La ambición enterró la carrera de El Mulo como lanchero de coca

Con 60 años, el piloto de planeadoras Rafael Bugallo, apodado El Mulo por su corpulencia física, llevaba más de media vida trabajando a destajo para los capos, primero del tabaco, y luego del hachís y la cocaína, a cambio de una comisión en dinero o mercancía. Acostumbrado a esquivar a la muerte y la policía, este curtido marinero se convirtió en una leyenda cuando a golpe de redadas empezaron a entrar en la cárcel los grandes jefes del narcotráfico y se desmoronaban sus organizaciones, mientras El Mulo lograba salir indemne.

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En la localidad de Cambados (Pontevedra), donde siempre residió, creo su propia escuela de transportistas, uno de los grupos más demandados que contaba con expertos mecánicos de motores, técnicos en comunicaciones y todo lo necesario para el pertrecho de las lanchas que tenían que navegar varios días hasta alcanzar a mitad del Atlántico el barco nodriza y luego descargarlo en alguna cala de las Rías Baixas. Para este viaje se necesita mucha preparación y destreza, una profesión peligrosa que se cobró muchas vidas en huidas y persecuciones de la policía. Pero en 2008, cuando el narcotráfico estaba en plena ebullición después de una temporada de tregua por los efectos de continuas operaciones antidroga, El Mulo y su gente cometieron un error, creyendo que la policía no controlaba sus movimientos mientras preparaban una descarga de 3,6 toneladas de cocaína, que en aquellos momentos se pagaba en primera venta a 32.000 el kilo.

El fallo en las comunicaciones entre los lancheros hizo fracasar el desembarco y aunque intentaron salvar el alijo fondeándolo en la ría de Vigo y destruir las pruebas quemando la planeadora en la playa de A Lanzada (O Grove), la policía y Aduanas acabaron implicando a El Mulo. Ahora, diez años después de aquel episodio, Bugallo acaba de ser condenado a 8 años y seis meses de prisión y a pagar una multa 256 millones de euros. Diez de sus colaboradores también fueron condenados.

Casi un año antes, la policía presentaba un atestado en un juzgado para solicitar el pinchazo de los teléfonos móviles de El Mulo y sus hombres, basándose en informaciones de confidentes: “A la vista del atestado presentado por la Udyco Pontevedra, se expone una información confidencial recabada de varias fuentes que, en resumen, pone de manifiesto que los sospechosos constituyen una organización dedicada a la recepción en el mar y desembarco por la costa gallega, por medio de lanchas rápidas, de cocaína en cantidad notoria, para su ocultación y posterior distribución. Igualmente, dicha información apunta que en una nave situada en Meis estarían ocultando una embarcación dotada de potentes motores destinada a tal ilícita actividad, así como, posiblemente, la droga que transporten e introduzcan”.

Añadía el atestado que se aportó como prueba en el juicio que “la misma fuente señala que la organización investigada se encuentra desde hace unos meses preparando una operación para la recepción, desembarco y ocultación de un alijo de entre tres y cuatro mil kilogramos de cocaína, para lo cual ha estado efectuando gestiones para la localización de un barco que se encargara de recoger el alijo desde la embarcación nodriza para acercarla a la lancha de propulsión rápida encargada de su desembarco, habiéndolo logrado”.

También apuntaba la policía “que en el marco de esas gestiones, tras las vigilancias y seguimientos llevados a cabo por los funcionarios identificados en el atestado, se han podido constatar que son frecuentes las citas que mantienen los sospechosos, reuniones rodeadas de una serie de cautelas destinadas a evitar su detección”. Y concluye los investigadores que “a mayor abundamiento, no hay constancia de vínculo laboral, profesional ni de otro tipo que justifique las reuniones mantenidas en la nave industrial, lo cual unido a los lugares donde las mismas se han desarrollado, así como a las cautelas adoptadas por los investigados, corrobora que su objeto no es sino la negociación y los preparativos para el porte de la droga”.

Mientras esta causa avanzaba en el juzgado para implicar a El Mulo y su grupo, Bugallo, con otras 17 personas, organizó otra descarga de 1.200 kilos de cocaína que fue abortada en enero de 2015 y por la que desde entonces se encuentra en prisión a la espera del juicio y otra eventual condena de 24 años. Durante los registros de su chalé para localizar a El Mulo, que apareció horas después escondido en un zulo detrás del armario de su dormitorio, la policía encontró un documento en el que detallaba pormenores de la descarga anterior, implicando, incluso al dueño de la droga que no llegó a ser acusado. Este papel manuscrito fue una prueba de cargo contra Bugallo para condenarle.