La policía navarra advierte de la “difusión masiva” de imágenes de la supuesta violación de La Manada
Los agentes recuerdan en Twitter que los autores incurren en un delito contra la intimidad
La Policía Foral de Navarra ha advertido sobre una "difusión masiva de fotogramas" de los vídeos sobre la supuesta violación grupal en Sanfermines de 2016, que fue juzgada recientemente en la Sección Segunda de la Audiencia de Navarra. Ante este hecho, la Policía Foral ha recordado a través de las redes sociales que quienes difundan estas imágenes pueden adquirir "responsabilidad penal por un delito contra la intimidad (artículo 197.7 del Código Penal)".
Asistimos a la difusión masiva de fotogramas sb presunta agresión sexual #LaManada. Se recuerda a sus autores y RT que adquieren responsabilidad penal por delito contra la intimidad (art.197.7 CP).
— Policía Foral - Foruzaingoa (@policiaforal_na) December 7, 2017
Estos fotogramas se corresponden con los vídeos que grabaron los cinco acusados —conocidos como La Manada, ya que así se llamaba el grupo de Whatsapp en el que hablaron de los hechos— durante la presunta agresión sexual. Estos vídeos han sido utilizados como prueba tanto por las acusaciones como por las defensas durante el juicio. Los acusados están en prisión a la espera del veredicto.
La fiscalía solicita una pena de 22 años y 10 meses de prisión para cada uno de los acusados y 100.000 euros de indemnización a la víctima por daños morales. El Ministerio fiscal afirmó durante la presentación de su informe de conclusiones que los hechos "se produjeron sin consentimiento y bajo violencia e intimidación", y consideró que "las pruebas son absolutamente contundentes".
La acusación particular pide 24 años y nueve meses de cárcel para cada uno de los acusados y 250.000 euros de indemnización para la víctima. Una de las acusaciones populares, la del Ayuntamiento de Pamplona, mantiene también su petición de 25 años y seis meses de prisión por delitos continuados de agresión sexual, contra la intimidad y robo con violencia. La acusación popular del Gobierno de Navarra también mantiene su petición de 25 años y seis meses de prisión y se adhiere a los argumentos de la fiscalía.
Los abogados de cuatro de los encausados piden la libre absolución, mientras que uno de ellos anunció que pedirá la nulidad del proceso por conculcación de derechos fundamentales.
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