sic) que hacen lo propio en la Comunidad Autónoma de Cataluña". En el segundo, el ministro admite que existe "la dificultad para fijar, puesto a puesto, esa equiparación" y añade que solicitará "el incremento de las partidas presupuestarias" para lograrlo con el "límte" de los 1.500 millones. En el tercero, fija el plazo de "de los tres próximos ejercicios presupuestarios" para ello y que dichos incrementos serán "a razón de un tercio de la cantidad resultante de la negociación".

El punto cuarto del acuerdo es el que ha levantado más recelos entre los policías, según reconocen fuentes sindicales. Con el mismo, Interior pretende que los sindicatos asuman la propuesta de eliminar "cualquier derecho de carácter sociolaboral que no tengan reconocido los agentes del Cuerpo de los Mossos de Escuadra (sic) por aquellos que estos últimos tengan reconocidos para, de esta forma, culminar el proceso de equiparación entre ambos cuerpos. En caso de no resultar posible dicha supresión o requerir un determinado plazo temporal -continúa el documento-, las cantidades destinadas a financiar tales derechos se restarán de la cantidad descrita en el punto tercero".

Para los sindicatos, este punto abre la puerta a la pérdida por parte de los policías y guardias civiles de derechos adquiridos como la llamada "segundad actividad" —una prejubilación anticipada— y los complementos salariales que reciben los agentes por la carestía de la vida de determinados destinos como Madrid, Cataluña y el País Vasco. En el comunicado que hicieron público tras la reunión, los sindicatos de policía ya han alertado de que no van a permitir "recorte alguno en otros derechos laborales, como contrapartida".

Pese a estos recelos, desde Interior se lanzaba este martes un mensaje triunfalista de la reunión y se hablaba de "un día histórico para el Ministerio, para su ministro, el Gobierno y para todos y cada uno de los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado". El departamento de Zoido incidía en que con la propuesta se daba respuesta a una "reivindicación histórica" y que la medida conseguía hacer realidad "la máxima de a igual trabajo, misma dedicación e idéntica responsabilidad le corresponde el mismo sueldo y mismos derechos laborales". También se mostraban confiados en que "en 2020 un policía nacional o un guardia civil ganará lo mismo que su homólogo de la policía autonómica catalana".

Los sindicatos, sin embargo, no se mostraban tan optimista y, aunque admitían el avance que suponía que el documento recogiera la cifra de los 1.500 millones en tres años que reclamaban, advertían en un comunicado conjunto de que mantendrán una actitud "de máxima vigilancia y seguimiento de este compromiso", ya que son conscientes de que para que se cumpla es necesario que se aprueben los Presupuestos Generales del Estado. De hecho, han decidido mantener la situación de conflicto colectivo y relegar la firma del acuerdo a que concluyan las negociaciones en la "mesa técnica" que se abre ahora entre la Administración y los representantes de los trabajadores para concretar todos los detalles del incremento salarial.