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Puigdemont, presidente del 155

El principal indicio de la reiteración es la huida de medio gobierno catalán a Bruselas

Carles Puigdemont y Oriol Junqueras, en el Parlamento catalán, en una imagen de archivo.
Carles Puigdemont y Oriol Junqueras, en el Parlamento catalán, en una imagen de archivo.

Oriol Junqueras sigue en la cárcel porque el fiscal teme que persista en la comisión de los delitos que se le imputan en la causa abierta en el Tribunal Supremo. El abanico de los delitos tipificados cuya reiteración quiere evitar el fiscal va desde la rebelión hasta la malversación de fondos públicos, pasando por la desobediencia y la sedición.

Los hechos presuntamente delictivos que le imputan, en forma de autoría colectiva, consisten en la “ejecución de un plan”, mediante la aprobación de normas y resoluciones en desobediencia del Tribunal Constitucional, que conducían a la celebración de un “referéndum declarado fuera de la Constitución y de la ley”, la proclamación de los resultados y la declaración de la independencia de Cataluña. Estos hechos constituyen, según el tribunal, un caso de alzamiento “contra el Estado español, contra la Constitución, contra el Estatuto de autonomía de esta comunidad y contra el resto del ordenamiento jurídico”.

Pese a su gravedad, señalada por el tribunal, el levantamiento de la prisión provisional no implicaría un peligro de ocultación de pruebas, que no sería posible ni siquiera si hubiera voluntad de efectuarla, ni tampoco el riesgo de fuga, por cuanto el imputado se presentó cuando fue convocado, no siguió el ejemplo de otros miembros de su Gobierno que huyeron a Bruselas, y además se ha presentado a las elecciones y ha obtenido un escaño con la voluntad de ejercer sus derechos políticos en la nueva legislatura del Parlamento catalán. De forma que el único criterio para retenerle en la cárcel es el peligro de reiteración, es decir, que Junqueras siguiera empeñado en repetir una actuación ilegal como la que presuntamente ya protagonizó.

Respecto a la malversación, el delito más consistente de los que se le imputan, es difícil que persista en cometerla, por cuanto no tiene ya en sus manos los instrumentos que lo permitirían, como era las competencias y atribuciones que le facilitaban la vicepresidencia y la consejería de Economía. Solo si recuperara el poder que ya no tiene tendría sentido la especulación sobre la reiteración en la malversación. La desobediencia que se le imputa, respecto a resoluciones del Tribunal Constitucional, tampoco tiene visos de reiteración, por cuanto precisa también la integración en un Gobierno que se proponga tomar resoluciones impugnables ante el Constitucional y luego desobedecer las conminaciones del alto tribunal.

Respecto a los delitos de sedición y de rebelión, la discusión es previa y versa sobre la propia tipificación de la conducta de Junqueras en términos de un levantamiento sedicioso o tumultuario o, lo que es todavía de probación más compleja, de un levantamiento violento, que es lo que constituye la rebelión. Hay dudas razonables, por parte de juristas de todo bordo, respecto a la adecuación de ambas figuras delictivas. Las hay incluso respecto al grado: admiten que acaso pudiera haber rebelión en grado de tentativa.

En cuanto a su reiteración delictiva, el elemento más determinante, que no recoge el auto del Supremo, es que existan condiciones objetivas, mucho más que la declaración de buenas intenciones del presunto delincuente. Si no hay condiciones para que prosigan la rebelión o la sedición, circunstancias que pudieron darse entre el 6 de septiembre y el 27 de octubre, mal puede considerarse que Junqueras pueda intentar de nuevo algo que de otra parte es discutible que hubiera intentado o que, en caso de que lo hubiera hecho, pudiera conseguir ahora, después de que fuera evidente que no consiguió entonces, como fue declarar una república catalana que se demostró nula y nonata.

Hay, en todo caso, una única circunstancia que contribuye a que la fiscalía tema la reiteración en el delito, y esta es que una parte del gobierno, nada menos que su presidente, Carles Puigdemont, y cuatro consejeros más, se hallan en fuga de la justicia en el extranjero, en actitud de abierta rebeldía y contestación de la legalidad constitucional española, reivindicando los títulos de gobernantes legítimos en las conferencias de prensa y comunicados, e incluso con gestos y frases de los que se desprende que podrían pretender una continuidad institucional ‘en el exilio’ de su república ilegalmente constituida. Más voluntad de reiteración y más explícita, imposible.

Cierto es que Junqueras se ha enfrentado directamente en las urnas con Puigdemont en una candidatura diferenciada, pero también lo es que el consejero destituido y huido Toni Comín ha sido elegido diputado en la lista de Esquerra y su partido sigue reivindicando a Puigdemont como presidente legítimo. El principal indicio de reiteración delictiva, por tanto, se llama Carles Puigdemont. Si el expresidente se hubiera presentado a la citación de la justicia para responder de los presuntos delitos vinculados a la declaración unilateral de independencia, se habrían caído buena parte de los argumentos para sustentar la severidad de la prisión incondicional dictada contra los miembros del gobierno que decidieron obedecer a los tribunales.

Puigdemont es el auténtico presidente del 155. Tuvo en su mano y quiso que se aplicara dicho artículo de la Constitución y ahora quiere que siga vigente, obstaculizando la formación de un Gobierno que dé estabilidad al Parlamento de Cataluña. Sabía perfectamente que el Gobierno de Rajoy no podía dejar sin respuesta su declaración unilateral de independencia y el 155 en la modalidad escogida era la menor de ellas. Con su huida consiguió neutralizar la actitud obediente a la legalidad de Junqueras y de los otros consejeros que acudieron a la convocatoria de la justicia.

Si Junqueras alcanza la presidencia, habrá levantamiento del 155, se recuperará el autogobierno y probablemente se abrirán las puertas al diálogo entre las dos Cataluñas enfrentadas. En cambio, si es Puigdemont quien consigue imponer su criterio rupturista, prorrogando absurdamente el ya difunto proceso independentista, seguirá el deterioro del autogobierno, la división entre catalanes y la incertidumbre política y económica.

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