Tráfico solo coloca un tercio de los radares prometidos tras el repunte de la siniestralidad

Pese a que ya ha transcurrido un año desde el anuncio del ministro y a que España afronta un auge de la siniestralidad, el Gobierno defiende que la instalación de los radares "continúa a un ritmo adecuado para dar cumplimiento al compromiso", según consta en la respuesta parlamentaria a Miguel Ángel Heredia (PSOE), que acusa al Ejecutivo de "incumplir" su palabra. "Interior ha vuelto a faltar a la verdad", destaca el socialista.

"Zoido anunció un nuevo plan de Tráfico para acabar con la mortalidad en las carreteras españolas, cuya medida estrella era instalar este año 60 nuevos radares", continúa el diputado sobre una promesa del ministro que llegó en enero de 2017, durante una comparecencia en la Comisión de Seguridad Vial del Congreso, apenas un mes después de que la DGT difundiese la cifra de que 1.161 personas habían perdido la vida en accidentes ocurridos en 2016 en vías interurbanas durante las 24 horas posteriores al siniestro.

Ese dato suponía el primer ascenso de víctimas en 13 años. "Pero no estamos aquí para buscar justificaciones, sino para encontrar soluciones", argumentó Zoido en el Parlamento, antes de lanzarse a anunciar 15 propuestas para frenar este incremento. "Algunas de las cuales ya se empezaron a aplicar [a finales de 2016 y principios de 2017], lo que ha permitido disminuir el ritmo de crecimiento del número de víctimas", añadió.

El Gobierno consideró entonces prioritaria la colocación de estos nuevos 60 radares en zonas con elevados índices de accidentalidad causado por el exceso de velocidad. Pero, de ellos, solo se han instalado 18. "Este nuevo incumplimiento coincide con un alarmante dato: en 2017 han vuelto a crecer el número de muertos en siniestros de tráfico. Por segundo año consecutivo", subraya Heredia.

Según los datos provisionales de la DGT hasta el pasado 19 de diciembre, 1.1.69 personas se han dejado la vida en las carreteras españolas en 2017. Esa cifra supone 40 fallecidos más que en el mismo periodo del año anterior. Pero, además, implica que se supera ya el total de 2016, cuando se registraron 1.161 víctimas en todo el ejercicio. "Empiezan a urgir decisiones trascendentes en seguridad vial, como la reducción de la velocidad a 30 kilómetros por horas en vías de un sentido en ciudad y generalizar el límite de 90 kilómetros por hora en las carreteras convencionales", señala Ramón Ledesma, asesor de PONS Seguridad Vial y exsubdirector de Normativa de la DGT.

Cambio de tendencia

España afronta un cambio de tendencia. Tras reducir en un 50% el número de fallecidos en accidentes entre 2004 y 2012 —gracias, en gran medida, a la implantación en 2006 del carné por puntos impulsada por Pere Navarro—, los colectivos del sector empezaron a denunciar hace un lustro que la llegada del PP al Gobierno había supuesto la parálisis de las medidas para combatir la siniestralidad. A eso se une la reducción de las inversiones en carreteras, que cayó a niveles de los años ochenta. Y Tráfico también ha argumentado que la crisis dejó un parque móvil envejecido y que el final de la coyuntura provocó un alza de la movilidad.

"Desde luego, si se mantienen los recortes presupuestarios en la conservación de la red viaria, se puede producir un indeseado repunte de la siniestralidad", advierte el colectivo Automovilistas Europeos Asociados (AEA), que ha elaborado un informe donde señala que el índice de peligrosidad medio de la red de carreteras del Estado no "está mejorando".

María Seguí, la anterior directora general de la DGT y nombrada por el exministro Jorge Fernández Díaz, trató de aprobar un nuevo reglamento de circulación que contemplaba elevar la velocidad a 130 kilómetros por hora en determinados tramos de autovías y autopistas; así como reducir los límites a 90 en todas las carreteras secundarias. Era su gran apuesta para combatir el cambio de tendencia, que el Ejecutivo no reconoció hasta 2014 por primera vez. Pero el Gobierno, a punto de concurrir en ese momento a unas elecciones generales, decidió dejar el proyecto en un cajón.

Ante tal situación, la DGT centró entonces parte de sus esfuerzos en rediseñar su estrategia de radares. Trasladó todos los cinemómetros móviles a las vías secundarias, hizo pública la ubicación de los fijos y difundió el margen a partir del cual saltan para tramitar las multas por exceso de velocidad. Unos aparatos fijos que, según los datos de Interior, han recaudado 70,67 millones de euros este 2017 —entre el 1 de enero y el 21 de noviembre—. Eso supone 217.446 euros al día.