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ANÁLISIS

El 21-D y la vía del nacionalismo vasco

El PNV ha encontrado su propio camino: pragmatismo sin renunciar al soberanismo

Un cartel con la badera independentista catalana en la parte vieja de San Sebastián. Ampliar foto
Un cartel con la badera independentista catalana en la parte vieja de San Sebastián. EL PAÍS

La gran movilización social y la polarización del voto el 21-D recuerda a las elecciones vascas de mayo de 2001 en las que el soberanismo, encabezado por Juan José Ibarretxe, inventor del “derecho a decidir”, se impuso al constitucionalismo por escasa diferencia. Los partidos vascos necesitaron dos legislaturas para superar la confrontación entre bloques, con el fondo dramático del terrorismo. El conflicto en Cataluña sólo se superará cuando los partidos catalanes asuman la pluralidad de su sociedad y nadie se arrogue su representación exclusiva. Esperemos que necesiten menos tiempo que los vascos.

Los partidos vascos —nacionalistas o no— han reafirmado su propia vía no implicándose en la campaña catalana. Así, el viernes, el PP facilitó al Gobierno vasco PNV-PSE la aprobación de los Presupuestos de 2018. Paradójicamente, dos días antes, el PNV cambiaba de pareja y se unía a Bildu frente al PSE, PP y Podemos para introducir el conflictivo “derecho a decidir” en la ponencia de reforma del Estatuto vasco.

El PNV ha encontrado su camino, a diferencia del independentismo catalán, practicando el doble juego del pragmatismo sin olvidar su finalidad soberanista, lo que acarrea conflictos con efectos limitados. Así, el PNV, crítico con Rajoy por no haber encauzado el conflicto catalán políticamente y haberlo judicializado, ha condicionado su apoyo a los Presupuestos de 2018 a la normalización de la política catalana. La revalidación de la mayoría parlamentaria independentista, el fracaso del PP y la judicialización vaticinan una normalización difícil y, consecuentemente, se le complica repetir el apoyo que dio a los Presupuestos de 2017.

El PNV, además, está convencido de que el conflicto catalán sólo puede solucionarse políticamente y quiere estar ahí. Recientemente reiteró su oferta de colaboración que, tiempo atrás, hizo a Artur Mas y a Carles Puigdemont si renunciaban al independentismo unilateral y optaban por negociar con el Gobierno un cambio del modelo de Estado. En este sentido, la introducción del “derecho a decidir” en la ponencia de reforma del Estatuto no parece inocente. Le sirve para “compensar” ante el soberanismo vasco sus acuerdos con partidos constitucionalistas y como instrumento negociador.

El 21-D evidencia que el conflicto catalán necesita un tratamiento político desde el Estado. Pero tiene sus límites. Una negociación sobre el “derecho a decidir”, entendido como derecho a la autodeterminación, no la aceptará el Gobierno central —el que sea— cuando, además, la Unión Europea lo rechaza y divide a la sociedad en dos, como se ve en Cataluña y sucedió en Euskadi con Ibarretxe. El PNV lo sabe. Tampoco existen mimbres en la sociedad vasca para avalarlo. Una reciente encuesta señalaba que el 80% de los vascos consideran “improbable” la celebración de un referéndum pactado, además de la conocida caída del independentismo al 17% y una satisfacción con el Estatuto del 77%. La clave está en que los partidos, catalanes y vascos, asuman la pluralidad de sus sociedades y lleguen a un punto de encuentro. Cataluña lo necesita urgentemente.

 

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