El juez imputa por rebelión a Artur Mas, Marta Rovira y Anna Gabriel

Los seis nuevos investigados en el Tribunal Supremo por el proceso independentista de Cataluña son los únicos miembros que quedaban por imputar del comité estratégico definido en el Enfocats, el documento hallado en uno de los registros de la Guardia Civil y que el juez Llarena considera la principal guía del procés.

Hasta ahora, la investigación se había centrado en los principales responsables políticos (miembros del Govern y de la Mesa del Parlament) y civiles (presidentes de ANC y Òmnium Cultural). Con las imputaciones notificadas este viernes, se amplía la responsabilidad a los tres partidos políticos independentistas (PDeCAT, ERC y la CUP, formación que hasta ahora no tenía ningún miembro investigado en la causa) y a la Asociación de Municipios por la Independencia (AMI), a la que están adheridos 787 de los 947 municipios catalanes.

Desde que asumió la causa, Llarena ha insistido en todas sus resoluciones en que el proceso que culminó el pasado 27 de octubre con la declaración de independencia es fruto de un plan concertado a lo largo de los últimos años entre el poder ejecutivo, el parlamentario y el civil. Tras tomar declaración a los primeros investigados y recibir la documentación que ha ido recabando la Guardia Civil y los otros jueces que han investigado el procés (juzgados de Barcelona, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y la Audiencia Nacional), el magistrado del Supremo ha ido ampliando el foco a los siguientes niveles de responsabilidad, empezando por los partidos independentistas y la AMI.

Según detalla el juez en el escrito, ya hay indicios de que los nuevos investigados tuvieron una “participación principal y destacada” en el delito de rebelión, “aportando el apoyo político que precisaron la actuación parlamentaria y la actuación de ejecución que llevaron este proceso a término”.

En su escrito, el juez incluye a los presidentes y portavoces de los grupos parlamentarios de la anterior legislatura y a la presidenta de la AMI en el grupo que lideró la “dirección y coordinación” del procés. Llarena basa sus sospechas no solo en que son miembros del comité estratégico descrito en el documento Enfocats, “sino en otra serie de elementos que pudieran corroborar lo que en este documento se recoge”. Entre estos elementos, el instructor señala su presencia en algunas de las reuniones que supuestamente sirvieron para “idear y pergeñar el proceso de ruptura”, según se recoge en la agenda intervenida en el domicilio de Josep Maria Jové Lladó, número dos de Oriol Junqueras en la Consejería de Economía.

Con las nuevas imputaciones, la lista de responsables del procés implicados en la causa por rebelión que investiga el Supremo asciende a 28, incluidos el expresident Carles Puigdemont y los cuatro exconsejeros fugados con él en Bruselas, sobre los que el alto tribunal mantiene una orden de detención que implicará su arresto si entran en España.

De los 28 investigados, cuatro permanecen en prisión preventiva, incluido el exvicepresidente Junqueras, que está llamado para comparecer el próximo 4 de enero ante la sala que estudiará el recurso que ha presentado su abogado contra la decisión de mantenerle encarcelado. La sala, formada por tres magistrados, escuchará a Junqueras y su abogado y, en principio, resolverá ese mismo día si le mantiene o no en la cárcel. El exvicepresidente ingresó en la prisión de Estremera el pasado 3 de noviembre por orden de la juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela, que entonces estaba a cargo de la investigación a los miembros del Govern. Un mes después, el 4 de diciembre, el juez Llarena rechazó, tras asumir la investigación, dejar en libertad bajo fianza a Junqueras al entender que había riesgo de que reincidiera en el delito de rebelión que se le atribuye.

El instructor del Supremo tampoco accedió a excarcelar al exconsejero del Interior Joaquim Forn y a los líderes de ANC y Òmnium, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart. Estos tres, al contrario que Junqueras, no presentaron recurso de apelación ante la Sala Penal, por lo que esta no revisará su situación. Llarena sí ha accedido, no obstante, a su petición de tomarles declaración sobre los delitos que se les atribuyen, una cita fijada para el 11 de enero.