El Gobierno rehúsa tomar medidas para proteger a España de injerencias

A pesar de que las redes de injerencia rusas lograron en 2017 su objetivo de aprovechar la crisis catalana para trasladar una imagen negativa de España ante sus socios internacionales, el Gobierno y el Congreso no han tomado las medidas necesarias para remediar la vulnerabilidad en que queda el Estado, especialmente ante elecciones generales o un referéndum de reforma constitucional. El presupuesto de la Comisión Europea para proteger de injerencias a los países de la Unión es muy limitado y España no ha solicitado la cobertura del centro de análisis estratégico de la OTAN contra la desinformación. El resultado es que España queda desprotegida, dada la constante intromisión no sólo de medios y organizaciones rusas, sino también del entorno chavista.

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Las redes rusas efectuaron entre septiembre y octubre un ataque en redes sociales a España con la intención de agravar la crisis catalana y avivar la división por medio de noticias falsas o exageradas, amplificadas con el uso de cuentas automatizadas, conocidas como bots. Su objetivo principal en aquellas fechas era darle a los independentistas la impresión de que su pulso contra España era realista y tenía un apoyo internacional del que en realidad carecían. También retrataron a España como un Estado autoritario y en descomposición, una forma de dañar la imagen de este país y de la UE en todo el mundo.

Un análisis de EL PAÍS y la Universidad de George Washington escrutó cinco millones de mensajes en Twitter sobre la crisis catalana, llegando a la conclusión de que hubo 4.800 bots en la órbita rusa programado constantemente informaciones falsas o manipuladas con titulares como “Kosovo llevó a Cataluña”, “Cataluña tendrá un efecto dominó y habrá 45 nuevos países en Europa” o “Doce países apoyan la independencia de Cataluña”.

Ante esta agresión, la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría anunció el pasado día 13 la creación en 2018 de un Centro de Operaciones de Seguridad (COS) para proteger las redes informáticas de la Administración pública ante ciberataques. Su función será vigilar el ciberespacio 24 horas al día siete días a la semana, como hacen los controladores aéreos, según explicó Luis Jiménez, subdirector del Centro Criptológico Nacional (CCN), el organismo del servicio secreto CNI que hasta ahora cumplía esta función.

La creación del COS completa una maraña de centros, algunos con competencias solapadas, que incluye también al CERTSI (Equipo de Respuesta de Emergencias Cibernéticas de Seguridad e Industria), competente en la protección de las redes de ciudadanos, empresas e infraestructuras críticas (electricidad, energía, transporte, etc) y dependiente de los Ministerios de Agenda Digital e Interior; y el Mando de Ciberdefensa, responsable de proteger las redes de las Fuerzas Armadas.

Ninguno de ellos se ocupa, sin embargo, de combatir la difusión de noticias falsas en las redes sociales a pesar de que estas, cuando tienen como objetivo la desestabilización, “pueden representar una amenaza para la seguridad de los estados”, según una proposición no de ley (PNL) presentada por el Grupo Popular en el Congreso el pasado día 18.

La ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, anunció a principios de mes que propondría al Congreso la creación de un “grupo de trabajo” con parlamentarios y editores de los principales medios de comunicación para analizar lo que denominó “guerra de la información” y proponer medidas para atajarla.

Sorprendentemente, esta idea no figura en la PNL de su partido. Lo que propone el PP es elaborar métodos para identificar y “sellar” las falsas noticias (no explica si se trata de eliminarlas o etiquetarlas); atribuir a los “servicios encargados de la seguridad pública” (se supone que fuerzas de seguridad y servicios de inteligencia) “sistemas de vigilancia, monitorización, mitigación y respuesta ante acciones extranjeras” desestabilizadoras; promover un acuerdo internacional contra la desinformación como amenaza global a los sistemas democráticos; y “reforzar la comunicación estratégica” para hacer frente a campañas de actores hostiles contra países de la UE.

La ambición y ambigüedad de la propuesta del PP contrasta con la tímida respuesta ante la injerencia rusa en la crisis catalana. El Gobierno abordó la cuestión en la Comisión de Secretos Oficiales y juramentó a los diputados de la misma a que guardaran mutismo absoluto por temor a que la filtración de que sus datos apuntan a la autoría de Moscú pudiese molestar al Kremlin y provocar un incidente diplomático.

A nivel internacional, dos son los organismos que pueden amparar a España ante posibles injerencias. Por un lado, la Unión Europea y por otro la OTAN. La alta representante para la Política Exterior de la Unión Europea, Federica Mogherini, anunció recientemente que en 2018 dedicará 1,1 millones a combatir la desinformación y las injerencias extracomunitarias. De su departamento depende un grupo de especialistas, el East Stratcom Task Force, que sigue las redes sociales a la búsqueda de bulos que tengan como finalidad la desestabilización política. Hasta ahora ese departamento no tenía un presupuesto espécífico, a pesar de las peticiones de diversos europarlamentarios preocupados por la injerencia rusa.

Respecto a la OTAN, existe un Centro de Comunicaciones Estratégicas que presta servicio de defensa digital, pero al que el país en cuestión debe solicitar el ingreso con el pago correspondiente adicional al gasto militar. Ese centro, con un presupuesto total anual de cinco millones de euros, presta servicio no sólo a las repúblicas bálticas y los países nórdicos, más expuestos a la agresión rusa, sino también a Francia, Italia, Reino Unido y Alemania. España no participa, por lo que entre sus empleados no hay nadie que se dedique a seguir al detalle las informaciones publicadas por el entorno de RT y Sputnik en español, y su impacto en redes.

Ambos organismos internacionales manejan cifras que permiten hacerse una idea de la magnitud de la maquinaria de injerencia y desinformación rusa: el Kremlin invierte hasta 1.000 millones de euros anuales en sus medios informativos públicos. RT tiene presencia en 100 países y Sputnik publica noticias en 33 idiomas. El gobierno ruso da mayor impacto a sus bulos y noticias falsas con lo que se conoce como 'granjas de trolls', empresas anónimas que utilizan perfiles falsos y automatizados para dominar los algoritmos de las redes sociales y alcanzar el mayor impacto posible.