La fiscalía se opone a que Susana Díaz declare como testigo en el juicio de los ERE

La Fiscalía Anticorrupción considera que la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, no debe declarar como testigo en el juicio de los ERE, tal y como solicitó el PP, acusación popular en el proceso. El ministerio público no lo considera necesario, pero sí que estima la comparecencia del vicepresidente andaluz, Manuel Jiménez Barrios y la senadora socialista Mar Moreno. Ahora será el tribunal quien decida si son pertinentes estas tres declaraciones de políticos para aclarar detalles de la investigación, y lo hará durante su periodo de deliberación tras la presentación de cuestiones previas.

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Anticorrupción ha aclarado que no ve necesario la declaración de Díaz como exconsejera de Presidencia y por tanto superior de los servicios jurídicos de la Junta, puesto que ocupaba en 2012 antes de ascender a la presidencia del Ejecutivo autonómico. Para el ministerio público Susana Díaz "no tuvo conocimiento" de los hechos ocurridos entre 2001 y 2010 —vigencia del fondo de los ERE— desde su posición en ese año de 2012. En paralelo, Anticorrupción rechaza que acuda Díaz porque ya se negó a que declararan los letrados de la Junta de Andalucía que la representan, y por tanto su superior nada tendría que añadir para esclarecer los hechos.

Sin embargo, los fiscales sí consideran necesario que declaren la senadora Mar Moreno, apartada del procedimiento por el Tribunal Supremo, y el vicepresidente Manuel Jiménez Barrios, que ya compareció como testigo en el Juzgado de Instrucción 6 de Sevilla durante la instrucción por su papel como alcalde de Chiclana de la Frontera (Cádiz), Ayuntamiento que recibió una ayuda de 25.000 euros.

Las defensas han rechazado la comparecencia de los tres políticos socialistas. "Ningún abogado ha pretendido politizar la causa. No hemos llamado a Javier Arenas como ministro, que conoce del ERE de la Faja Pirítica, ni Eduardo Zaplana  como ministro, ni Juan Ignacio Zoido como ex delegado del Gobierno ni Antonio Sanz, que también ejercitó la acusación desde el Partido Popular. Es una contaminación política proponiendo altos cargos incluido la presidenta", se ha quejado el letrado Víctor Moreno Catena, que representa a la exconsejera Carmen Martínez Aguayo.

El abogado del PP, Luis García Navarro, defendió que Susana Díaz declare como testigo, “máxime cuando el principal perjudicado es la Junta de Andalucía”. Sin embargo, el magistrado Juan Antonio Calle ha interrumpido su intervención cuando iba a argumentar los motivos por los que consideraba que no estaba "politizando" el juicio pese a su intención de incluir a Díaz y Jiménez Barrios entre los 112 testigos previstos.

En paralelo, Anticorrupción ha rechazado el delito de asociación ilícita planteado por el PP y que supondría dos años de cárcel para cada acusado. La fiscalía acusa a la excúpula de la Junta de malversación y prevaricación, pero el delito de asociación ilícita solo ha sido planteado por los populares. Para la fiscalía, "no se desprende con claridad" hechos que permitan atribuir a los acusados un delito de asociación ilícita más allá de su pertenencia al "organigrama" del Gobierno andaluz.

Entre las cuestiones previas destaca un asunto de gran calado, la delimitación del objeto que se juzga que pidió la Fiscalía Anticorrupción. Es decir, decidir si en este procedimiento solo se juzga el diseño del fondo de los ERE o también la totalidad de las 250 ayudas que incluye el fondo de los ERE. Las defensas se opusieron en tromba a dicha petición, que han tildado de "dislate procesal inabarcable" y "extravagante" debido a que habitualmente el objeto de lo juzgado queda delimitado al finalizar la instrucción y no en el acto del juicio.

Esta petición se debe a que tras el criterio de la Sección Séptima de la Audiencia de Sevilla, diversos ex altos cargos de la Junta están siendo apartados de las instrucciones de las piezas separadas, ya que los magistrados fijaron que cada cargo solo puede afrontar un juicio, porque de otra manera se juzgarían dos veces los mismos hechos. Una patata caliente que Anticorrupción pretende pasar a la Sección Primera a pesar del pronunciamiento inicial de la Sección Séptima, que supuso una victoria rotunda de las defensas sobre las tesis de la fiscalía y el PP.

Tras las cuestiones previas planteadas por las acusaciones y las defensas en las seis sesiones inidicales, ahora el tribunal deliberará durante un mes para decidir cuáles acepta y rechaza, y la vista se retomará el 12 de febrero. Al ritmo actual, la previsión es que el juicio se alargue hasta finales de año.