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Los presidentes autonómicos se coordinan para que Rajoy acelere la financiación

Las posibilidades de que el Gobierno presente un plan de financiación autonómica antes de final de año son escasas

El presidente del Principado de Asturias, con los presidentes de la Xunta de Galicia y de la Junta de Castilla y León.
El presidente del Principado de Asturias, con los presidentes de la Xunta de Galicia y de la Junta de Castilla y León. EFE

Los presidentes autonómicos son conscientes de que el Gobierno tratará de concertar con los partidos políticos, esencialmente PP y PSOE, la financiación autonómica para sacar en el Parlamento la votación de la correspondiente ley orgánica. Pero antes de que eso ocurra, los jefes de gobierno territoriales darán muestras suficientes de que sin su colaboración no habrá pacto. Este es el sentir recogido en la mayoría de los presidentes autonómicos consultados por EL PAÍS, que han emprendido una colaboración. Hace menos de dos semanas se celebró una reunión en Oviedo en la que participaron los presidentes de Asturias, Javier Fernández (PSOE); de Galicia, Alberto Núñez Feijó (PP) y de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, (PP). Estos hicieron partícipes de sus reflexiones al presidente de Aragón y de Castilla-La Mancha, los socialistas Javier Lambán y Emiliano García-Page, respectivamente. De los problemas de todos ellos participa igualmente el presidente de Extremadura, Guillermo Fernández Vara (PSOE).

Esta reunión, como otra anterior que se celebró en Cuenca, a instancias del presidente castellano-manchego, se centró especialmente en la despoblación que sufren algunas comunidades aunque no es este el único problema grave de la dispar España autonómica. De estas reuniones y conversaciones cruzadas se desprenden las diferentes visiones que los presidentes plantearán al Gobierno central, singularmente al ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro.

Unos pondrán el énfasis en que prime la capacidad recaudatoria, al tener más renta, como son los casos de Madrid, Baleares y Cataluña. Otros querrán imponer el criterio de población, defendido por Andalucía y Castilla-La Mancha, ya sea tanto por número como por despoblación y derivado de este se pondrá el énfasis en el coste efectivo del servicio que se presta a los ciudadanos.

Cuadrar la propuesta no será fácil, reconocen en las comunidades autónomas ante la disparidad de situaciones. Se recuerda que Madrid tiene una renta de 32.000 euros por habitante, en contraste con los 16.000 de Extremadura. Si bien más del 80% de los presupuestos se destina a Educación, Sanidad y Servicios Sociales la prestación del servicio resulta mucho más caro en las comunidades con población extensa y diseminada. Por ejemplo, para atender a un mismo número de ciudadanos de la localidad madrileña de Móstoles y de la provincia de Cuenca la segunda requiere más centros de salud que la madrileña: 35 frente a 5.

Aquellas comunidades que recaudan más querrían tener más recursos, muy en la línea de “la ordinalidad” que siempre planteó Cataluña — antes de la crisis secesionista — para no recibir menos de los que ofrecen.

Entre ellas está Madrid, a quienes otras comunidades con menos recursos recuerdan que, además de tener más ingresos fiscales, tiene una potente red de servicios privados, como es en el caso de la enseñanza y de la sanidad, lo que no es habitual en otras comunidades autónomas donde todos los servicios corren a cargo de los presupuestos públicos dado que el sector privado es insignificante.

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