Unidos Podemos afirma que el cese del Govern catalán es inconstitucional

El recurso presentado por Unidos Podemos al Tribunal Constitucional por la aplicación del artículo 155 de la Ley Fundamental en respuesta al procés ilegal y secesionista sostiene que el cese del Govern de Carles Puigdemont y la disolución del Parlament son inconstitucionales. Lo mismo ocurriría con la convocatoria de las elecciones autonómicas del 21 de octubre. "Las medidas autorizadas resultan inadecuadas o desproporcionadas para el alcance de los objetivos constitucionalmente protegidos por el artículo 155", se argumenta en el escrito de 53 páginas al tribunal.

"El 155 permite enviar  instrucciones directas de cumplimiento a las comunidades autónomas e incluso asumir algunas acciones ejecutivas pero seguro que no permite disolver el Parlament ni el Govern de la Generalitat. Eso no es el 155 sino la modificación de facto del Estatut y del autogobierno de Cataluña", ha afirmado Xavier Domènech, candidato de la coalición que integran Catalunya En Comú y la marca catalana de Podemos. ERC y el PDeCAT celebraron la semana pasada la decisión de Unidos Podemos: los partidos independentistas catalanes presentes en el Congreso no disponían de los 50 diputados necesarios para poder presentar el escrito. En Comú Podem y el resto del grupo parlamentario de Unidos Podemos no tenían la posibilidad de pedir la suspensión cautelar del artículo 155.

Domènech, que ha acusado a Mariano Rajoy de hacer un uso "fraudulento" de la ley, ha especificado que han planteado una cuestión de inconstitucionalidad tanto del acuerdo del Senado del pasado 27 de octubre que permitió la aplicación del 155 como de los acuerdos previos del Consejo de Ministros previos a su aprobación en la Cámara Alta. El escrito presentado recoge que el acuerdo del Senado "resulta contrario a este marco constitucional, en la medida en que se adoptó con vulneración del procedimiento constitucionalmente previsto, pues el requerimiento previo del Gobierno, la solicitud de autorización y el acuerdo ahora impugnado no guardan la necesaria coherencia en la identificación del incumplimiento o atentado al interés general ni en la determinación de las medidas de restablecimiento". Además, prosigue el razonamiento, "ni se han respetado las garantías de intervención de las autoridades de la Generalitat en el procedimiento ni se han considerado debidamente sus alegaciones, defraudando así los principios y valores constitucionales protegidos por dicho procedimiento".

"Estamos tan convencidos de su inconstitucionalidad como que Alianza Popular planteó en el debate constituyente una enmienda por la que el 155 permitiera hacer lo que han hecho [ahora]. Y en ese debate constituyente esa enmienda de Alianza Popular esa enmienda fue derrotada. Fue explícita la voluntad del poder constituyente de que el 155 no podía suponer de facto la derogación del derecho a la autonomía", ha esgrimido Domènech.

El documento también rechaza que se declarara de forma unilateral la independencia y que así lo trasladó Puigdemont en sus cartas al Gobierno de España de los días 16 y 19 de octubre tras el requerimiento anterior del día 11. "Se niega la existencia de una declaración de independencia por las instituciones catalanas que constituya un acto de incumplimiento de la Constitución, y se configura la situación resultante de la consulta de 1 de octubre como un mandato político, cuyos efectos en todo caso se han dejado públicamente en suspenso por el propio presidente de la Generalitat", recoge el escrito presentado al Constitucional.